El Gobierno socialista anuncia los primeros aumentos impositivos para financiar los presupuestos expansivos previstos para 2023. Las medidas volverán a encarecer los combustibles en el mercado local, y deteriorarán la competitividad de Brasil a nivel internacional.
Muy presionado por el rápido deterioro de las finanzas
públicas, el ministro de Economía de Brasil Fernando Haddad logró hacer
prevalecer su posición dentro del oficialismo, y se confirmó la vuelta de los
impuestos a los combustibles que habían sido derogados por la administración de
Jair Bolsonaro.
La administración anterior había eliminado completamente el impuesto de suma fija por 79 centavos de real por litro de nafta, y 24 centavos de real por litro para otros derivados (por ejemplo el etanol). El Gobierno de Lula anunció un impuesto de 47 centavos de real por litro para naftas, y 20 centavos para el etanol.
Para el caso del diésel y el gas residencial, el Gobierno decidió postergar la suspensión de impuestos hasta el 31 de diciembre. De esta forma, se reanuda parcialmente la estructura tributaria anterior sobre el sector energético local.
Estas decisiones no solo tendrán un impacto significativo en el encarecimiento del combustible, sino que también suponen un fuerte revés para Petrobras, la gigante petrolera estatal que había sido reestructurada en la gestión Bolsonaro para volver a registrar ganancias contables.
Se espera que las medidas obtengan una recaudación adicional de hasta 29.000 millones de reales (equivalentes a 5.575 millones de dólares) por encima de lo presupuestado para el año fiscal 2023.
Asimismo, el Gobierno de Lula da Silva confirmó que las exportaciones de petróleo crudo estarán gravadas con una retención del 9,2% por un período de cuatro meses, aunque las medidas podrían extenderse indefinidamente si no se cumplen las metas fiscales. Se calcula una recaudación de hasta 6.600 millones de reales (1.260 millones de dólares) por el establecimiento de las retenciones.
Los impuestos a la exportación atentan directamente contra la competitividad de Brasil en los mercados internacionales, en un momento crucial para abastecer la demanda energética mundial y ganar nuevos compradores en sustitución de Rusia.
De la misma manera en que ocurre en Argentina, la penalización a la exportación también significa una menor afluencia de divisas que deteriora el volúmen importador, muy necesario para sostener el crecimiento de la actividad.
En total, las medidas impositivas dejarán un saldo estimado en 35.600 millones de reales en nueva recaudación, pero aún con estos recursos el Gobierno proyecta consumir completamente el superávit primario heredado de Jair Bolsonaro.
El ministro Haddad anunció que la meta fiscal para 2023 será no superar el 1% del PBI sobre el déficit primario, equivalentes a 100.000 millones de reales si se cumple la inflación estimada para fin de año. Cabe señalar que el resultado primario del Gobierno federal había marcado un superávit del 0,56% del PBI en diciembre del año pasado, el más importante observado desde octubre de 2014.
