Carlos Ramírez.-
La ofensiva del gobierno del presidente López Obrador
contra los ladrones de combustible cometió el mismo error del gobierno de
Calderón Hinojosa al declararle la guerra a los cárteles del crimen organizado:
carecer de seguridad estratégica y de información de inteligencia.
Calderón se fue sobre las cabezas de los cárteles y creó
nuevos problemas con la diseminación de narcos en pequeñas bandas dedicadas al
tráfico y a otros menesteres criminales. López Obrador operó sobre los ductos
de distribución de combustibles para evitar el robo y en respuesta metió al
país en sabotajes generalizados de las bandas huachicoleras.
La declaración el martes 22 del presidente López Obrador
de que la red de distribución de combustible había sido saboteada --sin
mencionar presuntos responsables-- prendió los focos rojos de alarma porque
entonces el problema ascendió de meros robos locales sin tener datos concretos
de la existencia de un cártel o una Federación de huachicoleros a un asunto de
seguridad nacional por el papel que juega las gasolinas en la estabilidad
nacional.
Con la intención de tapar los hoyos del robo de
combustible con tomas clandestinas en las redes de distribución de gasolina, el
gobierno de López Obrador destapó muchos hoyos más sin tener ninguna estrategia
de combate a las elites dirigentes del crimen organizado/desorganizado
huachicolero.
Por lo pronto, cuando menos tres hoyos quedaron
destapados:
1.- La respuesta de sabotaje implica ya una amenaza
contra la seguridad nacional del Estado y convierte a los carteles y sus
dirigentes en enemigos de la estabilidad. Por tanto, el gobierno
lopezobradorista está obligado a una ofensiva de seguridad nacional con la
utilización de las fuerzas armadas contra esas bandas criminales.
2.- La crisis en la estrategia de seguridad de López
Obrador en dos puntos concretos: la tardanza y dificultades para aprobar la
creación de la Guardia Nacional con efectivos militares y el borrado Cuarto
Transitorio que permitía que las fuerzas armadas siguieran colaborando con las
fuerzas de seguridad pública en tanto se profesionaliza la GN. Los dos
objetivos deben ser alcanzados en el cortísimo plazo, pero van a tardar.
3.- La existencia probada de un nuevo modelo de
delincuencia: la delincuencia social amparada en la pobreza y legalizada por la
tesis del presidente de la república de que no combatirá a la sociedad que
delinque por bajo nivel de vida. Lo malo, en el caso de los huachicoleros,
radica en el hecho de que la sociedad ha delinquido no por pobreza, sino por
forma parte de las redes de crimen organizado de las bandas de robo de
combustibles.
La parte más delicada fue la revelación del presidente
López Obrador de un sabotaje generalizado a las redes de distribución de
combustible por tubos. Lo extraño fue que el día de los supuestos hechos no
hubo ninguna señal conocida de ese sabotaje: ni fugas, ni balazos, ni
movilizaciones de emergencia; nada. La preocupación en círculos de
especialistas en seguridad nacional resaltó la posibilidad de que se hayan
magnificado los temores sin que hubiera casos concretos de sabotaje.
La estrategia de seguridad desde la iniciativa de Guardia
Nacional hasta la explosión en Tlahuelilpan evidenció una severísima crisis en
la fase fundamental de la seguridad: el acopio de información de inteligencia.
El nuevo organismo Centro Nacional de Inteligencia, paradójicamente, fue sacado
como CISEN de Gobernación y con nuevo nombre se adjunto a la nueva Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana; al frete del CNI quedó el general retirado
Audomaro Martínez, el militar más cercano a López Obrador.
Sin embargo, la ofensiva contra los huachicoleros, la
vigilancia de ductos y la falta de control social sobre la sociedad aliada a
las bandas de ladrones de combustibles y ahora el sabotaje general contra la
red de distribución mostraron la inexistencia de un organismo de inteligencia y
seguridad nacional. Y para colmo, el nuevo CNI ha regresado a los delegados del
CISEN en el extranjero, a pesar de la declaración del nuevo fiscal general
Alejandro Gertz Manero en el sentido de que la delincuencia huachicolera es
transnacional.
A partir de los rezagos, contradicciones, efectos
adversos, insuficiencias y vacíos en el robo de combustibles, la estrategia de
inteligencia y seguridad pública/interior/nacional contra el huachicoleo debe
ser replanteada inclusive antes de aprobar la Guardia o en su contexto. Los
problemas en desbasto, sabotajes y tragedias fueron producto de la
improvisación gubernamental.
Y queda como punto sensible la denuncia presidencial de
un sabotaje a toda la red de distribución de combustible, porque revela ya la
situación de guerra Estado-huachicoleros, aunque la crisis de inteligencia del
aparato público todavía ignore la configuración de cártel del huachicol, sus
redes políticas y sobre todo su alianza con la sociedad que ha robado con el
beneplácito gubernamental por su condición de pobreza.
Política para dummies: La política es el ejercicio del
poder para disminuir problemas, no multiplicarlos.
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