A doña Elenita, mi madre
David Colmenares Páramo.-
Un tema sigue vivo: la búsqueda de la autonomía real de
las auditorías estatales, así como de otros organismos vinculados a la
fiscalización y a la transparencia presupuestal. La autonomía de gestión es
insuficiente en lo local y así lo muestran lamentablemente antecedentes que han
ocurrido, por ello habrá que avanzar en dar soluciones a los temas
presupuestales, de gobierno abierto, y en el fortalecimiento institucional.
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| David Colmenares. Foto: internet. |
Se han dado capítulos bochornos, que ya no queremos que
sucedan, pero que han pasado. Recordemos lo ocurrido hace algunos años en el
Congreso de San Luís Potosí, e indirectamente en la Auditoría Superior del
estado, en donde se difundió un video en el cual un diputado pretendía
extorsionar a un presidente municipal para la solventación de sus observaciones
pendientes en su cuenta pública. Ello provocó renuncias de los legisladores
involucrados y la dimisión del auditor superior del estado, cuyo nombramiento
terminaba hasta 2021. Lo que quedó fue una institución debilitada ante sus
fines y los ciudadanos.
Otro suceso fue la detención del auditor superior de
Chihuahua, cuyo periodo de gestión estaba próximo a terminar en 2017, quien
renunció meses antes de que concluyera su periodo, debido a acusaciones de usar
dinero de la auditoría para pagarse unas vacaciones, algo que pareció en
principio ridículo tratándose de un funcionario que conoce los mecanismos de
fiscalización. Antes del 13 de junio de 2017, en entrevista local había
señalado el fracaso del combate a la corrupción en Chihuahua. Habló también de
la impunidad de los diputados locales y calificó de nidos de corrupción al
sector salud, educación y obra pública.
Lo anterior nos permite comentar una inquietud
permanente, la de garantizar la independencia de los responsables de la fiscalización
local. Si bien el tiempo de permanencia desde 2008 de los responsables de la
fiscalización superior de las entidades federativas no puede ser
constitucionalmente menor a siete años, la realidad es otra. Los auditores
cuando cambian los gobiernos renuncian o los presionan para que se vayan antes
de lo previsto legalmente.
Por ello desde la Auditoría Superior de la Federación se
mantiene la preocupación respecto a la garantía de permanencia en el cargo de
los auditores superiores estatales, ya que se percibe que cada gobierno nuevo
quiere el auditor a modo. Por supuesto que hay excepciones.
Al respecto, en un informe de competitividad estatal
publicado en 2010, se presentó un cuadro sobre la permanencia de los tres
últimos auditores en cada estado. Con cifras de 2008, sólo tres auditores
terminaron su ciclo de 84 meses. Está en proceso la actualización de dicha
cifra; sin embargo, casi una década después, aún persisten amenazas a la
estabilidad laboral de los auditores estatales en algunas entidades
federativas.
Cuando ellos quieren trabajar bien y, son la mayoría, por
supuesto, algunos se enfrentan con la carencia de garantías reales de
independencia para su trabajo.
Hay muchas formas para forzar la renuncia si los
resultados de las auditorías no gustan políticamente, tales como la restricción
presupuestaria o el acoso político y mediático; eso ha sucedido sobre todo en
los cambios de gobierno local.
Cabe comentar que ha habido algunos auditores que no sólo
han sido aliados políticos, sino subordinados de los gobiernos estatales,
llegando a hacer gestiones por ellos. Lo más grave es cuando alguno ha
participado indebidamente en procesos electorales, pero siempre se les detecta.
Ahí sí, nada que hacer.
Este panorama pone énfasis en la importancia reiterada de
la federalización de los auditores estatales, lo que implicaría garantizar una
independencia real y extender los alcances de la fiscalización superior,
aportando mejores resultados a la lucha contra la corrupción.
El autor es Auditor Superior de la Federación
