Raymundo Rivalapacio.-
La palabra bizarro tiene dos acepciones. Una que proviene
de su origen francés, usada también en inglés, que se refiere a una persona
extraña, peculiar o extravagante. Otra en español, donde suele confundirse el
término, que es positivo y quiere decir valiente. En el caso del presidente
Andrés Manuel López Obrador, los dos sentidos de la palabra se ajustan perfectamente.
Tiene un enorme valor para enfrentar todo y a todos todo el tiempo para
alcanzar el cambio prometido en la campaña. Al mismo tiempo, utiliza sus
enormes recursos políticos para forzarlos sin importarle que el país que dirige
no está aislado del mundo y que algunas de las decisiones que están tomando
podrán afectar a su gobierno, su proyecto y al país de una manera inimaginable.
Este sábado se dio el último paso al territorio de los problemas.
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| Karla Yuritzi Almazán |
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados distribuyó
el proyecto de dictamen de 84 páginas donde cambia el esquema de gobierno
corporativo de Pemex. Hace casi un mes lo había anticipado la ex síndica de
Texcoco, Karla Yuritzi Almazán, miembro de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, pero no hubo muchas voces que expresaran su preocupación. Este
sábado se concretó su iniciativa en donde se descabeza el gobierno corporativo
de Pemex y se le otorgan facultades plenas al titular de Pemex, que para
efectos reales y prácticos es el presidente López Obrador, para hacer lo que
plazca con la empresa productiva del Estado Mexicano sin rendirle cuentas a
nadie.
El proyecto señala: “La presente iniciativa pretende
establecer un marco jurídico que garantice y permita al director general
dirigir, ejecutar, administrar y operar Petróleos Mexicanos y las diversas
empresas que la componen, de manera integral para ejecutar y cumplir con los
objetivos de exploración, explotación y refinación”. En la actualidad, agrega
el proyecto, la ley “diluye la responsabilidad en las líneas de actuación y
porque un gobierno corporativo implica un órgano que ordena y vigila, pero no
opera”. Por lo tanto, los consejeros independientes dejarán de ser realmente
independientes y serán funcionarios públicos que le den “certeza” a la buena
marcha de Pemex, y se sacuden a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para que
el titular pueda contratar lo que desee sin un órgano regulador.
Lo que pretende el presidente es regresar el esquema que
había venido construyendo Pemex en los últimos años para adecuarlo a las reglas
del mundo, y retroceder más de tres lustros, cuando la arquitectura de las
empresas cambió tras los escándalos corporativos en Estados Unidos entra 2000 y
2002. Corporaciones como Enron Corporation, la empresa petrolera y energía de
Houston con fuertes vínculos con el gobierno de George W. Bush, Tyco
International y WorldCom, encabezaron una serie de escándalos de malas
prácticas que rompieron la confianza de los inversionistas en las
contabilidades que les presentaban al declararse en bancarrota, pese a la
solidez financiera de algunas de ellas. Esa crisis originó demandas urgentes
para restablecer los estándares regulatorios que habían sido desmantelados
siete años antes, lo que les había facilitado actuar fraudulentamente.
Con el fin de establecer nuevos estándares contables, el
senador Paul Sarbanes y el diputado Michael Oxley, prepararon una ley que
creaba un marco regulatorio al que incorporaban una administración corporativa
y un consejo de administración corporativo, a fin de que nunca más las empresas
públicas se manejaran sin pesos ni contrapesos, o sin rendir cuentas a nadie.
Esta ley se conoce como el Acta Sarbanes-Oxley, aprobada en 2002, para proteger
a los inversionistas de posibles actividades contables fraudulentas por parte
de las empresas.
Esa Acta creó un sistema de reglas, prácticas y procesos
que se le llama gobierno corporativo, que regulan la estructura y el
funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. Como explica
Deloitte, una empresa multinacional con operaciones en México, “establece las
relaciones entre la junta directiva y el consejo de administración, los
accionistas y el resto de partes interesadas, y estipula las reglas por las que
se rige el proceso de toma de decisiones sobre la compañía para generar valor”.
La aplicación de un código de buen gobierno, agrega, es la garantía para el
crecimiento sostenible, restablece la confianza de los inversionistas y aumenta
el acceso al crédito.
El proyecto que se distribuyó el sábado, camina en
sentido contrario. Opacidad contra transparencia, sin contrapesos ni mecanismos
de rendición de cuentas, con manejo unipersonal en Pemex para tomar decisiones
verticales. El gobierno corporativo desaparece por completo y la empresa se
manejará de acuerdo a los intereses del presidente en turno a través del
titular en turno. De concretarse en Ley la iniciativa de Morena, chocará con el
Acta Sarbanes-Oxley que busca proteger a los inversionistas con lo que se abre
la posibilidad de que en el futuro, todo lo que quiera hacer Pemex en el mundo
sea revisado por la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos.
No se puede decir que de aprobarse la ley se le cerrará
el crédito a Pemex en el mundo y se parará la inversión extranjera en la
empresa, pero sí se puede argumentar que la colocación de bonos para
financiamientos, la búsqueda de líneas de crédito o de inversionistas, será
cada vez más difícil de conseguir. Es cierto que el presidente López Obrador ya
dijo que Pemex no emitirá bonos de deuda y que se revisarán los contratos con
inversionistas extranjeros porque no le gustan los resultados. También ha dicho
que no quiere tratos petroleros con el mundo sino mirar solamente hacia
adentro. Eso también es un proyecto de nación. Inexistente, por cierto, hasta
en Corea del Norte.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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