Raymundo Rivapalacio.-
El primero de septiembre el presidente Andrés Manuel
López Obrador incumplió su promesa de amnistía para procesados y sentenciados
por delitos relacionados con el narcotráfico. Iba a ser presentada en el
Congreso como una iniciativa preferente para que fuera discutida y con
seguridad, dada la mayoría de su partido, aprobada en un mes. Ya nadie ha dicho
nada de tan polémica propuesta, lo que era un retorno a la sensatez. Sin
embargo, en los hechos, tampoco parece necesaria.
El crimen organizado se mueve impune por el país,
disputando territorios con sus adversarios, movilizando comunidades para vejar
a militares y policías federales, y generando con esas imágenes la sensación de
ingobernabilidad. Desde febrero, cuando el presidente anunció en Palacio
Nacional “el fin de la guerra contra las drogas”, las condiciones han cambiado
para los cárteles. Sus líderes tienen extendida una especie de salvoconducto
con la afirmación de López Obrador que “no se han detenido a capos porque no es
nuestra función principal”, con lo que sus márgenes de operación deben haberse
ampliado sustancialmente.
Las frases no ayudan al presidente. Si su intención era
despresurizar a una sociedad en zozobra por la violencia, el discurso quedó
rebasado. Si el propósito es minimizar el fenómeno, la incidencia delictiva lo
ha derrotado. Pero López Obrador no ceja. El fin de semana en una gira por
Tamaulipas, donde días antes las gasolineras se negaron a reabastecer de
combustible a los soldados y policías federales por amenazas del crimen
organizado, López Obrador envió un mensaje a los criminales para que se
desistieran de ello.
“Amenazaron a este grupo de gasolineros de que no
vendieran al Ejército y la policía, están mal, así no es la cosa”, les dijo el
presidente. “Yo los llamo a que recapaciten, que piensen en ellos, pero sobre
todo en sus familias, en sus mamás, en sus mamacitas”.
La dulzura con la que les habla y la ausencia de una
estrategia para combatir integralmente al crimen organizado, los empodera. En
su gira tamaulipeca lo estaban esperando con pancartas de bienvenido miembros
de la “Columna Cívica general Pedro José Méndez””, una escisión de la “Columna
Armada Pedro J. Méndez”, vinculada al Cártel del Golfo, con quien su gobierno
había tenido contactos. La ruta cambió para que no se topara con ellos, pero el
comité de recepción habla por sí mismo del ánimo hacia el presidente por parte
de esos grupos. En la campaña presidencial fue detenido en un retén de
narcotraficantes, y dejado pasar sin mayor problema al identificarse.
¿Quiere decir que hay un pacto del gobierno con el crimen
organizado? Hasta donde se conoce, no hay tal. Pero la política de dejarlos
pasar y dejarlos hacer, construye una relación funcional para los criminales.
El propio presidente, en un uso caprichoso de conceptos para justificar la no
acción contra ellos, ha dicho que el Ejército no será utilizado para “reprimir”
criminales. A quien delinque se le aplica la ley, y si es necesario, por la
fuerza. Eso no es reprimir, sino cumplir con la obligación de un gobierno. No
aplicar la ley contra un criminal es incumplir con la ley y la responsabilidad
de una autoridad.
Esta actitud pasiva, tolerante y por omisión, cómplice,
ya ha sido notada. El nuevo embajador de Estados Unidos en México ha recibido
informes donde le mencionan esta política del gobierno de López Obrador, que
afectan o pueden afectar intereses económicos de ese país en México. Los jefes
de la DEA y el FBI han visitado al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, en
sus oficinas en México para discutir estos temas, que han sido mantenidas en secreto
por el gobierno. El secretario de Estado Mike Pompeo, ha discutido ampliamente
con el canciller Marcelo Ebrard sobre el trasiego de drogas por México a
Estados Unidos. La presión, por lo pronto, a nivel de insistencia en las
conversaciones, está creciendo.
El gobierno de Estados Unidos ha donado equipo a la
Policía Federal y a las Fuerzas Armadas, y les ha dado entrenamiento para
interceptar cargamentos de droga y erradicación de cultivos de amapola, sin que
las estadísticas muestren un cambio en la tendencia. Desde mayo el presidente
Donald Trump se ha referido en cuando menos dos veces al tema del narcotráfico
y su poder en México. A López Obrador se le van a seguir enredando los temas
con la Casa Blanca si no hay ajustes en sus políticas y, de inmediato, en sus
discursos.
La lógica de López Obrador, según personas que han estado
en sus discusiones, es que si no combaten a los cárteles la violencia se
reducirá –como se ha señalado varias veces en este espacio, esa fue la
estrategia en el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto y fue un rotundo
fracaso-, y que la droga que ellos lleven a los consumidores de Estados Unidos,
no es problema de México, sino de Trump. Esta racional es simplista y las cosas
no funcionan de esa manera. El problema es bilateral, aunque por la asimetría
entre los dos países, la carga del combate al narcotráfico siempre recae en
México. El consumo no es único de Estados Unidos, y desde 1996, al pagar en
especie los cárteles colombianos el trasiego, existe un mercado interno.
Cerrar los ojos a la actividad de los cárteles o voltear
a ver a otro lado mientras producen, comercializan, distribuyen y transportan
su droga, es un error. Querer evangelizar a los criminales es un acto
cristiano, pero no de gobierno. Su actitud los empodera y su estrategia les irá
regalando territorio y control. Si su intención no es co-gobernar con los
cárteles de la droga, cuidado, porque eso es lo que está construyendo.
