Carlos Ramírez.-
En medio del avance
imparable del crimen organizado en México, el Programa de Paz y Seguridad
2019-2024 del gobierno de López Obrador ofrece una propuesta retórica social
frente al problema del Estado capturado por los cárteles y bandas criminales que
gobiernan zonas territoriales de la república.
Mientras las
autoridades, organizaciones sociales e instancias internacionales debaten los
espacios de actuación del Estado ante el flagelo del crimen organizado en sus
expresiones de violencia e inducción al consumo, México ve caer nuevas plazas
en manos de los cárteles: Cancún, Los Cabos, Valle de México, Oaxaca y
Guanajuato. Este dato es clave: el crimen organizado no ha retrocedido con las
estrategias de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, sino que ha avanzado.
Lo que está a
discusión en el contexto del Programa de Paz y Seguridad de López Obrador es la
concepción de seguridad. Por sí misma, la seguridad no es bienestar sino una
condición para lograrla. En términos de su esencia, la seguridad es la desaparición
de los grupos delincuenciales en todos sus niveles por las vías de las leyes,
los controles policiacos y las confrontaciones.
En el debate sobre
las controversias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Ley de
Seguridad Interior aprobada en el Congreso y promulgada en el Diario Oficial de
la Federación el 21 de diciembre de 2017 el tema central radica en la
existencia o no de fundamentos constitucionales del concepto de seguridad
interior y del uso de las fuerzas armadas. Y la seguridad interior tiene una
base constitucional.
El artículo 89
establece las “facultades y obligaciones” del presidente de la república y dice
con claridad en el numeral VI: “preservar la seguridad nacional, en los
términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada
permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la
seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. Es decir, el concepto
de “seguridd interior” ya existe en la Constitución y viene desde la de Cádiz
en 1812 y se mantuvo en las constituciones federales de 1824, 1857 y 1917 y no
requiere de permiso alguno para ejecutarla.
En todo caso, la
ley reglamentaria de la seguridad interior debe ser debatida en función de las
acciones que se deben de tomar cuando esté en riesgo la seguridad interior.
Paradójicamente, el gobierno de Peña Nieto aplicó la permisividad
constitucional de fuerzas armadas en seguridad interior sólo con el Programa
para la Seguridad Nacional 2014-2018 de abril de 2014 (su gobierno había
comenzado el primero de diciembre de 2012) sin ninguna reclamación legal.
Calderón sólo definió su programa de seguridad pública.
La diferencia entre
la seguridad pública y la interior y nacional radica en los ataques contra el
Estado-nación. La delincuencia común ataca al ciudadano, no al Estado ni a las
instituciones. Y los cárteles del crimen organizado usan armamento superior al
policiaco, forman parte de una cadena transnacional de intereses que llevan a
la seguridad nacional y ocupan partes territoriales de la soberanía del Estado
nacional.
El debate en la
Suprema Corte, la terminación de la estrategia de seguridad del gobierno de
Peña y la definición de la estrategia de seguridad del gobierno de López
obrador contrastan con el avance del crimen organizado en zonas territoriales
de la soberanía del Estado, el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en una
Corte de Nueva York, la expansión territorial del Cártel Jalisco Nueva
Generación y la supervivencia del Cartel de Sinaloa de El Chapo ahora aliado al
mando de Ismael El Mayo Zambada, un capo sospechosamente alejado de la mira de
las autoridades.
Mientras los
criminales profundizan su copamiento de la república, la Corte quiere disminuir
la participación de las fuerzas armadas en seguridad interior y López Obrador
reduce su estrategia a criterios humanistas de las víctimas y contra el
prohibicionismo respecto a las drogas. Sin embargo, falta la parte más
importante del escenario de la inseguridad mexicana: la decisión de los EE. UU.
de definir el problema de las drogas en función de su seguridad nacional
--poder extendido más allá de sus fronteras-- y la caracterización de los
cárteles como crimen organizado transnacional.
Las fuerzas armadas
son la última línea de defensa de la seguridad interior. Y a propósito de la
reactivación de Maquiavelo en los últimos días, hay que recuperar lo que
escribió el florentino en el capitulo sobre la conservación de los principados
y las repúblicas:
“Una guerra es
legítima por el solo hecho de ser necesaria, y las guerras son actos de humanidad cuando no hay
ya esperanzas más que en ellas”.
Política para
dummies: La política es la sensibilidad para atender la realidad y no suponer
que la realidad esta al servicio de los políticos.
