Ricardo Alemán.-
La doble moral de los gobiernos federal y de la capital
del país; así como del partido Morena y de sus legisladores está a la vista de
todos, frente a la epidemia imparable de feminicidios.
1.- Le exigen al presidente un pronunciamiento sobre la
epidemia feminicida y, de manera grosera, descalifica el tema porque, en su
opinión, lo importante es la rifa del avión.
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2.- La represión oficial, con gas pimienta, es la
respuesta en no pocos de los reclamos legítimos de los movimientos feministas
que se han movilizado en distintos lugares del país y diversos momentos.
3.- En esas movilizaciones, “manos negras” –presuntamente
del oficialismo–, han sembrado “encapuchadas” adiestradas para vandalizar y,
con ello, desacreditar la protesta contra los feminicidios.
4.- En medio del ridículo total, “paleros” sembrados en
“las mañaneras” son mandados a descalificar las preguntas formuladas al
presidente, sobre la epidémica feminicida. Es decir, desde la vocería
presidencial se descalifica la protesta ante el presidente, en tanto que el
discurso es ramplón, fofo, superficial y abstracto.
5.- Decálogo ridículo que se resume en tres palabras
“¡Respetar a las mujeres!” Sin embargo, en su ridícula improvisación, López
Obrador nunca dice cómo se comprometerá a hacer cumplir el decálogo, no dice
con qué instrumentos, qué programas y cuál presupuesto. Demagogia pura.
6.- Pero existe una doble moral aún mayor; la exhibida
por la señora Claudia Sheimbaun, jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien
arrogante no sólo descalifica la protesta callejera sino que utiliza la
represión, el gas pimienta, la macana y los palos, contra las mujeres; aquellas
a las que prometió defender.
Lo cierto es que resulta de tal magnitud el escándalo del
feminicidio de Ingrid y es tal la impunidad y la carencia de acciones oficiales
que la propia ONU ya se pronunció contra esa impunidad y esa indolencia.
Pero el problema va más allá; el problema confronta al
interés público de la información y el interés público de la eficacia de la
autoridad.
Y es que, con toda razón, a muchas y muchos ciudadanos
–feministas o no– les molestó la difusión de imágenes del crimen de Ingrid, a
quien su esposo mató mediante una crueldad impensable e inadmisible.
Si, tienen razón quienes, indignados, reclaman no
victimizar por segunda ocasión –con la difusión de la crueldad criminal–, a
miles de víctimas de la creciente epidemia de feminicidios en México.
Sin embargo, esas “buenas conciencias” que se dicen
ofendidas por la máxima exhibición de un feminicidio –y de las imágenes de una
patología que es global–, también olvidan que esconder la basura bajo la
alfombra y ocultar las tragedias y los horrores de la condición humana, no
lleva a la desaparición de la vileza contra hombres y mujeres y, sobre todo, no
evita el horror que viven millones de mujeres que son asesinadas en México y el
mundo.
Es decir, el problema no sólo está en la exhibición de la
crueldad de las imágenes de un feminicidio intolerable –por donde se le quera
ver–, sino que lo verdaderamente intolerable son la impunidad ante la
violencia, en general, y la casi nula reacción oficial frente a la epidemia
criminal contra mujeres a quienes golpean, ofenden y matan maridos, novios o
amantes criminales.
El interés público de conocer sobre un crimen atroz, va
más allá de lo que pueden o no exhibir los medios y de lo que pueden ver los ciudadanos;
el interés público de fondo está en la responsabilidad mediática de dar la
máxima publicidad a la doble moral oficial, tanto del presidente Obrador, como
de sus gobierno, su partido, sus legisladores y toda su claque.
En efecto, para muchas y muchos es ofensiva la difusión
de imágenes de mujeres masacradas por la violencia de género, pero otros tanto
olvidan que la mayor ofensa esta en la apatía oficial, del gobierno todo; del
partido en el poder, de sus legisladores y, sobre todo, del presidente Obrador.
Sí, la sociedad toda –incluidos los medios–, están
obligados a respetar ordenamientos como la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia y la Ley Federal de Telecomunicaciones, mientras
que las autoridades deben respetar los protocolos policial y pericial para el
delito de feminicidio y para evitar la filtración de imágenes y declaraciones
ilegales.
Pero esa misma sociedad no puede olvidar que son las
autoridades municipales, estatales y la autoridad federal la principal
responsable de aplicar políticas públicas de prevención, educación y castigo a
la violencia de género.
La sociedad no puede olvidar que una autoridad represora,
indolente y que estimula la impunidad contra los feminicidios, no puede
utilizar ese crimen para establecer políticas públicas de censura y persecución
de los medios.
No podemos caer en la doble moral oficial, para
justificar la represión a las mujeres, a los medios y la censura. Y es que
cuando un gobierno autoritario le impone a la sociedad un decálogo de conducta,
cuando le dicen qué debe ver y ante qué debe cerrar los ojos, entonces estamos
ante una dictadura.
Al tiempo.
