Raymundo Rivapalacio.-
El choque entre poderes del Estado mexicano que se está
dando en este país, es más profundo de lo que se ve. Hay una mezcla de
intereses que se están moviendo detrás, no sólo por la defensa de sus
privilegios, como lo afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino por
un desafío directo a su Presidencia por parte del sector conservador dentro del
máximo tribunal que busca, si no le alcanza para boicotear, estorbar. La cabeza
de la rebelión de las togas es el presidente de la Corte, Luis María Aguilar,
quien llegó a esa posición en enero de 2015, tras derrotar a Arturo Zaldívar en
32 votaciones, y que utilizó como instrumento de choque al ministro Alberto
Pérez Dayán.
El ministro Pérez Dayán detonó el conflicto el viernes
pasado al ordenar la suspensión de la Ley de Remuneraciones de Servidores
Públicos, tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por senadores de
oposición, quienes argumentaron que la ley violaba los artículos 75 y 127
constitucionales. La respuesta de López Obrador y de los coordinadores
parlamentarios de Morena, provocaron que el desafío de los jueces contra el
presidente se expresara con protestas en 30 estados este lunes, afirmando que
la decisión de recortar salarios afectaba la autonomía del Poder Judicial y
dañaba el equilibrio de poderes. La paradoja es que Pérez Dayán mismo, violó la
ley que dice defender.
El artículo 64 de la Ley Reglamentaria del artículo 105
constitucional que aborda los actos de constitucionalidad, establece: “Iniciado
el procedimiento, conforme al artículo 24 (que habla de las libertades), si el
escrito en que se ejercita la acción fuere obscuro o irregular, el ministro
instructor prevendrá al demandante o a sus representantes comunes para que
hagan las aclaraciones que correspondan dentro de un plazo de cinco días. Una
vez transcurrido este plazo, dicho ministro dará vista a los órganos
legislativos que hubieren emitido la norma y el órgano ejecutivo que la hubiere
promulgado, para que dentro del plazo de quince días rindan un informe que
contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma
general impugnada o la improcedencia de la acción de inconstitucional”.
Esto quiere decir que Pérez Dayán no tenía la facultad para
suspender la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos. “En acciones de
inconstitucionalidad no procede la suspensión de la norma”, dijo un experto.
“No importa el fondo de la controversia; no procede la suspensión, que está
expresamente prohibido por los artículos 64 (de procedimiento) y 14 (de suspensión)
de la Ley Reglamentaria”. Su acción incorrecta no alcanza para fincarle un
juicio político, como dijo el abogado constitucionalista Gabriel Regino en una
entrevista en W Radio con Enrique Hernández, al no considerarse un delito. Lo
que sí procedería, en opinión de los expertos, es una sanción por
responsabilidad administrativa, lo cual tendría que aplicar el órgano interno
de la Suprema Corte de Justicia, lo que significaría una medida histórica.
Difícilmente podría entenderse como un error del ministro el
haber suspendido la ley que recorta salarios. Para comprender la magnitud de lo
que desató, hay que entender lo que está sucediendo dentro de la Corte en
función de cómo iban a quedar los equilibrios dentro del tribunal, tras el
final de la gestión del ministro José Ramón Cosío. Abogados que conocen los
manejos internos de la Corte, dijeron que Aguilar buscó retrasar la
comunicación al Ejecutivo y al Legislativo de la salida de Cosío con el
propósito de que la votación para un nuevo presidente, prevista para el próximo
2 de enero, se diera únicamente entre los 10 ministros que hay en este momento,
sin darle la oportunidad a López Obrador que colocara su primer ministro y
eventualmente modificar el resultado de la elección.
El viernes pasado, en un texto sobre la Corte titulado
“Conservadores contra Liberales”, se publicó en este espacio: “Si se diera la
votación hoy, la probabilidad de que Gutiérrez Ortiz Mena ganara la presidencia
es muy alta. Esto obedece, de acuerdo con observadores de la Corte, a que el
bloque conservador es amplio, compuesto por Javier Laynez, Eduardo Medina Mora,
Mario Pardo y Aguilar. En el lado liberal respaldan a Zaldívar Fernando Franco
y Norma Lucía Piña, que perdieron un aliado al retirarse José Ramón Cosío. Dos
ministros pueden inclinar hacia cualquier lado la balanza, pero no se sabe cómo
van a comportarse. Una es Margarita Luna Ramos, y el otro es Alberto Pérez
Dayán, con tinte conservador, pero que se han aproximado a posiciones liberales
en el pasado. Dos factores adicionales juegan para colocarlos actualmente,
ligeramente más hacia el lado de Zaldívar. La ministra Luna Ramos quiere
mejorar su posición dentro de la Corte, mientras que Pérez Dayán le debe parte
del apoyo que tuvo para ser ministro, al equipo de la ex ministra y actual
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero”.
De la correlación de fuerzas dentro de la Corte se puede
argumentar que el ministro Aguilar buscaría impedir que Zaldívar fuera electo
presidente, y garantizar a un conservador como su sucesor. También se puede
apreciar un choque de posiciones dentro del equipo de López Obrador, entre
Sánchez Cordero, que estaría por la opción conservadora, y el consejero
jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, que respalda a Zaldívar.
El estruendoso ruido por el choque entre poderes está
ocultando las intrigas dentro de la Suprema Corte y el intento del ala
conservadora de cruzársele al Presidente, para impedir que comience a construir
un tribunal acorde con su proyecto de nación. La confrontación no sólo es por
la autonomía, sino ideológica y política, afrontando a López Obrador.
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