Carlos Ramírez
Como no había ocurrido antes, el gobierno
lopezobradorista debería aprovechar la recomendación de la Coparmex y del
Consejo Coordinador Empresarial para una segunda convención nacional hacendaria
y adelantarse presentando una reforma fiscal de veras, integral, como
instrumento redistribuidor del ingreso y la riqueza y con cargas para imponerle
contribuciones a la plusvalía o riqueza personal/empresarial derivada de la
producción.
En las propuestas empresariales existe, en efecto, la
realización de convención nacional hacendaria. Y el punto es fundamental: todas
las crisis económicas desde 1970 han obedecido a una crisis fiscal del Estado,
es decir, cuando los ingresos pierden el equilibrio con los gastos y la
economía funciona con déficits presupuestales que presionan la inflación y ésta
siempre deriva en devaluación.
Ahora mismo la estrategia del presidente López Obrador
para atender a damnificados por el coronavirus se ha enfrentado a un tope en
los ingresos y, de paso, a un desorden en los gastos. Por lo tanto, el dilema
ha sido atender sólo a un segmento de la sociedad o aumentar los ingresos
fiscales; la respuesta está a la vista; apoyos sólo a los grupos más
vulnerables y rascar un poco más dinero fiscal hasta debajo de las piedras
presupuestales.
La única convención nacional hacendaria la propuso el
presidente Fox en 2004 y su secretario hacendario Francisco Gil Díaz, pero sus
resultados fueron bloqueados por los empresarios: rechazaron cualquier impuesto
a su riqueza o a sus utilidades. En 1971, luego que de manera sorpresiva
presentó sin consultar a sectores una ley de reforma fiscal, el presidente
Echeverría enfrentó una respuesta agresiva de la Coparmex. Ayer como hoy, los
empresarios quieren una ley fiscal que le cobre impuestos “a los bueyes del
compadre”.
Pero ahora que la Coparmex y el CCE piden convención
nacional hacendaria, la respuesta gubernamental debiera ser una ley de reforma
fiscal que eleve la carga fiscal de 26% a 35%, el promedio de países de la OCDE,
pero de la mano de una reforma en la estructura del gasto para eliminar
irregularidades, entre ellos los pasivos del Fobaproa-IPAB que se siguen
cargando al presupuesto. No puede existir un país que tienen a quince ricos que
tienen una fortuna del 12% del PIB contra el 10% de las familias pobres que
apenas llegan al 2% del ingreso nacional. Y tampoco debe darse el hecho de que
el empresario más rico de México, Carlos Slim, haya ganado la concesión para el
segundo tramo del Tren Maya.
El fisco debe ser el instrumento de equidad social y de
redistribución de la riqueza. Las políticas sociales son responsabilidad del
Estado, pero un gobierno no puede atender un país con 80% de mexicanos que
viven con una a cinco carencias sociales y desarrollar proyectos de
infraestructura, pues el dinero que se tiene no alcanza para todo.
La crisis fiscal del Estado, casi cuarenta años de
gobiernos neoliberales que promovieron la desigualdad social y la concentración
del ingreso por políticas fiscales empresariales y un gobierno posneoliberal
serían el escenario ideal para una reforma fiscal que se convierta, con
controles legislativos y sociales en gasto, en la promotora de políticas
sociales y de desarrollo para salir del hoyo recesivo de 2% de PIB promedio de
1983 a 2018.
Lo malo es que la Coparmex y el CCE quieren hoy una
convención hacendaria para bajar los impuestos y aumentar la riqueza
empresarial y personal y no para una verdadera política de desarrollo social
del Estado para combatir de manera seria y consistente la marginación y abatir
la desigualdad de 80% de pobres y 20% de ricos.
ENCUESTAS. Para los que se mueven en función de
encuestas, hay dos que merecen una explicación; la de El Financiero coloca la
aprobación presidencial arriba de 60% y la de Consulta Mitofsky en El
Economista mostró ayer la recuperación de la línea de flotación de 50% de
aprobación, pero en medio de la peor oleada de críticas mediáticas a Palacio
Nacional. La primera lectura a botepronto indicaría que el mensaje presidencial
ocupando medios ha sido eficaz, al margen de si lo declarado es efectivo o no.
Política para dummies: En política funciona la técnica ya
olvidada del judo: aprovechar el impulso del adversario para derribarlo.
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