Raymundo Rivapalacio.-
Las contradicciones no son lo único que tiene metido al
gobierno federal en un problema de difícil solución en el Caso Ayotzinapa. La
acotación que se pretende hacer en la nueva investigación, difícilmente podrá
ser lograda. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, abrió el
coliseo para ofrecer sangre a los mexicanos, al denunciar al ex procurador
general, Jesús Murillo Karam, y al ex jefe de la Agencia de Investigación
Criminal, Tomás Zerón, como responsables de un proceso que, por decisiones del
juez federal Samuel Ventura, fueron liberados 77 presuntos responsables del
crimen contra 43 normalistas. La Fiscalía General irá por ellos y puede llegar
a detenerlos incluso, pero echada la rueda a andar, no se podrá parar.
 |
| Alejandro Encinas. |
Encinas es la representación de esa contradicción. En
enero pasado, al instalar la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, dijo
que el punto de partida serían los informes del grupo independiente de expertos
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el equipo forense
argentino, que fue el primer grupo extranjero que trabajó con los padres de los
normalistas. Los dos concluyeron que varios testimonios claves habían sido
obtenidos mediante torturas, lo que violaba el debido proceso. La izquierda,
entre otros, elogió el trabajo y reiteró que había sido un crimen de Estado,
donde participaron soldados y policías federales.
En reconocimiento abierto del gobierno al trabajo del
grupo de expertos, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, nombró a su
secretario técnico, Omar Trejo, jefe de la Unidad Especial para el Caso
Ayotzinapa. Poco tiempo pasó para que en el nuevo el gobierno vieran que las
cosas no eran como las creían. Ni al presidente Andrés Manuel López Obrador ni
a Encinas, les gustó el rumbo de aquello que inicialmente celebraron cuando en
septiembre del año pasado, el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno de
Circuito, con sede en Reynosa, le dio el marco jurídico a la Comisión de la
Verdad que querían formar, y le dio la razón a tres presuntos culpables del
crimen, incluido Gildardo López Astudillo, “El Gil”, que los habían torturado
para auto incriminarse.
Ahora, el presidente y el subsecretario se quejan del
Poder Judicial, mostrando claro antagonismo con su postura de hace meses. No se
sabe cómo va a cuadrar las cosas Encinas, pero si la línea que persigue es
procesar solamente a Murillo Karam y Zerón, lo va a rebasar el caso. Si no
alcanza a ver el mediano y largo plazo de lo que inició, le faltarán brazos
para nadar a puerto seguro. Junto con el ala más beligerante alrededor del
presidente, acusó al 27 Batallón de Infantería, con asiento en Iguala, de
responsabilidad en el crimen, por lo cual debería llamar a declarar a su
entonces jefe, el coronel José Rodríguez Pérez. También al jefe de la 35ª Zona
Militar, el general Alejandro Saavedra Hernández, a quien el gobierno de
Guerrero le informó lo que estaba sucediendo, así como al ex subsecretario de
Gobernación, Luis Miranda, con quien el ex gobernador Ángel Heladio Aguirre
hizo lo mismo. No menos importante el jefe de la Zona Naval en Acapulco en ese
entonces, el almirante Rafael Ojeda, actual secretario de la Marina.
Y hay más. Alfredo Higuera Bernal, quien durante los dos
últimos años del gobierno de Peña Nieto tuvo a su cargo la investigación del
Caso Ayotzinapa, fue nombrado por Gertz Manero subprocurador especializado para
Investigaciones de la Delincuencia Organizada. También ratificó a Roberto Ochoa
como subprocurador de Procesos, responsable antes y ahora de revisar las
resoluciones de los tribunales y los cierres de instrucción. El actual jefe de
la Agencia de Investigación Criminal, que también depende de la Fiscalía, Vidal
Díaz Leal Ochoa, era el responsable de inteligencia de la PGR en los tiempos de
la desaparición de los normalistas.
Es decir, el gobierno de López Obrador cuenta con
personas que conocen a fondo el caso, la información y los contextos de cómo y
cuánto avanzó la investigación. En los archivos del Centro Nacional de
Inteligencia, antes el CISEN, deben estar las minutas del Grupo de Coordinación
Guerrero, donde se documentó la penetración de los grupos criminales Guerreros
Unidos y Los Rojos en las estructuras políticas de Guerrero, sin que se hiciera
nada a nivel federal. Esas minutas, que oficialmente no existen, podrán darle
al gobierno una idea muy clara del entramado político-criminal que se vivía en
2014, cuando desaparecieron los normalistas, aunque no les gustará. Esa red
corrupta y criminal involucraba a miembros del PRD, el PT y Morena, que tenían
relaciones estrechas con la corriente perredista de “Los Chuchos”, y con los
morenistas René Bejarano y Dolores Padierna. Un ex funcionario que participó en
esa reuniones reveló que las razones por las cuales nunca se procedió eran
“políticas”—no querían involucrar a la izquierda con el crimen contra los
normalistas.
Este mapa de vínculos sobre los funcionarios y ex
funcionarios que sabían lo que sucedía en Guerrero, lo que pasó aquella noche
en Iguala en septiembre de 2014 y su investigación, perfila la trampa en la que
se metió Encinas con sus palabras ligeras. A menos, claro, que como demanda el
núcleo duro de López Obrador, lleve al paredón político a miembros del Ejército
y de la Marina, a comandantes de la Policía Judicial, a tres administraciones
de la vieja PGR, a quienes Gertz Manero recicló, y a líderes de su coalición de
gobierno, para documentar lo que han dicho durante cinco años, que fue “un
crimen de Estado”. Estos nudos no serán fáciles de deshacer. Menos aún, de
encontrar la verdad legal a lo que sucedió con los jóvenes sin ahogarse en sus
contradicciones.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
