David Colmenares Páramo.-
Confusión en muchos medios, de acuerdo con lo que les
mandaron sus enviados, cuando señalaron que el subsecretario de Hacienda
aseguró que esa dependencia planteaba volver a “crear” el impuesto a la
tenencia, el cual no ha desaparecido, el cual existe en un buen número de
entidades federativas.
Después de que desde 2008 se estableció que en diciembre
de 2012 desaparecería, se recomendó a los estados crear un impuesto con
características similares a la tenencia, o que hicieran las previsiones para
ajustar su gasto en función de los recursos que dejarían de recibir por la
administración de ese impuesto, que hasta entonces era un impuesto federal
cobrado por los estados, que se quedaban con el 100 por ciento de lo recaudado
en un acto llamado de colaboración administrativa en el marco del convenio
correspondiente en materia fiscal, debiendo compartir por lo menos el 20 por
ciento de lo recaudado con los municipios. Por supuesto, no se le consultó al
orden local, siempre el gran perdedor.
La decisión del gobierno de Calderón se originó en un
compromiso de campaña, pero llegó a plantearse en el gobierno de Fox; sin
embargo, fue hasta 2012 cuando se hizo efectivo.
Había entidades, particularmente la CDMX, que recaudaron
más de cinco mil millones de pesos en sus últimas tres administraciones, antes
de la clonación del impuesto federal. Sin embargo, tuvieron que dar un
incentivo fiscal para los vehículos inferiores a 350 mil pesos, lo que ya
implicaba un sacrificio fiscal, pero un año después lo bajó a 250 mil. La entidad
se encuentra hoy recuperando la eficiencia recaudatoria a sus niveles
anteriores, y es que esto representó para la Ciudad de México alrededor de
cinco mil millones de pesos. Pero no todos los estados actuaron igual.
El panorama a 2018 fue el siguiente: 16 estados no lo
cobran; cuatro lo subsidian al 100 por ciento, sí legislaron pero no lo usan;
11 lo siguen cobrando, eran 17 en 2016. Entre los que lo cobran están, por
supuesto, la CDMX, Tabasco (con otro nombre), Edomex, Nuevo León –donde el Congreso
impuso al gobernador su desaparición de manera gradual, que termina este año–,
Oaxaca y Veracruz (información regional con base en las leyes de ingresos).
El que unos la cobren y otros no, que los subsidios sean
diferentes, o no existan, han generado casos como el que señaló Arturo Herrera,
de que sus placas con las circula en la Ciudad de México sean de otra entidad
federativa, que la subsidia al 100 por ciento. Se han dado casos al respecto,
por ejemplo, el traslado de flotillas de grandes empresas a los paraísos
fiscales de la tenencia, exigiendo después servicios y seguridad donde
transitan y viven, pero no pagando sus impuestos.
Las guerras fiscales entre estados son lesivas para
todos: se afecta a las finanzas estatales y municipales, se propicia la evasión
fiscal y se deteriora el control vehicular. Por ello en la Comisión Permanente
de Funcionarios Fiscales surgió desde hace tiempo, entre las entidades
federativas que sí lo cobran, la propuesta de federalizar nuevamente el
impuesto y seguirlo cobrando como un acto de colaboración administrativa.
Eliminando así esas guerras fiscales y acabando con su uso político.
Por eso también tiene razón el Ejecutivo federal: no se
creará un nuevo impuesto, porque este ya existe, nunca ha desaparecido.
Se trata de un impuesto sobre el que se han creado mitos,
como el de que se inventó para financiar los Juegos Olímpicos de 1968, nada más
falso. Nace en 1961 y se quedó definitivamente porque se trataba de un impuesto
de carácter patrimonial, progresivo y relativamente fácil de cobrar. La
responsabilidad de la administración estatal se define en 1997, como una forma
de estimular y apoyar a las finanzas estatales.
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