Iovanni Luna/ Pregón de Oaxaca
En Sesión las y los Diputados Federales con 420 votos
favor, 29 en contra y 5 abstenciones, quitaron el fuero constitucional al
Presidente de la República, mismo que ya podría ser acusado por diversos
delitos graves, como lo son la corrupción y delitos electorales; solamente que
la modificación no los incluye a ellos, como lo había propuesto en su minuta el
Senado de la República el pasado 26 de marzo.
El documento revisado y modificado por las y los
diputados –mismo que reforma los artículos 108 y 111 de la Carta Magna– fue
devuelto al Senado de la República para su análisis y posible ratificación. En
dicho documento Se establece que el jefe del Ejecutivo federal podrá ser
acusado y procesado penalmente por actos de corrupción, delitos electorales y
los señalados en el artículo 19 constitucional.
Los delitos a los que se refiere el artículo 19 son:
delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de
personas y delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos,
delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación
(genocidio, financiamiento a organizaciones terroristas, bloqueo de actividades
de inteligencia, entre otros), del libre desarrollo de la personalidad (por
ejemplo, corrupción de menores de edad, turismo sexual en contra de menores de
edad) y de la salud (narcotráfico).
Actualmente, el artículo 108 indica que el Presidente de
la República “sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves
del orden común”.
El Senado de la República aprobó la minuta el pasado 26
de marzo, por lo cual la turnó a la Cámara de Diputados, donde fue dictaminada
por la Comisión de Puntos Constitucionales, para ser presentada ante el Pleno y
la cual modificó para dejarla en los términos de la iniciativa del Ejecutivo
federal.
El Senado, en el artículo 108, había establecido que los
integrantes del Congreso de la Unión también podían ser acusados por estos
mismos delitos, lo cual se eliminó en la Cámara de Diputados; lo que podría ser
un acto de incongruencia por parte de las y los legisladores.
