Carlos Ramírez.-
Luego de que las estrategias de seguridad de Calderón y
Peña Nieto descabezaron los cárteles del narco y del crimen organizado y
dejaron sólo a Ismael El Mayo Zambada, la nueva Estrategia Nacional de
Seguridad Pública del presidente López Obrador reorganizará las prioridades en
función de dos objetivos centrales:
1.- Poner en primer lugar la seguridad pública. Siete de
los ocho objetivos y las nueve estrategias específicas tratarán de cumplir lo
prometido por las estrategias de Calderón y Peña Nieto: ordenar policías,
impartición de justicia, penales y bienestar social.
2.- Pasar a segundo sitio las otras dos seguridades:
interior y nacional, pero ahora sí dotándolas de marco jurídico y doctrinas que
se le había negado a la participación de las fuerzas armadas en apoyo a labores
de seguridad pública por la capacidad de violencia de los cárteles por encima
de las policías.
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Foto: internet |
En la nueva Estrategia hay una reiteración de las dos
anteriores, aunque ahora sin la precisión de tiempos de cumplimiento que tuvo
el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad del 25 de
agosto de 2008. La parte doctrinaria de la nueva Estrategia tenderá a confundir
políticas públicas porque el razonamiento hoy parte de la explicación de que
inseguridad e incapacidad del Estado fueron producto del modelo neoliberal.
A pesar de que da por concluida la fase de participación
de fuerzas armadas en seguridad con el descabezamiento de los cárteles, la
nueva Estrategia aprovecha el impulso para entrarle a la regularización del
marco jurídico y funcional de la seguridad interior, Por ello el punto 8 de los
Objetivos enfatiza en el modelo de enfoque de seguridad nacional del Estado
mexicano y se compromete a que su “visión de la seguridad nacional” cuente a
finales de sexenio “con todas las capacidades institucionales, los instrumentos
operativos, los sistemas de coordinación y los fundamentos de una doctrina y
estrategia únicas, destinadas a establecer y preservar condiciones que
garanticen la integridad y la soberanía nacional”. No lo dice el documento,
pero este párrafo es la esencia de una doctrina de seguridad interior, más allá
de la pública y en consonancia con la nacional.
Los compromisos concretos para fortalecer las seguridades
interior y nacional son siete:
1.- Coordinar la ejecución del Programa para la Seguridad
Nacional. Tampoco lo dice, pero este programa será oficializado con el Plan
Nacional de Desarrollo de mayo. El Programa para la Seguridad Nacional
2014-2018 de Peña Nieto terminó el 30 de noviembre de 2018
2.- Establecer un Sistema Nacional de Inteligencia para
toma de decisiones en materia de seguridad nacional.
3.- Actualizar el catálogo y clasificación de
instalaciones estratégicas, en previsión a sabotajes.
4.- Fortalecer y mantener la seguridad interior con la
participación de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional.
5.- Promover el concepto de cultura de seguridad nacional
postulado por el gobierno de México, para contribuir al conocimiento colectivo
sobre el tema y fortalecer la toma de conciencia sobre los principales riesgos
y amenazas, así como su posible impacto en la forma de vida de los mexicanos.
6.- Mejorar las capacidades tecnológicas de investigación
científica en los ámbitos de la seguridad pública, seguridad interior,
generación de inteligencia estratégica e impartición de justicia.
7.- Construir las bases para un documento único de
identificación nacional biometrizado.
Estos objetivos no son nuevos y han estado en mayor o
menor medida en las estrategias de Fox, Calderón y Peña, pero nunca pudieron
operarse por la presión de grupos opositores en nombre de los derechos humanos.
Inclusive, el presidente Peña propuso, aprobó en el Congreso y promulgó la Ley
de Seguridad Interior, pero primero la congeló y luego la Suprema Corte la
anuló por controversias constitucionales. Hoy el presidente López Obrador,
apoyado por esos grupos opositores y muchos de ellos con posiciones
legislativas, regresa a proponer ese marco jurídico para las seguridades
pública, interior y nacional.
La viabilidad de la nueva Estrategia de Seguridad Pública
de López Obrador dependerá de tres variables caprichosas: recursos
presupuestales, disponibilidad de la estructura actual de la seguridad pública
marcada por intereses y apoyo de grupos anti Estado en cuanto al marco jurídico
y los nuevos instrumentos de vigilancia.
El fondo de todas las estrategias de seguridad --y de
manera sobresaliente la de López Obrador porque definirá el rumbo de seguridad
para seis años-- radica en la voluntad indispensable y urgente de definir un
Estado de Seguridad Nacional que garantice el Estado de Bienestar Social, a
partir del criterio de que la inseguridad, la violencia y los grupos criminales
obstaculizan el desarrollo social.
Política para dummies: La política tiene como objetivo
final la seguridad de los ciudadanos; lo demás es demagogia.
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