Adán Córdova
En unas horas las autoridades municipales electas tomarán
protesta de su encargo, a partir de ese momento asumen la administración –no la
propiedad- de los recursos que le correspondan a cada localidad con el objeto
de mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes.
Uno de los últimos actos
de la administración saliente y el primero de la entrante de mayor
interés es la Entrega-Recepción, que consiste básicamente en entregar y recibir
todos los recursos humanos, financieros y materiales, así como dar a conocer
los temas que requieren atención para el adecuado funcionamiento de la
administración municipal.
De acuerdo con el informe sobre el cumplimiento del acto
de Entrega-Recepción(1) en los municipios emitido en septiembre del 2017 por la entonces Auditoría Superior
del Estado, sólo 200 autoridades
cumplieron en tiempo y forma con esta responsabilidad; 28 cumplieron previo
requerimiento; 28 lo hicieron de forma extemporánea; 145 cumplieron con
inconsistencias; 54 no presentaron expediente o lo presentaron incompleto; en
65 municipios la autoridad saliente no realizó la entrega; en 4 la autoridad
entrante no quiso recibir; 10 municipios no informaron; en 23 ambas autoridades
-entrantes y salientes- manifestaron negativa de ambos para realizar el acto de
entrega-recepción; y en 2 municipios sólo presentaron una parte de su
expediente.
A la pregunta ¿Qué pasó con quienes no cumplieron en
tiempo y forma con esta obligación de ley? Ha dominado el silencio como
respuesta, resultados nada alentadores de forma institucional, pero de gran peso negativo en la percepción
ciudadana sobre las autoridades estatales y municipales.
Como una medida correctiva el proceso de
Entrega-Recepción se fortalece mediante reformas a la Ley Orgánica Municipal
y, los lineamientos y guía emitidos por
el Órgano Superior de Fiscalización(2) que determinan los responsables, etapas
y fechas en las cuales se deben realizar las actividades de forma
administrativa. Fortaleciendo además las acciones de control interno, que
permitirán investigar, sustanciar y sancionar conforme a la gravedad de la
conducta.
Aunado a lo anterior, se establecieron en el código
penal, sanciones para quienes sustraigan, destruyan, oculten, utilicen o
inutilicen información o documentación, así como para quienes afecten el
patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración
pública Estatal o Municipal.
A partir de la toma de protesta de las y los nuevos
servidores todas sus acciones se tornan de interés público, por ello, deberán
buscar mecanismos eficientes de difusión, promover la participación ciudadana,
la cocreación y la toma de decisiones de forma conjunta como un ejercicio de
buena gobernanza, contar siempre con un fundamento de ley y considerar que la
ignorancia o desconocimiento de ésta no les exime de responsabilidad.
Se ha posesionado el discurso que a nivel federal nos
encontramos en proceso de una cuarta transformación, sin embargo, de poco o
nada servirá si ésta no impacta en nuestros municipios, por ser éste el primer nivel de gobierno y el de mayor contacto
directo con la ciudadanía.
(*) El autor es integrante del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en Oaxaca.
Correo Electrónico:
adancordovatrujillo@gmail.com
Twitter: @adancordovatFacebook: Adán Córdova
Los interesados pueden revisar:
