Rubén Cortés
Aunque, por ser íntimos amigos, es el gobierno el que
paga el costo del palo a la “Ley Bonilla” en la Corte, algo sucedió este año
para que desde el gobierno dejaran de cabildear a favor del gobernador de Baja
California, y pudiera hacer fraude a la Constitución.
Tan encaminado iba el cabildeo que la secretaria de
Gobernación (y ex ministra de la Corte) adelantó el 1 de noviembre que el
gobernador ganaría: dijo en púbico que la intentona de reelección era “legal
porque la norma está vigente”.
Y, sí: ayer finalmente la Corte declaró inválida la “Ley
Bonilla”, que había ampliado el mandato del gobernador de dos a cinco años, con
una “consulta” ilegal: la marca de la casa en este gobierno para hacer lo que
desea, en nombre del “pueblo”.
La secretaria alega ahora que su declaración sobre la
legalidad de la “Ley Bonilla” era “un esgrima jurídico”: entonces a ella
también la Corte le dio no uno, sino tres palos, para que se acuerde de la ley,
pues la resolución de ayer deja claro que hubo violación:
1.- A los principios de democracia
2.- A los principios de certeza electoral
3.- A los principios que prohíben el fraude a la
Constitución
Como sea, la “Ley Bonilla” demostró la tremenda
devaluación que vive la Secretaría de Gobernación en la 4T, al dejar de
encargarse de la política interna del país y de que su ocupante de turno haya
dejado de ser la segunda persona con más poder en el país.
Esa desvalorización del segundo puesto en el gobierno no
le hace bien a la gobernanza del país y tampoco a la ex ministra, quien venía
de hilar una trayectoria respetable como jurista y ahora está cerrando su
trayectoria con penas y sin gloria alguna.
Porque sí avaló la “Ley Bonilla” el 1 de noviembre, al
decir que “ahorita acabo de hacer una declaración importante. Me dijeron ‘¿es
legal por cinco años?’ les dije ‘es legal porque la norma está vigente’”.
Además, Bonilla no se mandaba solo, y contó con el
cabildeo de funcionarios y ministros: la Corte desechó dos controversias en su
contra de los municipios de Tijuana y Mexicali, con el voto de los ministros
Yasmín Esquivel y González Alcántara.
Esquivel es esposa de José María Riobóo, uno de los
contratistas más cercanos al jefe del Ejecutivo, y González Alcántara encabezó
el Tribunal Superior de Justicia del DF cuando el actual mandatario fue jefe de
Gobierno (2000-2005).
Pero algo parece roto en los vínculos de Bonilla con un
gobierno al que ayudó a ganar la presidencia aportándole millonarios recursos
económicos como dueño de televisoras, radioemisoras y empresas inmobiliarias,
comerciales e industriales.
Y lo dejaron morir en la orilla.
