Una destacada candidata presidencial. El encargado de las
aduanas del país. Al menos tres alcaldes de la capital. La lista incluye a
poderosos integrantes del gobierno de México.
Y, según consta en registros judiciales, todos fueron
vigilados hace poco por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Al menos 14 expedientes judiciales revisados por The New
York Times muestran que la fiscalía general indicó a la mayor empresa de
telecomunicaciones del país que entregase registros telefónicos y de mensajes
de texto, así como datos de localización de más de una decena de funcionarios y
políticos mexicanos destacados.
Telcel, la empresa de telecomunicaciones, reconoció en un
documento judicial, revisado por el Times, que había recibido los
requerimientos y entregado los registros, que abarcaban desde 2021 hasta este
año. La vigilancia incluyó tanto a opositores como a aliados del partido
gobernante, Morena.
Los requerimientos de la fiscalía de Ciudad de México
indican que la información se buscaba en conexión con investigaciones de
secuestros y desapariciones.
No obstante, la oficina de la fiscalía dice que no tiene
carpetas de investigación por tales delitos y que “desmiente categóricamente”
haber requerido la información telefónica de los funcionarios y políticos
mencionados en la documentación.
“Esta institución no espía a personajes políticos ni a
ninguna persona”, dijo la fiscalía. “Por el contrario, investiga con fines
exclusivamente jurídicos”.
A pesar de estas negativas, un juez federal dijo este año
que la oficina de la fiscalía general de Ciudad de México había de hecho
solicitado a Telcel que entregara los registros. La valoración del juez se
incluyó en una demanda contra la fiscalía presentada por el alcalde de una
delegación de Ciudad de México que fue nombrado en los 14 requerimientos.
Muchas de las personas nombradas en dichos requerimientos
dicen que la verdadera razón por la que se les señaló era porque son blancos
políticos: víctimas de un abuso de poder más amplio y sistémico.
México ha sido conmocionado por escándalos de vigilancia
en repetidas ocasiones, y cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador
asumió el cargo en 2018, prometió poner fin a cualquier vigilancia ilegal
dirigida a los mexicanos. Durante mucho tiempo, el presidente criticó a sus
antecesores por esas prácticas.
Pero su gobierno ha empleado algunas de las mismas
tácticas que condenaba. En la presidencia de López Obrador, el ejército del
país ha utilizado en diversas ocasiones el programa espía Pegasus para vigilar
a periodistas, defensores de los derechos humanos e incluso altos funcionarios
de su propio gobierno.
El sistema de justicia se está empleando en contra de los
políticos, aseguró Santiago Taboada Cortina, el alcalde que presentó la demanda
de amparo. Taboada, integrante de la oposición política, ha anunciado que
planea presentarse como candidato a la jefatura de gobierno de la capital en
las elecciones del próximo año.
Comentó que no era “normal” que esto sucediera como
resultado de sus aspiraciones.
En los casos de emergencia en donde hay una vida en
peligro —como en los secuestros— la legislación mexicana permite que los investigadores
obtengan de inmediato los registros telefónicos sin una orden.
Sin embargo, los fiscales están obligados a obtener una
orden de un juez federal a las 48 horas de hacer el acercamiento a las empresas
de telecomunicaciones, algo que la fiscalía no llevó a cabo. En los registros
judiciales, los abogados de Telcel aseguraron que jamás recibieron una orden de
un juez federal para entregar los registros telefónicos solicitados.
Telcel no respondió a pedidos de comentario.
Higinio Martínez Miranda, uno de los principales
senadores de Morena, legislador por el Estado de México, recordó la promesa del
presidente de que en su gobierno no se iba a espiar a nadie. La fiscalía
general de Ciudad de México obtuvo sus datos de telefonía celular de octubre de
2021 a enero de 2021, según los expedientes de Telcel.
Martínez calificó de condenables estas acciones y rechazó
haber cometido algún delito. Dijo que no tenía idea de que estuviera siendo
investigado hasta que se enteró por periodistas del Times.
Taboada, el alcalde de delegación, fue objeto de
vigilancia en 2021, pero, dijo, no fue sino hasta un año después que un amigo
lo alertó al contarle que en la fiscalía de Ciudad de México lo estaban
investigando.
Alarmado por la noticia, Taboada presentó una demanda
para obligar a que la fiscala general de Ciudad de México y Telcel respondieran
a la acusación.
En el expediente vinculado a la demanda, Telcel reconoció
que había brindado los registros telefónicos de Taboada a la fiscalía de la
capital en respuesta a 14 requerimientos vinculados a secuestros y a la
fiscalía del estado de Colima por un requerimiento.
En los requerimientos también se incluían decenas de
otros números telefónicos, indicó Telcel, entre ellos los de personalidades
poderosas de Morena, el partido gobernante, y algunos de sus opositores.
En los documentos judiciales, la fiscalía de Colima
indicó que había solicitado a Telcel los registros telefónicos luego de que una
persona anónima brindara su número, y el de otros usuarios, en conexión con un
caso local de secuestro. Los fiscales de Colima dijeron que esa línea de
investigación no había brindado nada de relevancia y que habían procedido a
destruir los registros telefónicos.
En la misma demanda, la fiscalía de Ciudad de México negó
haber solicitado los registros telefónicos de Taboada.
Taboada rechazó cualquier participación en los
secuestros.
Según dos juristas, las acciones de la oficina de la
fiscalía general de Ciudad de México fueron ilegales. Otro experto comentó que
tal vez no hayan sido ilegales, pero que claramente eran un abuso de autoridad.
“El sistema es fácil de manipular. Los fiscales pueden
inventarse carpetas de investigación o pueden utilizar carpetas de
investigación existentes para obtener información de quien quieran sin ninguna
supervisión judicial”, dijo Luis Fernando García Muñoz, director ejecutivo de
R3D, un grupo mexicano de derechos digitales.
“Definitivamente es un sistema que está diseñado para el
abuso y que está siendo abusado”.
Las empresas de telefonía tienen la expectativa legal de
colaborar con las autoridades, “pero también tienen la capacidad de rechazar
las peticiones abusivas”, dijo García. No obstante, estas empresas dependen de
las licencias gubernamentales y a menudo cumplen más de lo debido con los
requerimientos, tal vez, por temor a represalias, afirmó.
No es la primera vez que una fiscalía haya podido hacer
mal uso de su poder. En 2016, la oficina de la fiscalía general de México
solicitó en secreto los registros telefónicos de una abogada de derechos
humanos, una periodista de investigación y una antropóloga forense que
investigaban la masacre de 193 personas, arguyendo que las mujeres estaban
vinculadas a una indagatoria de secuestro.
El monitoreo ordenado por los fiscales manda un mensaje,
dijo Ana Lorena Delgadillo, la abogada que fue objeto de vigilancia en 2016:
que puede usarse el sistema de justicia penal contra los defensores, los
periodistas, los expertos y los opositores y que, añadió, no habrá
consecuencias.
En el caso más reciente, Telcel también entregó los datos
telefónicos de Horacio Duarte, un aliado de Morena que en ese momento era el
titular de Agencia Nacional de Aduanas de México en 2022.
También fueron monitoreadas, según los requerimientos y
el expedientes revisados por el Times, la senadora conservadora Lilly Téllez,
hasta hace poco una de las principales aspirantes de la oposición a la
presidencia, así como Alessandra Rojo de la Vega, exlegisladora y franca
opositora de Claudia Sheinbaum, la ex jefa de gobierno de Ciudad de México y la
candidata presidencial del partido gobernante en las elecciones presidenciales
del próximo año.
La fiscalía general de Ciudad de México acusó a Rojo de
la Vega de delitos electorales el año pasado, lo que Rojo de la Vega dijo era
una venganza política por oponerse a las políticas de Sheinbaum. El caso fue
desestimado por una jueza posteriormente.
Un portavoz de Sheinbaum, quien era jefa de gobierno de
la capital en el momento en que se solicitaron los registros telefónicos,
declinó hacer comentarios.
Rojo de la Vega, molesta por el monitoreo, dijo que ese
tipo de vigilancia debería ser utilizado más bien para investigar a los
verdaderos criminales. Afirmó que esa debería ser la labor de la fiscalía, pero
que estaban ocupados persiguiendo a la gente que los incomodaba.
Téllez y Rojo de la Vega, cuyos datos de telefonía
celular fueron solicitados en siete ocasiones en 2021 y en 2022, negaron
cualquier involucramiento en casos de secuestro.
Los fiscales también requirieron los datos telefónicos de
Dolores Igareda, alta funcionaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
y de Ricardo Amezcua, integrante de la judicatura de la Ciudad de México. No
respondieron a pedidos de comentario.
Se espera que Ernestina Godoy Ramos, fiscala general de
Ciudad de México, sea reafirmada en su cargo en algún momento de este año.
