Carlos Ramírez.-
A la memoria de mi querida amiga Fátima
Ibarrola, pilar del periodismo radiofónico
La crisis provocada por la violencia en un restaurante de
la Plaza Artz de Ciudad de México reveló un vacío institucional y legal en la
parte oscura de la soberanía del Estado mexicano: la seguridad nacional, un
tema que comenzó desde 1985 con los primeros cárteles y que los diferentes
gobiernos eludieron por miedos políticos.
La seguridad nacional ha sido una papa caliente para las
élites gobernantes: el ciclo de militares y políticos (1917-1982) asumió la
seguridad nacional como un asunto político de supervivencia de la élite
gobernante, como fue enfocado la agenda de las guerrillas; los tecnócratas
neoliberales (1983-2018) la sacaron sin miramientos de los espacios de gobierno
pese al desafío globalizador del neoliberalismo. Los dos la vieron como un tema
de coerción interna y no como un instrumento de ejercicio defensa de la soberanía.
La seguridad nacional se ha movido en dos vertientes: la
soberanía del Estado como eje de la sobrevivencia de la república y la
seguridad interior como la estabilidad social del desarrollo; la primera
atiende las amenazas externas y la segunda enfatiza la existencia de amenazas
internas, ambas con expresiones de violencia, disputa por el poder y
actividades delincuenciales que afectan al ciudadano.
Paradójicamente, todos los gobiernos posrevolucionarios
populistas y tecnocráticos negaron el uso de las técnicas estadunidenses de la
seguridad nacional, pero las aplicaron sin escrúpulos contra grupos disidentes.
La justificación ha servido a los populistas tecnócratas y ahora neopopulistas:
la aplicación del inciso a, fracción II del artículo 3º Constitucional que
coloca el bienestar por encima de la democracia, argumento que se reproduce
como central en la Ley de Seguridad Nacional del 2005 en su fracción IV del
artículo 3: “la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo
económico, social y político del país y de sus habitantes”.
La gran crisis de la viabilidad republicana hoy en día
radica en que el gobierno no otorga democracia plena, pero tampoco puede
garantizar el bienestar y el desarrollo. Y lo grave es que a las carencias
presupuestales y de modelo de desarrollo del Estado se agrega la perdida de la
soberanía política y económica del Estado sobre zonas territoriales de la
república porque grupos delincuenciales han expropiado partes de la soberanía
del Estado.
Sobre estas circunstancias se asume la necesidad de una
modernización institucional del Estado y del gobierno en materia de seguridad
nacional, seguridad interior y seguridad pública a través de un nuevo marco
jurídico legal. Hasta ahora el gobierno lopezobradorista ha modificado el
centro de inteligencia y ha anunciado un sistema nacional de inteligencia
sumando a instituciones y personal de estados y municipios.
Sin embargo, hace falta una nueva estructura legal
complementaria. Y, cuando menos, tres instancias:
1.- Una ley de seguridad interior, toda vez que se
necesitan elementos para combatir a la delincuencia en zonas del Estado
cooptadas por el crimen organizado y sus complicidades institucionales y para
dotar a las fuerzas armadas de argumentaciones legales para su participación en
apoyo a la seguridad nacional en situación de crisis de seguridad interior.
2.- Una ley de inteligencia para hacer reglamentaria la
Ley de Seguridad Nacional en su parte referida a “la información y la
inteligencia”, título tercero, capítulo I, artículos 29 a 32, sobre todo la
parte del 31 que dice que las instancias de producción de inteligencia “gozarán
de autonomía técnica y podrán hacer uso de cualquier método de recolección de
información”.
3.- Y la restauración del Consejo de Seguridad Nacional
para coordinar las acciones que tengan que ver con la seguridad nacional e
interior, es decir, que pongan en peligro la existencia del Estado y la
estabilidad de la sociedad. Este Consejo ya existía, pero fue desaparecido y
sus funciones fueron fragmentadas en distintas dependencias. La definición,
desarrollo y aplicación de las doctrinas de seguridad nacional y seguridad
interior requieren de un espacio central de toma de decisiones y de
identificación de amenazas. Antes las hacía el CISEN y se supone que ahora el
CNI, pero sin generar políticas de Estado ni involucrar a dependencias de alteo
rango. La característica transnacional del crimen organizado --como se vio en
Plaza Artz-- requiere de un espacio adecuado para su procesamiento.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 anuncia un
Sistema Nacional de Inteligencia --incumplido por Peña Nieto en 2014-- que
debiera por fuerza legal operar dentro del marco jurídico que asuma la Ley de
Seguridad Interior, la Ley de Seguridad Nacional y el Consejo Nacional de
Seguridad. Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana y el CNI han
tijereteado la seguridad nacional, la inteligencia y la seguridad interior.
Si esas leyes nunca se derrotarán a los cárteles
transnacionales que le siguen quitando pedazos de soberanía al Estado.
Política para dummies: La política se sostiene por los
hilos invisibles de la inteligencia y la seguridad nacional.
@carlosramirezh
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