Por: Ernesto Núñez Albarrán y Mauricio Torres/Animal
Político
El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la suspensión de la entrada en vigor del “plan B” de reforma electoral, en tanto resuelve el fondo de las controversias y otros recursos que interpondrán el propio instituto y los partidos políticos de oposición.
El Consejo General del INE conoció ayer el informe sobre
los impactos del “plan B” en la función electoral, e instruyó a su secretario
ejecutivo, Edmundo Jacobo, para emprender todos los caminos jurídicos posibles
para controvertir una reforma que, según el diagnóstico, pone en riesgo las
elecciones de 2024.
Lorenzo Córdova, consejero presidente, llamó a la SCJN a
resolver la constitucionalidad de las reformas aprobadas en diciembre pasado
por Morena y sus aliados, y apeló a que la Corte “detenga ese auténtico
desmantelamiento de nuestra democracia”.
En el informe dado a conocer ayer en sesión
extraordinaria del Consejo General, se incluye un apartado sobre el impacto de
las disposiciones transitorias de las reformas del “plan B”, entre las que
destaca la entrada en vigor de las reformas “al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación” (DOF).
Además, en los transitorios aprobados en diciembre de
2022, se ordenaba al INE emprender una serie de acciones durante el mes de
enero, lo cual es imposible por el retraso en el proceso legislativo de cuatro
de las seis leyes modificadas en el “plan B”.
El documento advierte que, de entrar en vigor conforme a
lo estipulado en las reformas, el “plan B” provocaría inmediatamente acciones
de alto impacto en el funcionamiento del INE.
Por ejemplo, el Consejo General debería disolver de
inmediato la Junta General Ejecutiva y crear en sustitución una Comisión de
Administración integrada por cinco consejeros; el secretario ejecutivo debería
ser cesado de sus funciones al día siguiente de la publicación en el DOF, y las
actuales 11 direcciones ejecutivas y unidades técnicas del INE deberían
fusionarse en apenas cinco áreas, despareciendo algunas instancias encargadas
de la ampliación de los derechos ciudadanos como la Unidad de Género y No Discriminación.
El “plan B” plantea una reestructuración total del INE y
sus órganos desconcentrados, al eliminar vocalías en sus 32 Juntas Locales y
sus 300 Juntas Distritales, y obliga al instituto a tomar una serie de medidas
entre enero y abril de 2023, mes en el que está previsto el relevo de cuatro
consejeros, incluido el consejero presidente.
“La implementación de la reforma, por su trascendencia,
requiere necesariamente de reglas claras para ello. Una revisión de los
artículos transitorios evidencia falta de claridad y certeza en todas las
etapas de la misma”, señala el documento.
En esa lógica, el mandato que dio ayer el Consejo General
al secretario ejecutivo, de “interponer todos los recursos jurídicos”, implica
solicitar a la Corte la suspensión de la entrada en vigor de las reformas, pues
el análisis del fondo de las acciones de inconstitucionalidad que interpondrán
el propio INE y los partidos de oposición podría durar meses, lo que alteraría
el funcionamiento del sistema electoral en tanto se resuelve la
constitucionalidad de la reforma.
Durante la sesión de este miércoles, consejeras y
consejeros del INE se pronunciaron en contra del “plan B” que el gobierno
federal, Morena y sus aliados impulsaron en el Congreso.
Entre otros puntos, señalaron que los cambios fueron
planteados y votados sin tener un diagnóstico real sobre el sistema electoral
del país, y que si bien dicho sistema es perfectible, no debe recibir
modificaciones que compliquen su operación.
Mario Llergo, representante de Morena ante el Consejo
General del INE, dijo en su intervención que las críticas al “plan B” son
“mentiras” y aseguró que los ajustes que plantea son respaldados por la mayor
parte de la ciudadanía.
El Informe del INE sobre el Plan B de la #ReformaElectoralVa es un panfleto más que vulnera la voluntad del Pueblo por transformar la función electoral. "La democracia no está en el ADN de los mexicanos" es el espíritu de sus autores.
— Mario Rafael Llergo (@mariollergo) January 25, 2023
La reforma SÍ quita lujos y privilegios 👇🏽 pic.twitter.com/WQ9ZBDEvV0
“Este cúmulo de reformas también dejó al descubierto
hasta dónde esta autoridad electoral está dispuesta a llegar con tal de que no
se trastoquen sus privilegios ocupando recursos públicos”, señaló Llergo.
Momentos antes, había pedido que el tema se sacara del
orden del día y tachó de “panfleto” el informe sobre los impactos del “plan B”.
La oposición interpone primeros recursos
Por su parte, diputados de PAN, PRI y PRD presentaron
ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la
Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, publicadas el pasado 27 de diciembre y que conforman el primer
paquete del “plan B” aprobado en diciembre con los votos de Morena, PT y
Partido Verde.
Estas leyes, según los diputados opositores, significan
un atropello a disposiciones constitucionales y violan el principio de equidad en
la contienda electoral al reinterpretar el concepto de propaganda y modificar
los límites en la comunicación de servidores públicos durante el proceso
electoral.
Los diputados pidieron a la SCJN dar trámite a la
brevedad a este recurso, para evitar que el proceso electoral 2023-2024 inicie
con una vulneración grave en la certeza de las reglas de la contienda política.
El panista Santiago Creel, presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados, anunció que también serán controvertidas
las reformas a cuatro leyes que aún no se han enviado al Ejecutivo para su
promulgación: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la
Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la
nueva Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Las acciones en contra de estas leyes solo podrán
interponerse ante la Corte una vez que se concluya el trámite legislativo y
sean publicadas por el titular del Poder Ejecutivo.
