Óscar Alzaga, abogado del sindicato, informó que, como en las resoluciones anteriores, presentarán la demanda para invalidar la determinación de la Junta, la cual insiste en ordenar el reparto del fondo, pese a que en tres ocasiones anteriores los tribunales de Distrito han dejado sin efecto sus resoluciones.
"En tres ocasiones, con tres amparos, el Sindicato Minero ha ganado, no tiene ninguna responsabilidad de esa cantidad, pero evidentemente están manipulando Germán Larrea (dueño de Grupo México) y Arturo Alcalde para que se resuelva. Alcalde es el papá de la Secretaria del Trabajo (Luisa María Alcalde)", dijo.
"Están manipulando para sacar hasta un cuarto laudo y cualquier persona sabe que la autoridad de amparo, jueces y magistrados, son superiores a la Junta. La Junta es un tribunal ordinario y los otros son recursos que tiene la ciudadanía para ampararse ante resoluciones o actos del Estado", indicó.
El pasado 28 de enero, la Junta Especial Número 10 dictó un laudo ordenando al Sindicato Minero y a Gómez Urrutia, como "obligado solidario", a repartir a 226 trabajadores demandantes la parte proporcional de 54 millones de dólares que fueron entregados por Grupo México al gremio y colocados en un fideicomiso.
El asunto se remonta a 1989, cuando Grupo México compró Mexicana de Cananea y ofreció al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana una participación accionaria, lo que se materializó en 2005, con el depósito de 54 millones de dólares.
Alzaga indicó que el acuerdo original, suscrito por Jorge Larrea padre, que aún vivía, y su hijo Germán, es que el dinero era para el sindicato, no para los trabajadores y que quienes ahora pelean la parte proporcional de ese dinero no tienen derecho a reclamarlo porque no eran trabajadores de la mina.
"Entonces, es una farsa esta nueva emisión del laudo porque no tiene ninguna posibilidad de progresar", enfatizó.
Alzaga informó que el martes tuvieron una reunión en la Secretaría de Gobernación con el Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Enrique Irazoque, para avanzar en la determinación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señaló que el Estado Mexicano debe asumir su responsabilidad en la huelga de Cananea, que data de 2007.
