Raymundo Rivapalacio.-
El crimen organizado se está burlando del presidente
Andrés Manuel López Obrador. Ha convertido sus frases coloquiales y sus
amenazas a criminales de acusarlos con sus mamás y abuelitas, en un búmeran que
pone en entredicho su compromiso de garantizar la seguridad de los mexicanos.
Tendrá que aprender a no hablarles así a los criminales –porque la realidad lo
empuja al ridículo-, y que tampoco se les extiende un salvoconducto de
impunidad con la promesa de que no los combatirá, porque lo que sucedió en
Coatzacoalcos y Minatitlán, en Aguililla y en Iguala, que revivieron las
matanzas en este país, se incrementará en tanto los delincuentes vayan tomando
mayor conciencia que su único enemigo es la organización criminal rival, porque
el gobierno les cedió la plaza.
La matanza de policías estatales en Aguililla puso al
gobierno federal en una crisis originada por su incompetencia. Más de 30
personas armadas emboscaron a 42 policías y les dispararon con R-15 y AK-47,
fusiles de asalto que no tienen los cuerpos de seguridad civiles. Los R-15 son
de uso reglamentario del Ejército; los AK-47, no los usa ningún cuerpo de
seguridad en el país. Por definición, la Fiscalía General debió haber atraído
el caso de manera automática, al haberse utilizado ese tipo de armamento. No lo
ordenó el presidente y nadie se movió. Un día después, otra matanza, pero ahora
realizada por militares, se dio a 670 kilómetros, en Iguala, donde abatieron a
13 presuntos delincuentes de una manera, cuando menos, oscura.
La decisión presidencial de no confrontar a los grupos
criminales, menos aún combatirlos sistemáticamente -en Iguala se cruzaron con
ellos-, se va a convertir en el misil contra su popularidad y aprobación. A
López Obrador le importan mucho las encuestas –quizás es el presidente que más
apegado a ellas ha gobernado-, pero las está leyendo mal. El que los mexicanos
no quieran violencia y critiquen las estrategias de los gobiernos de Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto, no lo debe llevar a la esquizofrenia.
Se queja de las dos formas de enfrentar a las
organizaciones criminales, pese a que sus estrategias fueron totalmente
distintas. Calderón las enfrentó y se elevó la violencia hasta mayo de 2011,
cuando comenzó su inflexión y caída. Peña Nieto se benefició de la inercia,
pero al no confrontarlos, en tres años la violencia creció a niveles nunca
antes vistos, otra tendencia alcista que heredó al nuevo gobierno.López Obrador
critica a los dos y escoge el camino de Peña Nieto. Su gobierno se parece mucho
al que le precedió, donde la seguridad está en manos de quien no sabe nada de
seguridad.
Pero está peor que el de Peña Nieto. Arturo Durazo,
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, tiene la responsabilidad de la
Guardia Nacional, pero el mando operativo, la doctrina y sus integrantes,
dependen de la Secretaría de la Defensa. Pero el secretario de la Defensa, el
general Luis Cresencio Sandoval, no está a cargo de la estrategia, o mejor
dicho, de la ausencia de ella. Es decir, quienes saben operar en campo, ponen
la gente, las armas y el prestigio, están al margen del diseño de la
estrategia, y quienes les ordenan qué hacer, desconocen cómo hacerlo.
El presidente no sabe nada del fenómeno, pero habla todo
el tiempo de él. No se involucra y exige, correctamente, que los responsables
den buenos resultados. Pero en estos momentos, no se sabe cuáles son los
resultados que quiere. Su definición de victoria para revertir el estado de
cosas en el tema de la seguridad, es devolver la paz y la tranquilidad a los mexicanos,
mediante dos acciones: prevención y actos de fe. La primera carece de recursos.
No hay dinero para construir una Guardia Nacional –sólo hay salarios
presupuestados para siete mil guardias-, ni tampoco para equipamiento. El
dinero para programas sociales para incorporarlos a la vida legal, se ha
reducido en el presupuesto porque no hay recursos. La segunda es una broma.
“Abrazos, no balazos”, es una frase bonita que no tiene nada que ver con una
política pública de seguridad.
López Obrador ha dicho que no han podido hacer las cosas
como querían hacerlo de rápido porque les dejaron un tiradero en el tema de
seguridad. Es cierto, y lo supieron durante la transición, pero aún así optaron
por tirar todo lo que se construyó en el pasado, como lo que quedaba de
Plataforma México y los servicios de inteligencia civil, para sustituirlos por
nada. Incurrió el presidente en el mismo error trágico de Peña Nieto, al pensar
que todo lo pasado era falso, estaba podrido y debían tirarlo a la basura. Las
únicas armas reales que tiene el presidente en sus manos son la retórica y su
discurso amable, eficiente en la gradería, pero calamitoso para bajar la
inseguridad. Debe recordar que hoy, los muertos ya no son de Calderón ni de
Peña Nieto. Los muertos son de él, de su gobierno y de su incapacidad para
desarrollar una estrategia de seguridad.
La soberbia, la marca del nuevo gobierno, está cobrando
su cuota. Hasta hace unas semanas, varios de los colaboradores más influyentes
de López Obrador decían que todo estaba bajo control, el plan de rescate de
Pemex, la economía y la seguridad. Hoy vemos que al plan de rescate de Pemex le
han tenido que seguir inyectando recursos porque no sale, la economía está
estancada y en el umbral de entrar en recesión, y la seguridad, como lo peor de
todo. La ineptitud se convirtió en el lastre que lo está hundiendo en un mar
que desconoce, aunque el presidente siga pensando que su política de palabra
cristiana es suficiente para parar las balas y las matanzas. Así, no va a poder
con la violencia.
