Carlos Ramírez.-
A partir de su mayoría
absoluta en el Senado, Morena y sus aliados rompieron el Estado de derecho al
modificar una ley específicamente para permitir que el escritor naturalizado
mexicano Paco Ignacio Taibo II pudiera ser director del Fondo de Cultura Económica,
cargo reservado por ministerio de ley para mexicanos por nacimiento.
El problema fue la señal de
torcer las leyes para ajustarlas a las decisiones del nuevo poder en el
gobierno. Pese a su presupuesto y espacio, el FCE es un cargo menor, en el
pasado reservado como consolación para políticos sacados de los primeros
niveles. El bajo nivel de lectura y las muchas editoriales le quitaron al
Estado el papel de los libros como aparatos ideológicos del sistema.
Sin embargo, el
procedimiento legislativo de imponer una mayoría para fabricar una ley para una
persona dejó pistas inquietantes sobre la forma de legislar de Morena y sus
partidos satélites. Como sastrería del régimen, el poder legislativo morenista
seguirá haciendo trajes a la medida de la nueva oligarquía gobernante.
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| Paco Ignacio Taibo II y AMLO: foto internet. |
La creación de la
#LeyTaiboII rompió el Estado de derecho. De acuerdo con el maestro Andrés Serra
Rojas --jurista y teórico de ciencia política-- en su Derecho Administrativo,
“el concepto de ley se reduce a un acto jurídico creador de situaciones
jurídicas generales, abstractas e impersonales”, no, como ocurrió con la
#LeyTaiboII una ley sólo para una persona.
La ley como fuente del
derecho establece restricciones estrictas para impedir el voluntarismo legal de
dictadores que hacen leyes a la medida de sus intereses. Las tres
características de las leyes --generales, abstractas, impersonales-- permiten
una norma jurídica para regular el funcionamiento de la sociedad. Es posible
que la restricción de nacionalidad en el caso del FCE haya sido una aberración,
pero la forma de modificar la ley no se hizo en estricto sentido del derecho
sino en función de beneficiar a Taibo II.
La cita de Serra Rojas
aparece en un voto del pleno de la Corte en 2007 para sobreseer una acción de
inconstitucionalidad sobre un decreto del gobierno de Jalisco, de acuerdo con
el Semanario Judicial de la Federación tomo XXV de febrero de 2007. En su
razonamiento, el pleno de la Corte resolvió la inconstitucionalidad de un
decreto por los siguientes criterios:
“Acto legislativo es aquel
mediante el cual se crean normas generales, abstractas e impersonales. La ley
refiere un número indeterminado e indeterminable de casos y va dirigida a una
pluralidad de personas indeterminadas e indeterminables”.
Al ser asunto de una
persona, el caso Taibo II debió haber caído en el terreno de un “acto
administrativo”. Sin embargó, la ley es general y por tanto debió haber sido
discutida con mayor amplitud. La prisa por procesar el nombramiento de Taibo II
realizado por el presidente electo López Obrador con pleno desconocimiento de
las restricciones legales terminó procesado como un acto de autoritarismo
presidencialista-legislativo de fabricación de una reforma legal para
beneficiar a una persona.
El mensaje que dejó el caso
Taibo II en el corredor ejecutivo-legislativo está siendo procesado con
preocupación por la forma en que decisiones voluntaristas destruyen el Estado
de derecho con el uso de la mayoría legislativa morenista. El Estado de derecho
es una de las partes fundamentales del modelo moderno de la calidad de la
democracia, en donde el poder público se somete a las reglas legales para
cumplirlas o para modificarlas con procedimientos plurales.
El Senado del doctor en
derecho Ricardo Monreal Avila convirtió un acto administrativo en un acto
legislativo haciendo una ley particular para Taibo II. Lo de menos es que se
hubiera tratado de una restricción nacionalista disfuncional. El caso fue que
se reformó una ley para una persona. Lo democrático hubiera sido primero reformar
la ley y luego hacer el nombramiento; al transitarse al revés, habrá una
ilegitimidad jurídica dañina a los compromisos democráticos de López Obrador.
O, de manera más sencilla, hubiera nombrado a Taibo II para otro puesto y no
atropellar al Estado de Derecho.
Sinaloa. Quizá el único
gobernador priísta que ha logrado sobrevivir después de la debacle del PRI el
pasado 1 de julio, Quirino Ordaz dio cuenta en su segundo informe de gobierno
de sus acciones de política social que --oh sorpresa-- apenas se localizan en
el escenario de las ofertas de López Obrador, aunque el sinaloense las fijó
desde su campaña hace tres años. Y Ordaz operó desde el inicio el fin de la
tenencia vehicular, mayor fuerza de la auditoría superior fiscalizadora y un
sistema anticorrupción. También antes de AMLO, redujo el número de diputados y
de síndicos municipales. Mientras, el PRI se hace bolas con la agenda
lopezobradorista.
Política para dummies: La
política es la habilidad para esconder los secretos del poder, no para ejercerlo
atropellando a todos.
PRECISION. En columna de
ayer se dijo que un hijo de Ricardo Monreal trabajó con Alejandro Murat en
INFONAVIT. Fue la hija de Monreal quien laboró como subdirectora.
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