Carlos Ramírez.-
Si el debate sobre la Guardia Nacional debiera
profundizar el diagnóstico de la crisis de la seguridad
pública/interior/nacional, en las dos cámaras del C-Congreso y en la sociedad
activista, se olvida que el tema del nuevo cuerpo policiaco es apenas el 10%
del problema y que una verdadera estrategia necesita de manera urgente resolver
sobre los otros nueve elementos.
La Guardia es la fuerza operativa a nivel de tierra y de
cara a la violencia criminal. Pero la seguridad pública es una estructura mucho
más integral que abarcaría cuando menos diez puntos que hasta ahora no se han
abordado. El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad de
2008 sí asumió compromisos de temporalidad de operación, pero los 74 puntos
concretos nunca se cumplieron y la nueva estrategia del gobierno de López
Obrador no los tomó en cuenta y sólo ha centrado el tema en la Guardia
Nacional.
Los diez puntos mínimos de una estrategia son los
siguientes:
1.- Las leyes sobre delitos, seguridad interior,
seguridad nacional, inteligencia nacional
2.- Los ministerios públicos.
3.- Los jueces.
4.- Las cárceles.
5.- Las policías a nivel de estados y municipios.
6.- El compromiso de la sociedad.
7.- La educación contra el delito.
8.- El bienestar social de corto plazo.
9.- La restauración de instituciones del Estado en plazas
tomadas por la delincuencia.
10.- La Guardia Nacional.
En la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2019-2024
se roza de manera tangencial algunos de estos puntos, pero no existe un
compromiso real de atenderlos. El desgaste político y legislativo sobre la
Guardia Nacional en la vertiente de la participación de efectivos de las
policías militar y naval y el Cuarto Transitorio para mantener a las fuerzas
armadas en labores de apoyo a la seguridad pública/interior ha dejado al
gobierno con poco margen de maniobra,
Sin embargo, se debe tener claro que la Guardia Nacional
es una parte de la estrategia y que tendrá pocos efectos de corto plazo si no
se asumen los otros puntos de toda política integral de seguridad pública. Ahí
la tarea será de los legisladores y de la sociedad activa.
La crisis de seguridad pública tiene cuando menos tres
contextos esenciales sobre los que tampoco se ha querido incidir: la falta de
respeto a la ley por parte de los delincuentes, la corrupción de toda la
estructura de seguridad y justicia y el papel de la sociedad civil protegiendo
los derechos de los delincuentes a partir de posiciones anti
sistema/régimen/Estado.
Y la parte esencial de todo programa de seguridad pública
radica en los fondos presupuestales que se deben invertir en reformas,
capacitaciones y reorganizaciones. De nueva cuenta la ENSP del gobierno de
López Obrador se compromete a la formación de cuadros policiacos y a mejoras en
el sistema de impartición de justicia, pero en los hechos carece de presupuesto
específico.
Este tema de creación --ahora sí-- de un cuerpo policiaco
profesional va a depender de un compromiso con datos, fechas y fondos de
policía y justicia. El plazo de cuatro años para la participación militar en
seguridad pública/interior va a depender de que en ese periodo se configure una
nueva estructura de formación policial y modernización de la impartición de
justicia y para ello se requiere desde ahora un presupuesto etiquetado.
Los legisladores que se oponen a la Guardia tienen la
oportunidad de incidir sobre el problema con fondos para la nueva policía, un
calendario institucional preciso, la construcción de las primeras instalaciones
y la supervisión político-legislativa. Y a ello se agrega el problema más grave
aún del compromiso y responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales
en la creación de cuerpos policiacos adecuados, cuando desde la crisis del
2006-2008 se han desentendido del problema, exigen presencia federal y
mantienen la mediocridad y corrupción en sus cuerpos de seguridad.
A pesar de que la crisis de seguridad amenaza la existencia
del sistema/régimen/Estado, la oposición en el Congreso sólo está negociando
beneficios para sus partidos y sigue sin ver la complejidad integral de la
inseguridad pública.
En el caso de la Guardia, el problema no radica en la
incorporación de policías militares y navales, sino en el hecho de que el país
exige un cuerpo policiaco sólido, capaz de enfrentar la logística criminal que
tiene armas y recursos que superan las de los cuerpos policiacos tradicionales.
La Guardia Nacional será la última oportunidad para
definir una estrategia real y funcional de lucha contra la inseguridad y prueba
que el problema no está en los militares sino el hecho real de que las bandas
del crimen organizado/desorganizado son protegidas en los hechos por la
sociedad civil que acota los cuerpos policiacos y por la sociedad política que
sólo busca ventajas para sus partidos.
Política para dummies: La política es la capital del
Estado de derecho.