Raymundo Rivapalacio.-
La vida en Morelos no vale nada. Por cinco mil pesos, un
joven mató a dos personas, a plena luz del día, a un costado del Palacio de
Gobierno en el centro de Cuernavaca. Era una apuesta -la muerte o la cárcel
como alternativas opuestas- que jugó con la esperanza de huir. Fracasó en este
intento, pero tuvo éxito para subrayar las condiciones de inseguridad en ese
estado, donde el ecosistema de impunidad es parte del paisaje local. El
gobernador Cuauhtémoc Blanco declaró estar muy enojado, en una reacción emocional.
Tampoco hay que sorprenderse. Blanco llegó a la gubernatura no por su talento
político, sino como parte de una manipulación de políticos para hacerse del
poder, aprovechando la popularidad del ex futbolista por quien se volcaron en
las urnas. El desastre de Morelos, en ese sentido, es una culpa colectiva.
Blanco está gobernando un estado difícil, al ser parte
del corredor del narcotráfico que se extiende de la Ciudad de México hasta
Acapulco, que desde hace una década ha sido un botín disputado por
organizaciones criminales. Las autoridades estatales han identificado células
de cuando menos cinco grupos delincuenciales, de presencia nacional como el
Cártel Jalisco Nueva Generación, y local, como el Comando Tlahuica, enfocado en
el control del sistema de agua potable y el alcantarillado de Cuernavaca -un negocio
de 300 millones de pesos anuales-. También se encuentran los violentos grupos
regionales Los Rojos, Guerreros Unidos -que tiene una estructura y niveles de
operación que permiten considerarlo como un cártel-, y La Familia Michoacana.
Foto: internet. |
Morelos no era un estado de criminalidad atomizada, pero
la degradación en los sistemas de seguridad y un gobierno incompetente,
dispararon el fenómeno desde octubre de 2018, cuando Blanco llegó a la
gubernatura. Desde entonces, la espiral de inseguridad se volvió incontenible.
Se incrementaron los homicidios dolosos, el robo, los secuestros y las
extorsiones, particularmente en la zona sur del estado, donde personas que
conocen la entidad reportan que los alcaldes son víctimas preferidas de los
criminales, así como los comerciantes a quienes cobran derecho de piso. Si no
pagan, dicen estas personas, balacean e incendian los locales, o privan de su
libertad a los propietarios para asesinarlos como mensaje de escarmiento para
quien desee imitarlos.
Los homicidios dolosos, que son delitos de alto impacto,
crecieron 36% en el primer trimestre de este año, comparado con el mismo
periodo en 2018, y solamente entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, se
elevaron 10%, lo que refleja el desbordamiento del crimen ante la inoperancia gubernamental.
Morelos es el sexto estado donde más crecieron los homicidios dolosos, después
de Nuevo León (103.87%), Quintana Roo (71.79%), Tabasco (69.60%) Sonora (46.05)
y Jalisco 45.57. La organización Semáforo Delictivo llegó a contabilizar uno de
estos crímenes cada hora.
La alta incidencia delictiva supera los máximos
alcanzados en el gobierno de Graco Ramírez, que desató protestas y marchas.
Ello, pese a que la cifra negra de delitos es muy elevada. Según el INEGI, sólo
10 de cada 100 delitos son denunciados, ante la falta de confianza en las
autoridades y las pocas sentencias condenatorias. La mala gestión de Blanco es
el principal factor al que le atribuyen en Morelos la crisis de seguridad,
aunque el gobernador no es quien toma las decisiones de fondo, sino su jefe de
Oficina, José Manuel Sanz, que acompaña a Blanco desde que era alcalde de
Cuernavaca.
Sanz ha sido el arquitecto de la ruptura de la
coordinación entre las corporaciones de seguridad estatal y municipales, al
anular a las alcaldías al imponer un modelo donde el gobierno del estado
concentra todas las funciones de seguridad pública y tránsito, incluyendo los
ingresos derivados de las multas. El resultado ha sido el desinterés de los
alcaldes en cooperar en materia de seguridad o, como es el caso del presidente
municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos, de enfrentamiento total. Blanco no
tiene buena relación con él, a quien considera cercano al ex gobernador
Ramírez, y cuando no pudo impedir que tomara posesión en enero, cerró la Presidencia
Municipal y lo obligó a rendir protesta en la calle.
Los problemas políticos de Blanco, que se reflejan en el
resto de su gestión y del combate a problemas como el de la inseguridad, se
extienden dentro del gabinete y con sus aliados políticos. Uno de los choques
más significativos es con el fiscal -que asumió en el gobierno de Ramírez-,
Uriel Carmona Gándara, a quien ha buscado destituir, pero no ha podido negociar
su salida con el Congreso local. Esta falta de respaldo político está asociado
con otra disputa en la que se embarcó el gobernador actual con sus aliados de
Morena, y en particular con la presidenta nacional Yeidckol Polevnsky, con
quien se peleó públicamente.
Blanco es uno de los gobernadores más incompetentes, con
problemas de seguridad y gobernabilidad. Sin embargo, no es el principal
culpable del desastre en Morelos. Un partido local, el Social Demócrata, lo
hizo su candidato -reportes en la prensa morelense hablan que a cambio de siete
millones de pesos- para alcanzar el poder. Tras ganar la alcaldía se pelearon y
Blanco fue reclutado por Encuentro Social como su candidato a gobernador. Ese
partido le añadió el apoyo del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, y en
su conflicto con Ramírez, el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, también lo respaldó.
Blanco y Sanz están peleados con todos, sin encontrar
salida a los problemas. La inseguridad los devora, la ingobernabilidad crece, y
los responsables de que sea gobernador guardan irresponsablemente silencio, mientras
Morelos, que no parece importarle a nadie en la clase política fuera de
procesos electorales, se pinta de rojo.