La secretaria de Gobernación


Rubén Cortés


Aunque, por ser íntimos amigos, es el gobierno el que paga el costo del palo a la “Ley Bonilla” en la Corte, algo sucedió este año para que desde el gobierno dejaran de cabildear a favor del gobernador de Baja California, y pudiera hacer fraude a la Constitución.

Tan encaminado iba el cabildeo que la secretaria de Gobernación (y ex ministra de la Corte) adelantó el 1 de noviembre que el gobernador ganaría: dijo en púbico que la intentona de reelección era “legal porque la norma está vigente”.

Y, sí: ayer finalmente la Corte declaró inválida la “Ley Bonilla”, que había ampliado el mandato del gobernador de dos a cinco años, con una “consulta” ilegal: la marca de la casa en este gobierno para hacer lo que desea, en nombre del “pueblo”.

La secretaria alega ahora que su declaración sobre la legalidad de la “Ley Bonilla” era “un esgrima jurídico”: entonces a ella también la Corte le dio no uno, sino tres palos, para que se acuerde de la ley, pues la resolución de ayer deja claro que hubo violación:

1.- A los principios de democracia

2.- A los principios de certeza electoral

3.- A los principios que prohíben el fraude a la Constitución

Como sea, la “Ley Bonilla” demostró la tremenda devaluación que vive la Secretaría de Gobernación en la 4T, al dejar de encargarse de la política interna del país y de que su ocupante de turno haya dejado de ser la segunda persona con más poder en el país.

Esa desvalorización del segundo puesto en el gobierno no le hace bien a la gobernanza del país y tampoco a la ex ministra, quien venía de hilar una trayectoria respetable como jurista y ahora está cerrando su trayectoria con penas y sin gloria alguna.

Porque sí avaló la “Ley Bonilla” el 1 de noviembre, al decir que “ahorita acabo de hacer una declaración importante. Me dijeron ‘¿es legal por cinco años?’ les dije ‘es legal porque la norma está vigente’”.

Además, Bonilla no se mandaba solo, y contó con el cabildeo de funcionarios y ministros: la Corte desechó dos controversias en su contra de los municipios de Tijuana y Mexicali, con el voto de los ministros Yasmín Esquivel y González Alcántara.

Esquivel es esposa de José María Riobóo, uno de los contratistas más cercanos al jefe del Ejecutivo, y González Alcántara encabezó el Tribunal Superior de Justicia del DF cuando el actual mandatario fue jefe de Gobierno (2000-2005).

Pero algo parece roto en los vínculos de Bonilla con un gobierno al que ayudó a ganar la presidencia aportándole millonarios recursos económicos como dueño de televisoras, radioemisoras y empresas inmobiliarias, comerciales e industriales.

Y lo dejaron morir en la orilla.

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