Diputado oaxaqueño presentó firmas falsas para revocación

La Comisión de Quejas del Instituto Federal Electoral (INE), determinó imponer medidas cautelares a cuatro servidores públicos por involucrarse, de manera indebida, en el proceso de recolección de firmas para la revocación de mandato.

En recursos promovidos por el PRD, los consejeros resolvieron por unanimidad adoptar las medidas cautelares por la participación del diputado federal petista Benjamín Robles y de tres funcionarios del Gobierno de Veracruz, dependientes de la dirección de Patrimonio de la Secretaría de Finanzas, en la promoción del ejercicio, pese a que la legislación se los impide por ser servidores públicos.

Se consideró que el diputado y los otros tres servidores públicos tuvieron "participación activa en el proceso de revocación de mandato ya que, en apariencia del buen derecho, se evitaría la intervención de funcionarias o servidoras públicas que pudieran influir en la decisión de la ciudadanía de que se realice el procedimiento de revocación de mandato".

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio de baja a 600 ciudadanos que recababan firmas para la revocación de mandato, debido a que entregaron registros de apoyo falsos o con inconsistencias.

REFORMA dio a conocer este jueves que el INE había detectado registros con datos de difuntos y hasta fotos de perros y objetos, como parte de la recolección de apoyos para la revocación de mandato.

Por unanimidad de votos, la Comisión de Quejas del INE determinó solicitar al Registro Federal de Electores dar de baja inmediata a esos operadores.

En una lista difundida por el órgano electoral destaca Gabriela Jiménez Godoy, presidenta de la asociación civil Que siga la Democracia, que esta mañana acudió a la sede de la autoridad electoral a entregar un millón 600 mil firmas.

Con el recurso promovido por el PAN, los consejeros descubrieron "patrones de simulación" que implican que se haya usurpado la voluntad de un ciudadano para respaldar la revocación de mandato. Se tiene registro de unos 75 mil apoyos falsos de un global de poco más de medio millón de firmas.

La anomalía más significativa fue la entrega de miles de fotocopias de credencial de elector, en perjuicio de lo que dispone la ley: que el registro debe llevarse a cabo con el escaneo directo de la credencial de elector y una fotografía del ciudadano que apoya el ejercicio.

"Se está generando un daño a ciudadanos a los cuales se les está usurpando la voluntad; se está falsificando que ellos están dando su apoyo a la revocación de mandato y se simula que firmaron y eso implica un uso indebido de datos personales", consideró el consejero Ciro Murayama.

Hubo diez promoventes que registraron a 600 auxiliares, algunos de los cuales entregaron firmas con 90 por ciento de registros falsos.

"Es un patrón de conducta que vulnera los derechos de la ciudadanía porque se están usando sin su consentimiento y están tratando de tomar el pelo a esta autoridad electoral.

"Eso indica que no hubo contacto con la ciudadanía, sino que se tuvo acceso que alguien hizo de la credencial para votar. Las fotocopias las hemos declarado inválidas porque no permiten comprobar que el ciudadano dio su consentimiento", resumió.


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