Pablo Hiriart.-
Morena quiere votar antes del 20 de octubre en la Cámara
de Diputados la ley que equipara a la evasión fiscal con crimen organizado, y
los dirigentes empresariales no quieren ver en su justa dimensión la gravedad
del caso.
Callan por miedo o por una ilusa prudencia, pues cuando
quieran protestar será demasiado tarde.
Lider COPARMEX |
Esa ley no es sólo contra la evasión, sino contra la
libertad y la iniciativa privada.
Con habilidad retórica y ayuda de medios de comunicación,
el gobierno quiere hacer pasar esa ley como un freno “a las factureras”, es
decir, contra los fabricantes de facturas apócrifas que permiten deducir
impuestos.
No es así. Eso es la fachada. Y los líderes empresariales
lo saben y callan.
Al poner evasión fiscal en la misma canasta de delitos
graves como narcotráfico, huachicol y crimen organizado, la sospecha o denuncia
de fraude al fisco con dolo por 7.5 millones de pesos hacia arriba será cárcel
automática, antes de iniciarse el juicio.
Y de acuerdo con la nueva ley de Extinción de Dominio,
los bienes de los acusados por delitos graves podrán ser incautados y rematados
por el gobierno antes de que concluya el juicio.
Es un atropello monumental meter a la cárcel a un
empresario por la sola sospecha de evadir al fisco, o por una denuncia de un
tercero.
Peor aún es que le quiten los bienes sin importar su
procedencia lícita, y se los rematen antes de ser declarado culpable.
Si resulta inocente no le devuelven sus propiedades, sino
un monto similar al valor comercial de lo que le remataron.
“Pero es que esa casa no la quería vender porque es
herencia de mi abuelo a mi padre y de él a mí y yo se las quiero dejar a mis
hijos”, podrá alegar el despojado al ser declarado inocente.
No hay vuelta de hoja. Los bienes se vendieron y
confórmese con los tres pesos que le da el gobierno por la casa familiar.
Esa monstruosidad ya se votó en la Cámara de Senadores,
con el voto en contra de PAN y PRI, y esta semana se discutirá y votará en
Diputados.
Después no habrá derecho al pataleo.
Los dirigentes empresariales más destacados han guardado
un inexplicable silencio, teniendo la fuerza para frenarla.
No se trata de romper lanzas contra el gobierno y
declararle la guerra, sino de hacer valer el peso que en toda sociedad
democrática tiene el sector productivo.
En el presupuesto para el próximo año viene una drástica
caída de la inversión del gobierno, de entre -5.4 y -5.9 por ciento.
Lo anterior quiere decir que las expectativas de
crecimiento económico estarán basadas en lo que haga el sector privado.
¿No es esa una herramienta poderosa para exigir garantías
básicas?
Por ejemplo, no ser tratados como delincuentes,
encarcelados con prisión oficiosa y despojados de sus propiedades por la
sospecha de un empleado del gobierno de Morena, y no por el fallo de un juez.
Le están pidiendo todo y la IP no pide nada a cambio. Ni
en defensa propia. Ni respeto.
Esos pasos de tiranía deben frenarse ahora. Después no se
va a poder.
Los dirigentes empresariales, ¿no van a defender la
presunción de inocencia cuando está a unos días de abolirse en la Cámara de
Diputados?
¿No van a defender la propiedad privada?
¿Qué clase de líderes empresariales son?
Muy bien que se reúnan catorce o quince veces con el
Presidente y salgan felices.
Así son todos los presidentes y esa es su chamba: agradar
y hacer sentirse bien a su interlocutor en corto. Por eso llegaron donde llegaron.
Pero de ahí a creerles lo que dicen es otra cosa.
Luego vienen los filtros: los secretarios de Estado, los
grupos a su alrededor, los equilibrios de fuerza dentro del conglomerado
gobernante, la ideología, la almohada, el olvido porque hay otras prioridades,
etcétera.
Alfonso Romo y los dirigentes empresariales salen orondos
después de cada café con el Presidente, y anuncian que sí va el aeropuerto de
Texcoco, que regresan las rondas petroleras, que la CNTE no tendrá injerencia
en las plazas de maestros, que seguirá la evaluación docente…
Puro cuento.
Las palmaditas en el hombro o una anécdota simpática les
hace olvidar con quién están tratando.
La realidad está en los hechos. Ahí, en el Congreso, por
ejemplo.
Los van a meter a la cárcel por sospecha de fraude
fiscal, si no se alinean con el gobierno o se les ocurre apoyar a la oposición.
También les quitarán los bienes a quienes caigan en
desgracia política, aunque sean inocentes.
Y no será ilegal, porque lo van a aprobar los diputados,
como ya lo hicieron los senadores.
Estarán los votos en contra de PAN-PRI-MC y PRD, pero el
sector privado no habrá dicho ni pío.
Sus dirigentes volverán a Palacio Nacional donde
recibirán las seguridades de que la ley no se aplicará arbitrariamente.
Más café, y saldrán convencidos de que tienen de su lado
a López Obrador.
Pobres de ellos.
Pobres de sus agremiados.
Qué tristeza por el país.