Raymundo Rivapalacio.-
Qué ironía en la Cuarta
Transformación. El absolutismo, propio de un viejo régimen no de uno nuevo, ha
metido al presidente Andrés Manuel López Obrador en una secuencia de problemas
que ya sabemos cuándo y cómo empezaron, pero no cuándo y cómo terminarán. Se
planteó en este espacio desde principios de octubre que la novatez del gobierno
entrante producía escalofríos, cometiendo errores que tendrían la oportunidad
de corregir antes de que asumiera López Obrador el poder. Han pasado sólo 13
días que parecen un año, y siguen cometiendo los mismos errores pero con una
diferencia: ahora ya cuestan, política y económicamente. Todos los días,
literalmente, hay nuevos equívocos y molestias porque las cosas no salen como
esperaban.
Lo más costoso ha sido la
cancelación de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco,
cuyo solo anuncio tuvo un impacto en las tasas de interés que incrementó en 50
mil millones de pesos la carga en el presupuesto para 2019, lo que introdujo
mayores obstáculos para financiar los programas sociales de López Obrador.
Adicionalmente se dio la pérdida de confianza en López Obrador, y provocó que
empresas europeas comenzaron a desmontar sus operaciones comerciales en México,
mientras otras empezaron a trasladarse a Brasil.
La suspensión de proyectos
de inversión de empresas mexicanas fue casi total, sumándose a lo que ya había
sucedido con firmas extranjeras. El dinero continuó saliendo de México al no
encontrar los capitales tranquilidad en las declaraciones del presidente. López
Obrador ha dicho que no será rehén de los mercados, pero la falta de
conocimiento de los mercados de su equipo, no lo llevó a ser rehén, pero sí a
modificar su proyecto de nación. La incertidumbre detuvo obras en el país y un
dinamismo ominoso en el sector de bienes raíces.
El clima de inversión quedó
profundamente dañado, así como la certidumbre del futuro mediato. El anuncio de
que se cancelaría Texcoco obligó a la Secretaría de Hacienda a salir al mercado
a recomprar bonos que financiaron parte de la construcción del aeropuerto. La
primera oferta fue rechazada, y la segunda fue vista de mejor manera, pero no
se sabe aún cómo finalmente reaccionarán los tenedores de los bonos. La segunda
oferta incorpora una rectificación en la promesa de López Obrador de que
aumentaría el volumen de pasaje en el aeropuerto en Toluca a ocho millones de
pasajeros, y establece como máximo cinco millones, como originalmente se hizo
el proyecto, a fin de que no lastimen la Tarifa de Uso de Aeropuerto que quiere
incrementar el gobierno, para apalancar la recompra de los bonos.
Paradójicamente, la TUA fue el instrumento para financiar Texcoco, y ahora, sin
ese aeropuerto, servirá para evitar que los demanden en tribunales
neoyorquinos. La decisión explícita del presidente, convirtió una caja
registradora de ingresos, en un costo.
Las decisiones
incomprensibles y la novatez del equipo, está siendo la marca de la
administración de López Obrador en la primera quincena del sexenio. Pero lo que
está ocurriendo no es por el infortunio que vino de fuera, sino obedece a un
diseño, quizás a partir de un diagnóstico equivocado sobre el nivel de calidad
de funcionarios que quiere en su gobierno, cuyo recorte salarial no sólo acható
el conocimiento que rodea al presidente, sino que adicionalmente llevó a la
nueva administración a sostener casi mil 500 litigios de amparo contra esa
medida y un enfrentamiento con el Poder Judicial. En este espacio se publicaron
en agosto las probables consecuencias de lo que se fraguaba.
“Si López Obrador no cambia
el machete por el bisturí -se apuntó-, su promesa de campaña se convertirá en
una medida que por las mejores razones tendrá las peores consecuencias para él,
para su gobierno y para quienes hoy celebran en el ajuste de cuentas salarial
que planea, porque serán quienes junto con el resto de los mexicanos paguen los
efectos que tendrá probablemente la tabula rasa que pretende el próximo
presidente de México, que llevará a una administración pública sin calidad de
gestión y con pérdida de experiencia”.
Ni guardó el machete, ni
corrigió el rumbo. El sector energético es un ejemplo. Cuando Rocío Nahle, la
secretaria de Energía, acudió a su primer encuentro con el ex secretario Pedro
Joaquín Coldwell durante la transición, le explicaron por más de tres horas las
entrañas del sector y lo que se había hecho en términos de inversión e
infraestructura. Al terminar, Nahle dijo que todos los datos que le habían
presentado eran falsos, y sacó de la bolsa un recorte de La Jornada, como
sustento de su impugnación.
Otro caso es Octavio Oropeza
Romero, el director de Pemex, quien al tener su primer encuentro en la
transición, dijo que querían abrir licitaciones para refinerías el 1 de
diciembre y producir 600 mil barriles diarios más de petróleo. Imposible, le
dijeron, si no sabía qué quería licitar, y tampoco podían producir ese volumen
de petróleo por falta de inversión, porque se habían utilizado esos recursos en
las finanzas públicas. Le advirtieron, eso sí, que tuviera mucho cuidado para
que el presupuesto de Pemex no tuviera más gasto que ingreso, porque las
calificadoras podrían bajar la deuda de la empresa. De eso, respondió, no
entendía nada.
En la prensa política
abundan las descripciones negativas sobre el equipo de López Obrador. Pero ya
sabemos que el presidente no escuchará las críticas ni las observaciones. Lo
que no sabemos es hasta dónde llegará y cuánto nos costará. La primera prueba
será este sábado, cuando se presente el presupuesto para 2019. Ahí se podrá
proyectar certidumbre financiera, o el principio de turbulencias financieras
que terminarán en crisis.
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