Otra vez disputa por el Estado: Estatismo vs. neoliberalismo

Carlos Ramírez

La historia del proyecto de gobierno posrevolucionario ha sido la lucha cíclica y pendular entre la hegemonía del Estado y la vigencia dominante del mercado. La revolución misma en 1910 fue un alzamiento de los grupos campesinos, obreros y populares contra el modelo de crecimiento económico con concentración privada de la riqueza en el porfiriato.

El programa de gobierno del presidente López Obrador se localiza en el escenario de la reconstrucción de la fuerza del Estado para dinamizar el crecimiento económico con mecanismos de distribución social de la riqueza. El largo periodo 1917-2018 ha sido el ciclo de la oscilación pendular entre la dirección política del Estado y el dominio económico del mercado.

La iniciativa de reforma eléctrica lleva en el fondo el sentido de reconstruir la iniciativa productiva del Estado recuperando el control de los instrumentos del desarrollo que habían sido privatizados por los presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto en el último ciclo neoliberal.

Aunque los tiempos políticos ya no alcanzan, de todos modos se debe asumir que el regreso de la Comisión Federal de Electricidad a institución preponderante en la producción y distribución de energía eléctrica no alcanza para una redefinición totalizadora del Estado y requerirá de la recuperación de los sectores estratégicos para el desarrollo que Salinas entregó al sector privado: la industria siderúrgica, Teléfonos de México y de manera sobresaliente la banca expropiada en septiembre de 1982 y vendida al sector privado en 1990.

El objetivo del proyecto salinista fue construir una estructura económica y productiva basada en el dinamismo de la propiedad privada de los sectores estratégicos, a partir de la argumentación oficial de que el Estado era incapaz de administrar empresas y que todo el sector público derivó en una corrupción que determinó la ineficacia productiva y obligó al gobierno federal a subsidiar empresas públicas que debían aportar utilidades al estado.

México ha tenido dos grandes ciclos económicos, con elementos de mixtura en decisiones productivas:

1.- El periodo populista de 1934 a 1982 que nunca quiso ser comunista y que tomó buena parte del modelo leninista de nueva política económica, conocida como capitalismo monopolista de Estado; en ese casi medio siglo, el Estado definió y mantuvo la rectoría de la economía y el desarrollo, alentando la participación del sector privado, aunque manteniéndolo bajo control a través del proteccionismo comercial. Este período estuvo dominado por el espíritu del presidente Cárdenas y su decisión histórica de expropiar el petróleo para regresar al estado ese recurso que se conoce como la sangre productiva de Occidente.

2.- El periodo neoliberal corrió de 1983 a 2018 y estuvo definido por el repliegue constitucional, regulatorio y productivo del Estado entregando un importantísimo sector paraestatal al sector privado. En 1982 el Estado expropió los bancos privados por razones de conflicto especulativo en tipo de cambio, pero en el fondo para hacerse del instrumento clave de la economía: el ahorro para el financiamiento del desarrollo y no para la casta de banqueros. Las reformas constitucionales de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto desplazaron al Estado de la rectoría del desarrollo y liberaron a la dinámica del mercado la economía productiva.

El mensaje de fondo de la reforma eléctrica radica en el regreso del Estado al dominio de los instrumentos básicos para el desarrollo: ya posee el petróleo y recuperó la electricidad privatizada por Salinas de Gortari y Peña Nieto. El marco referencial de estas decisiones y algunas similares se localiza el choque entre los enfoques de Estado y de mercado, teniendo como fondo los altos niveles de marginación y pobreza que dejaron la economía estatista y la economía de mercado. La cifra de 80% de mexicanos con problemas de bienestar y de casi 60% de trabajadores empobrecidos en la economía informal han llevado a la incapacidad estructural de la economía para regresar a las tasas de crecimiento económico de 6% promedio anual y se han estancado en un nivel de 2%.

La propuesta de López Obrador quiere regresarle al Estado su centralidad política, económica y social que estuvo en la definición original de la Constitución de 1917. Hasta ahora, sin embargo, se ha operado sobre decisiones procedimentales: obra pública prioritaria en su proyecto de Gobierno, presupuesto etiquetado a esas obras y subsidios sociales aceptores marginados.

La reforma energética constituye una primera, tardía y parcial decisión de reconstrucción del Estado. Hay que partir del hecho de que el Estado tiene capacidad para ser productivo, pero necesita mejores reglas de supervisión del trabajo para evitar las burocracias proclives a la corrupción. Y no habrá una verdadera reforma social del Estado si antes no ocurre una reforma presupuestal del lado de los ingresos para financiar el desarrollo

En este sentido, la reforma eléctrica debe discutirse en la disputa pendular Estado-mercado, aunque con la certeza de que no alcanzará para una redefinición total y totalizadora del Estado neoliberal y que sus saldos serán limitados y estarán determinados a que exista un abaratamiento sensible e inmediato de la energía eléctrica. Si no, entonces habrá casi de inmediato un debate sobre la ineficacia de la reforma… y del Estado.

 
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