Raymundo Riva Palacio.-
Fátima era mujer, niña y pobre. Y sus padres, según las
autoridades, tenían problemas mentales. Cuando desapareció y presentaron la
denuncia, no hicieron nada en la fiscalía de Xochimilco. Tuvieron que cruzar la
ciudad para presentarla en Azcapotzalco, pero ni aún así se activó la Alerta
Amber. Pasaron 24 horas, esas críticas 24 horas que dicen los investigadores
son cruciales para resolver casos, para que comenzaran a hacer algo las
autoridades. Avanzaron los días con Fátima desaparecida. Cuando preguntó la
prensa por ella el viernes pasado a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, respondió con un “ahora no”. Cuando le estalló en las manos
su asesinato, del “ahora no” su gobierno pasó a culpar indirectamente a la
familia de ser la responsable del crimen. Así es en este México al revés. Que
la privaran de su libertad, tiraran sus dientes a golpes y la mataran, era
permisible. Era mujer, niña y pobre.
Fátima es un dolor con nombre y apellido, pero también un
manotazo que recuerda que este fenómeno criminal ha sido soslayado, minimizado
y mal tratado por las autoridades. Contra su propia idea del problema,
Sheinbaum resistió las demandas de que decretara una alerta de género, hasta
hace 84 días, aunque sólo lo hizo por violencia sexual, resistiéndose a pedirla
por feminicidio. No se comprende porqué. El año pasado hubo poco más de mil 300
desapariciones de mujeres y niñas en la ciudad que gobierna. De ellas, 898
todavía no han sido encontradas. Si el problema es tan grave, ¿por qué no ven
su dimensión?
Políticos de marquesina y reflectores, de tinta y de
papel, reaccionan hasta que quedan atrapados en polémicas y conflictos, a los
que los lleva su falta de empatía con las víctimas y su tardía reacción para
enfrentar los problemas que les saltan. Le tiene que explotar una crisis en las
manos para que, llenas de fuego, traten de apagarlo. Hoy, lo primero fue buscar
la justificación ideológica. “El feminicidio es culpa del neoliberalismo”, fue
el primer brinco. Como no pegó, cercanos al presidente Andrés Manuel López
Obrador, trataron de desviar el caudaloso cauce de la crítica. Trazaron
analogías con la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, donde murieron 49
niños en 2009 y se había exonerado a 22 inculpados hasta que la presión de la prensa
ayudó a la condena de 19, y culparon al mítico Grupo Atlacomulco por el
feminicidio… en el estado de México. Al final, como siempre, era culpa de la
“prensa corrupta”, que hace del desabasto de medicinas, las desapariciones y
los feminicidios “un circo”.
Politizar el feminicidio, como hacerlo con las estancias
infantiles, el desabasto de medicinas o la inseguridad, es un callejón sin
salida. No conduce a nada salvo a estrellarse con sus propias realidades. La
incapacidad tiene el spin presidencial del ataque a las fuerzas del mal que
actúan contra su gobierno y el de su protegida, pero al final del día el
problema que afecta a personas que defienden lo suyo, sin color partidista ni
filiación ideológica, los vuelve a acorralar. El feminicidio va a perseguir a
las autoridades si no toman acciones concretas. Personas afines al proyecto de
López Obrador, alejadas de lo planfetario y de la búsqueda de unicornios azules
pintados de azul y de verde, blanco y rojo, han estado recomendando al
presidente que atienda el problema en su justa dimensión y con la prontitud que
exige el caso.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio, dice que se tiene que romper la cadena de
impunidad. El caso de Fátima sería un buen comienzo. En su escuela se ignoró el
protocolo que les impiden entregar a un menor a quien no está autorizado para
ello. Si la madre se tardó 20 minutos en recoger a Fátima, ¿por qué se lo
entregaron a otra persona? El protocolo indica que si no se presentan por el
menor, lo lleven a la Fiscalía local para minimizar el problema de la trata. Si
no atendieron la denuncia con la velocidad que se establecía, el siguiente
eslabón de responsabilidad también debe ser investigado y agotado. Si las
cámaras policiales no funcionaban, ¿por qué tampoco se buscaron inmediatamente
las imágenes de las cámaras privadas? Si la fiscalía tardó más de 24 horas en
actuar, ¿qué autoridad fue omisa o negligente? Si todo esto no está conectado
con una cadena de irregularidades que deberían conducir a sanciones, entonces
la línea de investigación podría tocar las componendas entre autoridades y
delincuentes.
Estrada dice, a contracorriente de la línea de
pensamiento que siguen algunas autoridades, que los feminicidios no son de
autoría de locos, sino de abusadores, controladores y tratantes de personas. La
Ciudad de México es parte del corredor de trata que incluye dentro de su eje
negro a Tlaxcala, Hidalgo y el estado de México. La solución, por tanto, no
sólo en esta región sino en el país, tiene que ser integral y transversal, en
donde se combata las raíces del feminicidio, que se encuentran en la
desigualdad de género. Una estrategia requiere, como lo han sugerido diferentes
expertos en el mundo, empoderar a las mujeres, remover las restricciones para
mejores servicios de salud, transporte seguro, erradicación de la segregación
sexual, y abrirles las oportunidades para que puedan adquirir activos.
Las dos grandes vertientes van juntas. Combatir la
impunidad y romper los círculos criminales de la trata, y el diseño de una
política pública que combata al feminicidio, con instrumentos, no con retórica
ni demagogia desgastada. Fátima era mujer, niña y pobre. Pero es una vileza de
los moralmente miserables, que su crimen, ícono de un problema incontenible,
sea tratado con desprecio institucional.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
Twitter: @rivapa
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