Rubén Cortés.
De las mejores noticias del periodo de transición hacia la nueva presidencia, es la de la nominada secretaria de Gobernación: proponer la despenalización de la mariguana en la siembra, cosecha, trasiego y uso lúdico, en la idea de pacificar al país.
Sin embargo, habría que aprovechar esta postura oficial para ir mucho más lejos y tomar la experiencia que tienen muchos campesinos en los cultivos históricos de amapola y mariguana, y conseguir que el Estado se apodere del control legal del mercado, cobre impuestos y se produzcan empleos.
La idea más novedosa en este tema está en la organización México Unido Contra la Delincuencia: su directora, Lisa Sánchez Ortega, considera necesaria la legalización y regulación de todas las drogas, porque así el Estado visibiliza los mercados y controla quién participa en éstos.
En todo caso, los impedimentos no funcionan, como la Ley Seca, del senador republicano Andrew J. Volstead, en 1919, en Estados Unidos, que prohibió la manufactura, venta, transporte, importación y exportación de licores. Pero provocó más consumo, violencia entre bandas de gánsteres, adictos…
Lo verdaderamente importante es el reconocimiento a la libertad de los individuos para decidir, por sí mismos, sí consumen drogas o no, al ser algo que pertenece al estricto ámbito de la autonomía individual, que es decidir sobre lo que hace con su cuerpo.
En el caso de la mariguana, no existen casos de muertes por sobredosis, ya que es casi imposible porque se necesitan consumir 200 kilogramos en 120 minutos. Según la ONU, en 2017 murieron cinco millones por tabaco, tres millones por alcohol y 234 mil por drogas duras: nadie por mariguana.
Incluso, los términos cannabis y mariguana no son sinónimos. Cannabis es la planta, que tiene propiedades industriales y medicinales. Mariguana es el preparado a partir de las flores, hojas y tallos pequeños, casi siempre cigarros que, sí, son drogas dañinas, aunque no maten.
Y, sin duda, es un hecho que no ha funcionado la estrategia del estado mexicano, desde 2006, para enfrentar al narcotráfico: la violencia cobra más de 20 mil vidas al año, básicamente en combates entre carteles (y de grupos pequeños) por el control de plazas.
Esa política tampoco redujo el consumo o el número de adictos. Así que el proceso ha producido un mal resultado: más consumo, más adictos y más fallecidos por consumo, junto con más violencia, más criminalidad, más impunidad y más corrupción por el dinero de la droga.
Va, pues: el futuro gobierno las tiene todas consigo para convertirse en el primero de la historia en México, para hacer legal la economía de las drogas, en un esquema de seguridad nacional, de estrategia de pacificación y de salud pública.
Está en sus manos.
