Carlos Ramírez.-
El trasfondo del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
del presidente López Obrador se debe analizar en función contrastante del
Estado salinista neoliberal 1983-2018: el Estado social sólo será posible con
la anulación del Estado autónomo del salinismo.
En una conferencia en 1985, el entonces secretario de
Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, explicó el sentido de
las reformas constitucionales del presidente De la Madrid de enero de 1983:
pasar del Estado populista 1917-1982 al Estado autónomo de las fuerzas
sociales, una doctrina posmarxista de Theda Scokpol con la que Salinas de
Gortari se había encontrado en Harvard en la primera mitad de los ochenta.
El modelo neoliberal salinista con rango constitucional
sacó al Estado de los compromisos sociales, planteó sólo el modelo panista de
solidarismo con los más pobres (no con los sectores sociales no propietarios y
creadores de riqueza vía su fuerza de trabajo) y, sin duda la reforma más
importante, convirtió al Estado en el rector del desarrollo, ya no en la
autoridad máxima, y dándole rango constitucional al sector privado.
Ahora el Estado lopezobradorista, según el PND 2019-2024,
“recuperará su fortaleza como… árbitro de los conflictos, como generador de
políticas públicas coherentes y como articulador de los propósitos nacionales”.
Para el PND el modelo de Estado salinista fusionó el poder político con el
poder económico, privilegiando las utilidades privadas por encima de la lucha
contra la desigualdad social. “El Estado debe responder al interés público y no
a intereses privados”.
El problema del PND lopezobradorista va a ser legal por
varios candados constitucionales y tendrá que pasar por reformas al artículo 25
Constitucional que contiene los cerrojos neoliberales.
El párrafo 2 del 25 dice que “El Estado velará por la
estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero (mandatos del FMI
y dique para uso de gasto público social)” y “el Plan Nacional de Desarrollo y
los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio”.
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Y el cuarto señala que “al desarrollo económico
concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y
el sector privado”. Por tanto, el sector privado tiene rango constitucional y
no es “mafia del poder” ni “minoría rapaz”. Y el Estado no puede confrontarse
otra vez con el sector privado como en los gobiernos de Echeverría y López
Portillo.
Los primeros siete meses de gobierno mostraron que el
Estado administrado por el gobierno tiene dos limitantes constitucionales: la estabilidad
de las finanzas públicas (control del presupuesto para evitar impresión de
dinero para gastar) y el rango constitucional de los empresarios.
Y ahí se localiza el principal obstáculo para el éxito
del PND 2019 y de la estrategia lopezobradorista: gasto social para el Estado
populista sin deuda, sin impuestos y sin impresión de dinero, lo que ha llevado
a jalar la cobija para tapar las necesidades de los sectores conocidos como
ni-nis, aunque a costa de recortar el gasto (por ejemplo, del Instituto de la
Radio) y destapar a otros sectores para reasignar dinero el mismo dinero
disponible.
El propio PND 2019 se amarra a los candados
constitucionales. El primer párrafo de la parte dogmática (la lopezobradorista)
del Plan asume los mandatos legales: “la Constitución ordena al Estado mexicano
velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero”.
Para consolidar el Estado social de gasto para sectores improductivos en su
primer piso, el gobierno lopezobradorista necesitaría de una reforma
constitucional que derogue la reforma delamadridista-salinista de 1983 y
coloque los intereses sociales lopezobradoristas por encima de las obligaciones
de la estabilidad macroeconómica.
En este sentido, la abrogación del modelo neoliberal y la
“construcción de una propuesta posneoliberal” debe de pasar por darle rango
constitucional al Estado social, porque la actual carta magna sólo permite el
Estado neoliberal de la estabilidad macroeconómica a costa del gasto social, el
salario y el PIB, en cumplimiento con los compromisos anuales de México, vía
Cartas de Intención, con el FMI.
Por mandato constitucional del Estado neoliberal
constitucional del proyecto De la Madrid-Salinas de Gortari serán imposibles
las metas sociales del PND 2019. Y el desarrollo social 2019-2024 se basará
sólo en la reasignación del mismo gasto para tapar a unos destapiando a otros,
quedando en una especie de solidarismo panista-salinista.
20 vs. 1. Con suficiente anticipación para evitar
sorpresas, los demócratas dieron su propia kickoff o patada de salida a las
elecciones presidenciales del 2020 con 20 precandidatos y la presencia ausente
de Hillary Clinton. El miércoles debatieron 10 y el jueves otros 10. Por lo
pronto, ninguno trae algo propio y todos fijaron sus espacios vis a vis Donald
Trump, ninguna idea propia, nadie tiene el pulso de lo que ocurre en la
sociedad y todas las propuestas son populistas basadas en salud gratis para
todos y fin de los créditos universitarios.
Política para dummies: La política es la racionalidad de la economía.
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: Estado AMLO vs. Estado CSG y neoliberalismo constitucional){kind=link}