Carlos Ramírez
Si por ley sólo el Instituto Nacional Electoral podía
promover la consulta, entonces la revisión de la difusión de la convocatoria
consulta del pasado 1 de agosto acredita responsabilidad política al desdén de
los funcionarios del organismo electoral hacia el primer experimento de la
democracia participativa como paso previo a las presidenciales de 2024.
Al final de cuentas, también, hay que acreditar la falta
de acompañamiento político, social y partidista a la estrategia política
directa del presidente de la república hacia una convocatoria a consulta
promovida como parte de sus facultades legales.
Y finalmente, la consulta se convirtió en un galimatías
incomprensible por la intervención enredada del ministro presidente de la
Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, porque debió haber rechazado la pregunta
original obligando al Congreso a redactar una nueva. Por andar de ofrecido, el
ministro Lelo es de los principales responsables directos del fracaso de las
consultas por redactar una nueva pregunta cantinflesca.
Lo que queda por aclarar son las razones del presidente
de la república para seguir adelante con una consulta que había perdido su
contenido y organización. Hay que partir del hecho de que no se trató de un
capricho, sino, muy en el estilo presidencial, de decisiones estratégicas con
sentidos políticos de mediano plazo que sólo el presidente puede operar.
En términos estrictos, la consulta no fue un fracaso
porque se realizó y porque pudo montarse sobre el escenario indirecto de juicio
a cinco expresidentes de la república por decisiones políticas y de poder
susceptibles de ser perseguidas, en diferentes niveles, por investigaciones
políticas, sociales y judiciales, pero que de nuevo salieron condenadas.
La institución que quedó en el centro del debate es el
INE, porque en las últimas semanas sus funcionarios directivos dedicaron más
tiempo a sus agendas políticas particulares que a la promoción ya no tanto de
la consulta sino de la experiencia de democracia participativa. El consejero
presidente Lorenzo Córdova Vianello condicionó la realización exitosa de la
consulta a un presupuesto de gasto extraordinario que no le dieron. Y el
consejero Ciro Murayama Rendón dedicó más esfuerzo a defender la existencia de
los diputados plurinominales que están en la mira de una reforma electoral
adelantada por el partido Morena.
Córdoba Vianello, además, tuvo más presencia en redes
defendiendo la existencia del INE y tratando de blindarlo ante la reforma que
busca desactivar el papel político-electoral del Instituto más allá de su
función primaria, original y única de organizar elecciones y coordinar el
conteo de votos, además de seguirse oponiendo a la decisión de seguridad
nacional de crear una cédula única de identidad que haga obsoleta la credencial
de elector que controla el Instituto.
La decisión de una reforma electoral no le corresponde
defenderla a los funcionarios de la actual INE, sino que es facultad legal de
los partidos en el Congreso de la Unión. Los dos consejeros que han sido
pivotes del funcionamiento del INE como Ministerio de la Democracia, Córdoba
Vianello y Murayama Rendón, terminan su periodo de funcionarios del Instituto
en 2023, lo que ha adelantado el tiempo político para definir las posibilidades
de una nueva reforma electoral que responda a la necesidad de garantizar el
respeto al voto y no mantener una élite política activista de enfoques ideológicos
de la democracia.
La consulta, también, permitió percibir la existencia de
un establishment político-institucional vinculado a la sobrevivencia y
extensión en tiempo político del actual régimen de gobierno inventado por el
presidente Carlos Salinas de Gortari en 1990 para impedir instituciones
político-electorales ajenas a esa corriente de funcionamiento sistémico priísta
que ha impedido la construcción de una verdadera república de leyes e
instituciones.
La lectura de la consulta sólo en función de asistentes
podría dar una imagen equivocada del reacomodo de formaciones sociales que se
preparan para la votación de revocación-confirmación de mandato presidencial y
que entrarán de lleno a la madre de todas las batallas electorales: las
presidenciales del 2024.
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