En un balance efectuado a mitad de sexenio sobre los derechos humanos en esta administración, la organización analizó las condiciones en las que se trabaja en obras del Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Corredor Transístmico.
Detectó reducciones del 30 por ciento en el sueldo de la mano de obra, cobros de comisiones ilegales a salario por otro tanto igual y horas extras sin compensación alguna y hasta con amenazas de despido.
"La estadística que acompaña a los derechos humanos frente a las políticas y los macroproyectos de la 4T, son terroríficos", sentenció Signos Vitales.
"Las problemáticas que han girado en torno a estas obras son de distinta índole, pero de éstas, la que ha desembocado en desplazamientos, los que a su vez pueden ocasionar pobreza de manera casi instantánea, es el Tren Maya", señaló.
En ese proyecto, detalló, se identificaron un aproximado de 3 mil 286 hogares sobre el derecho de vía actual.
"Para el 2022, el Gobierno habrá rebasado el costo del proyecto en materia de reubicación de dichos hogares, sin haber terminado la obra y llevando a cuestas un historial lleno de atropellos a los derechos de los habitantes de la región y de las comunidades indígenas afectadas", precisó.
Sobre la falta de pago y los cobros indebidos a los trabajadores, el informe retomó la protesta de empleados y autoridades en la Refinería de Dos Bocas, que derivó en un enfrentamiento en octubre pasado.
En el caso del Aeropuerto Felipe Ángeles, reportó que en septiembre de este año los trabajadores denunciaron que les quitan 30 por ciento de su sueldo y les hacen firmar como si recibieran al 100.
"A pesar de los dichos del Ejecutivo federal, el cobro de moches ha sido una constante", criticó.
En cuanto al Corredor Transístmico, refirió que ha generado conflictos sociales en torno a su desarrollo y violenta el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.
Al presentar el informe, Sergio López Ayllón, ex director del CIDE, aseveró que la actual administración federal será recordada por el desmantelamiento de las instituciones garantes de los derechos y su sustitución por programas sociales.
