Carlos Ramírez.-
Los todopoderosos hombre de
la toga y birrete demostraron que nada entienden de política y lucha por el
poder, pero lo más grave fue que también demostraron ser ignorantes de los
caminos secretos del litigio judicial. La crisis López Obrador-Suprema Corte no
fue por salarios, sino por una nueva redistribución del poder real que implica
la ruptura del orden constitucional en materia de división de poderes.
Ninguno de los pomposos
ministros de la dependencia encargada de resguardar la Constitución entendió la
lógica de la disputa por el poder. La controversia constitucional no se
localizó en intentar bajar salarios, sino en el hecho de que una ley impuso la
figura personal del presidente de la república en materia salarial como factor
de definición del poder de un poder sobre los otros dos poderes.
La ley de remuneraciones no
puede estar por encima de la autonomía de los otros dos poderes, el legislativo
y sobre todo el judicial. La tarea de la Corte, por tanto, no estaba en
analizar el contenido salarial de esa ley sino de determinar si era válido que
el salario del presidente de la república pudiera determinar funcionamiento
autónomo del poder judicial.
La intención final de López
Obrador en realidad no radica en un asunto de justicia distributiva salarial,
sino en dejar claro que el presidente de la república por la vía de los
salarios era el poder supremo. Los legisladores lopezobradoristas tuvieron la
inoportunidad de fijar el salario máximo con alguna otra unidad de valor --por
ejemplo, los UDIs posteriores a la crisis de tasas de interés bancarias de
1995--; pero al poner el salario del presidente de la república --“nadie puede
ganar más que yo”, declaró López Obrador en una variante del luiscatorcesco “el
salario soy yo”-- se dejó clara una nueva jerarquía de mando piramidal con
dominación presidencial.
El trasfondo de lucha por la
supremacía del poder legislativo lo reveló la bancada de Morena con su amenaza
a la Corte: o se bajan los salarios o se los bajamos, un acto de destrucción de
la autonomía del poder judicial al querer dictar el poder legislativo el
funcionamiento interno del judicial. La salida institucional es más sencilla:
aprobar un presupuesto bajo y que la Corte se haga bolas ejerciéndolo con
restricciones.
Pero la intención de
convertir el salario presidencial en el eje de gasto corriente lleva el mensaje
de anunciar el regreso del presidencialismo absolutista.
No se trata, por cierto, de
la construcción de una dictadura como la de Venezuela. El objetivo, en
realidad, es el de reconstruir el viejo modelo presidencialista dominante
priísta que funcionó con base electoral de mayoría calificada hasta 1982, con
mayoría absoluta hasta 1991 y como primera minoría desde 1997. El modelo
presidencialista funcionalizado por base legislativa ha operado siempre.
En los hechos, el sistema
presidencialista --que no presidencial-- ha sido el eje de los diferentes
sistemas políticos desde el imperio de Agustín I de Iturbide. Pero al paso del
tiempo, la maduración de la sociedad civil le fue quitando pedazos de poder de
dominación al presidencialismo de Estado absolutista-filantrópico --aportación
de Octavio Paz a la ciencia política mexicana en materia de teoría del
Estado--. En este escenario, el modelo presidencialista de López Obrador es el
totalizador --aportación de José Revueltas desde el marxismo-- y ha de
necesitar la reconcentración de los poderes perdidos en un Estado dominante.
La oposición en la Cámara y
los barones de la toga y el birrete no han entendido la lógica del poder de
López Obrador. La defensa debe centrarse en la protección de la división de
poderes, no del salario. Pero la astucia de López Obrador llevó la guerra de
poderes al terreno de los abusos salariales del poder judicial, beneficiándose
inclusive por la defensa salarial de la Corte.
Si la respuesta de la
Suprema Corte fue equivocada porque ofreció la imagen mezquina de defender
salarios y nivel de vida, la salida política e institucional puede aún ayudar a
reorientar las argumentaciones: blindarse hacia dentro, profundizar su
independencia del ejecutivo y revolucionar la sociedad con la aplicación de las
leyes. El gobierno mexicano no resistiría un poder judicial estricto porque el
modelo de acusaciones que opera el ejecutivo está más corrompido que la defensa
salarial del poder judicial.
El debate está en el terreno
de la división de poderes. El hoyo anticonstitucional de la ley de
remuneraciones radicó en poner la figura del presidente de la república o jefe
del poder ejecutivo federal por encima del autónomo e independiente poder
judicial. El ejecutivo tiene la facultad de entregar el presupuesto al judicial
y no meterse en su distribución. Y el judicial perdió la oportunidad de
autorregularse.
Si quien tiene el dinero
tiene el poder, también quien tiene el poder puede dominar al dinero.
Política para dummies: La política es el campo de batalla por la jerarquía del poder.
