- Hay fundados elementos de juicio que Claudia Mercedes Gómez Méndez y Jaime Eduardo Luna Méndez, no serán ni la primera ni el último servidor público del Centro SCT-Oaxaca ejecutados
- Según logramos establecer hay fundadas presunciones que las ejecuciones de probables funcionarios corruptos, se hagan extensivas a otras dependencias del ramo de la infraestructura.
(A Carlos Loret de Mola, amenazado de muerte, y a la
familia, compañeros y amigos del periodista deportivo Omar Iván Camacho,
asesinado en Guamúchil, Sinaloa. ¡Exigimos justicia en ambos casos!)
Alfredo Martínez de Aguilar
A la luz de algunos hechos objetivos podemos adelantar
que seguirán las ejecuciones de funcionarios. Clamamos al Cielo con los brazos
en alto para que nos equivoquemos y no sea así.
Estamos conscientes, claro, que corremos el riesgo de
escandalizar a las hipócritas buenas conciencias, a los políticamente correctos
y, sobre todo, al pueblo bueno y sabio pejista.
¿Acaso Chelis Chida Pardo está en la lista de
ejecutables? ¿Le alcanzará el manto protector del titular de la SCT, Javier
Jiménez Espriú, que le ha garantizado hasta ahora total impunidad?
Todo sea dicho, desde luego, sin desear mal a nadie. El
Dios de nuestros padres guarde la hora de semejante atrevimiento, y menos en
los actuales tiempos de la República Moral en la 4T.
Indispensable es recuperar la memoria histórica para no
olvidar que Héctor Castañeda Molina, ex director del Centro SCT-Oaxaca está
involucrado en la corrupción del Paso Exprés en Cuernavaca.
La corrupción salpica a Servicio De Terracerías, Asfaltos
y Construcción, de Antonio Vargas; Aracena Construcciones, de Jorge Aroche, y
Estudios, Proyectos y Dibujos, de Víctor Palacios.
A este consorcio de tres constructoras, el corrupto y
nefasto ex delegado de la SCT otorgó de manera irregular un paquete de 9 obras
en la costa oaxaqueña, por 48 millones 424 mil 978 pesos.
La presunta complicidad de empresarios y funcionarios, se
fortalece probablemente en la ejecución de Claudia Mercedes Gómez Méndez,
pareja de Giovanni Avelino Ortega Ramírez.
Pero a todo esto, quién es Giovanni Avelino Ortega
Ramírez, ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC), Delegación Oaxaca. Otra pista causal para los sabuesos.
Una de las primeras interrogantes obligadas en las pistas
de las diversas líneas de investigación, es escudriñar en las indagatorias la
coincidencia de apellidos. ¿O Claudia y Jaime eran familiares?
La criminología y la criminalística enseñan que no hay
crímenes perfectos y menos todavía casualidades y sí causalidades. ¿Claudia y
Jaime formaban parte de las mafias familiares en SCT?
Sin ser simplista y menos simplona, la razón es muy
simple y sencilla. La justicia por propia mano ha cobrado carta de
naturalización. Salvo excepciones, jurídicamente no hay justicia legal.
El mayor mal de la república son, la imposición del
modelo sajón de justicia acusatorio y la proliferación de más de 600 reformas
constitucionales, con sus leyes secundarias y reglamentarias.
Esa ingeniería constitucional, pérfida y perversa, se
agrava con la impunidad, por las amplísimas redes de complicidad y corrupción,
que pudren a los poderes e instituciones nacionales.
Es una soberana estupidez, policíaca y gubernamental,
culpar de todas las ejecuciones, única y exclusivamente al crimen organizado y
al narcotráfico. Puede ser, también, una distracción.
Ciertamente, la mafia no perdona y menos las traiciones.
Y una de las mayores traiciones es no cumplir acuerdos y robarse el dinero de
las bandas o de los cárteles. ¡Quien lo permita, muere!
Ignoramos, desde luego, si la voladora caerá a otros
servidores públicos federales. Sin embargo, más de un pillo de siete suelas en
el Centro Oaxaca de la SCT, debe poner sus barbas a remojar.
Según logramos establecer hay fundadas presunciones que
las ejecuciones de probables funcionarios corruptos, se hagan extensivas a
otras dependencias del ramo de la infraestructura.
Estas son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
la Secretaría de las Infraestructuras, Caminos y Aeropistas, Comisión Estatal
del Agua y, Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.
Otras dependencias del sector son, la Comisión Estatal de
Vivienda y los Institutos del Patrimonio Cultural del Estado y el Instituto
Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa.
En el sector responsable de las infraestructuras
proliferan los probables corruptos. Ante el clamor del respetable que exige
¡Nombres, nombres! Respondemos: ¡Calma, calma! Sigan leyendo.
Tienen bien ganada fama pública por el saqueo del dinero
público, sobre todo, en el reciente pasado en el que uno de los
vicegobernadores impuso el 30% de comisión por adelantado.
Funcionarios y ex funcionarios son prósperos
constructores con el dinero robado al presupuesto de SCT, SINFRA, CAO, CEA,
SAPAO, CEVI, IOCIFED e IMPAC, que tampoco escapa a la corrupción.
Ante editores de medios digitales y columnistas, un alto
funcionario reveló que los adeudos a proveedores y prestadores de servicios
sumó 5,200 millones y 30 mil millones, el saqueo total.
El presidente del Club de Periodistas de Antequera, Ángel
Soriano Carrasco, organización integrante del Frente Estatal por la Defensa de
los Periodistas Oaxaqueños, invitó al funcionario.
Lo que no dijo el funcionario en cuestión, quien
inusualmente hizo importantes revelaciones, a cambio de no transmitir en vivo,
fue que miles de esos millones fueron cobrados por funcionarios.
Mucho de este saqueo saben ex titulares y funcionarios de
organismos constructores como Caminos y Aeropistas de Oaxaca, como Guillermo
Martínez Gómez, José Luis Pinacho Gómez.
Nuevamente llama la atención la coincidencia en el
apellido Gómez. Seguramente han formado parte, también, de las mafias
familiares en CAO, a las que se suman Pascual Luz Orea Morán.
Todos involucrados en la desviación del pago y probable
peculado en el Gobierno de Gabino Cué contra el propietario de la empresa
Diseño, Adaptación y Construcción Integral, Alfredo Velasco.
Lamentable y dolorosamente la terca realidad termina por
imponerse y el Gobierno de Alejandro Murat Hinojosa premió a Pascual Luz Orea
como Subsecretario de Obras Públicas en SINFRA.
El Gobierno de Oaxaca adeuda como ente público 11
millones al licenciado Velasco Méndez, quien denunció la fallida extorsión que
fue objeto por 2 millones 800 mil pesos para poder cobrar.
Ante las amplísimas redes de complicidad del
vicegobernador Jorge Enrique Castillo Díaz, a pesar de sus instrucciones
precisas, poco o nada pudo hacer el ex Fiscal Héctor Joaquín Carrillo Ruiz.
El Fiscal Anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas, retomó el
caso con la esperanza que prosperen las denuncias contra la mafia de Jorge
Castillo en CAO y ante todo el pago de 11 millones de adeudo.
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