Reprochan por presupuesto anticorrupción en Oaxaca

Jorge Emilio Iruegas, Fiscal Anticorrupción de Oaxaca, reclamó que esa institución carece de autonomía presupuestal por una serie de negligencias cometidas por el actual Fiscal General del estado, Rubén Vasconcelos Méndez, publicó REFORMA.

"A pesar de las múltiples solicitudes efectuadas por el suscrito, no solo no se tuvieron los recursos necesarios y suficientes para el desempeño de las funciones de la Fiscalía Anticorrupción durante los ejercicios fiscales 2018 y 2019, sino que tampoco se observará y respetará la independencia necesaria para el ejercicio de sus atribuciones de manera eficaz y sin ninguna influencia o presión indebida para 2020", reclamó Iruegas en una misiva enviada en abril pasado a Severino Rojas, Oficial Mayor de la Fiscalía General.
Jorge Iruegas. Foto: Twitter

"Tal parece que se pretende mantener a la Fiscalía Anticorrupción sin los recursos necesarios y suficientes para este ejercicio fiscal 2020", reprochó Iruegas tras calificar de negligente a Vasconcelos por no atender sus oficios enviados por el desde 2018, primero para modificar el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca conforme al decreto 1544 y después enviar un paquete presupuestal al Congreso, con autonomía a la Fiscalía Anticorrupción.

Dicho decreto fue aprobado por la LXIII Legislatura del Estado el 7 de agosto de 2018 y publicado en el Periódico Oficial número 38, Segunda sección, a fin de reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca dotando de autonomía administrativa, técnica, de gestión y decisión a la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

Ese cambio debió realizarse dentro de los 30 días posteriores a la publicación del decreto, es decir, a más tardar el 23 de octubre de 2018, pero esta modificación fue publicada en el Periódico Oficial dolosamente hasta el 17 de enero de 2020 mediante el acuerdo FGEO/018/2019.

"Es decir, el Fiscal General Rubén Vasconcelos Méndez, tardó más de 14 meses para modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General y brindar autonomía plena a la Fiscalía Anticorrupción", dijo a REFORMA un agente de la Dirección de Investigación y Procesos de Hechos de Corrupción en la Administración Pública Estatal y los Poderes del Estado.

En marzo Iruegas envió los oficios FGEO/FEMCCO/300/2020 y FGEO/FEMCCO/320/2020 en los que solicitó al Oficial Mayor de la Fiscalía General, Severiano Rojas Lázaro instrumentar el acuerdo FGEO/018/2019.

Las peticiones de Iruegas para realizar un plan presupuestario para la Fiscalía Anticorrupción tampoco fueron atendidas.

En respuesta, Rojas Lázaro, mediante oficio FGEO/OM/827/2020, refirió que de acuerdo a la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su respectivo reglamento "es materialmente imposible darle cabida a alguna modificación" importante a la estructura programática o presupuestal de la Fiscalía General.

Para 2020 el Congreso de Oaxaca dotó a la Fiscalía General con un presupuesto de 723 millones 558 mil 887, de acuerdo con el paquete fiscal.

A propuesta del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, y con 39 votos a favor, el pleno de la LXIII Legislatura del Estado eligió en 2017 a Rubén Vasconcelos Méndez como nuevo Fiscal General de Justicia del estado de Oaxaca, en sustitución de Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, quien renunció al ser relegado por sus supuestos vínculos con el Mandatario Gabino Cué Monteagudo.

La Fiscalía General de Oaxaca enfrenta diversos señalamientos por ineptitud y falta de capacidad  para resolver casos como el ataque al entrenador deportivo Jonathan J.S., ocurrido el 7 de mayo de 2019 en el Parque Deportivo Colosio, en la capital de Oaxaca.

Otro caso es la reclasificación en el delito de homicidio en contra del médico acusado por el homicidio del menor Edward de tres años de edad a finales de 2017, lo que generó un movimiento nacional de médicos en contra del Fiscal General Rubén Vasconcelos. 

En la primera actuación, la Fiscalía acusó al médico Luis Alberto por homicidio doloso para después reconfigurarlo como homicidio culposo debido a la presión social y política del gremio médico  que se manifestó a nivel nacional.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado  revelaron que aunque la institución asegura que cuenta con el presupuesto para contratar y pagar espectaculares así como destinar recursos públicos públicas para pagar recompensas, en realidad dicho presupuesto no existe.
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