La conclusión de los relatores especiales sobre libertad
de expresión para las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) develaron un panorama desolador para el ejercicio periodístico
en el país, esto, por el aumento de las amenazas contra de comunicadores y
falta de castigo a los culpables de los asesinatos y desapariciones de los últimos
siete años.
Después de reunirse con más de 250 periodistas y activistas
de 21 estados de la República Mexicana, los expertos enviados por la ONU
propusieron al gobierno de México la creación de un consejo independiente con
la misión de seguir los casos de crpímenes contra periodistas a fin de combatir
la impunidad que priva en nuestro país.
La última visita de los titulares de las relatorías de la
ONU y la CIDH fue en 2010. Edison Lanza, de la CIDH, recordó que entonces sus
antecesores le habían recomendado al Gobierno mexicano la construcción de
instituciones para atender la violencia contra los comunicadores. En atención a
estas sugerencias en 2012 se creó el mecanismo de protección a periodistas y
defensores de derechos humanos. Aunque el mecanismo está funcionando, alertó
que tardó en ponerse en marcha y que recibe recursos insuficientes. “El
mecanismo necesita más recursos, es absurdo que para la disminución del
problema tenga los recursos que tenga, debe tener más analistas de riesgo, y
algunos de ellos radicados en los lugares más sensibles”, manifestó.
El relator también destacó que el mecanismo debe brindar
una atención integral a los periodistas desplazados y para ello pidió la
colaboración de los propietarios de medios de comunicación. “Cuando un
periodista desplazado por la violencia, logra salir de la primera situación
crítica, luego pierde el trabajo y eso es inaceptable”, expuso. Si esa persona
fue desplazada por cubrir una situación de riesgo para un medio de
comunicación, la empresa debe mantenerlo y darle otras tareas, mientras que el
Estado debe brindar una atención integral a él y su familia.
Desde la última visita de 2010 hasta ahora, pese a la
creación de las instituciones acordadas, como la Feadle -que depende de la
Fiscalía general (PGR)- y el Mecanismo -que depende de la Secretaría de
Gobernación (Interior)-, la situación de violencia no se ha mitigado,
denunciaron. “Estas instituciones no han tenido la eficacia que se quería”,
expresó Lanza. Por el contrario, los últimos dos años han sido todavía más
complicados para la prensa.
Uno de los problemas más graves es la impunidad de los
crímenes. Lanza alertó que a la fecha no hay información suficiente sobre
quiénes fueron los autores de los asesinatos y desapariciones. "Uno de los
problemas de la impunidad es que no nos permite saber quienes son los autores
intelectuales de esos crímenes", indicó. Tras las entrevistas durante su
estancia en México concluyeron que la mitad de las agresiones las han cometido
autoridades estatales y otra parte de ellas el crimen organizado a través de una
gran cantidad de estrategias para incidir en el espacio democrático, ya sea
mediante amenazas, el nombramiento de "periodistas enlaces" y la
compra de medios de comunicación.
Los relatores especiales propusieron al Gobierno mexicano
la creación de un grupo de expertos para darle seguimiento a casos emblemáticos
de asesinatos y desaparaciones de periodistas. "Creemos que mientras la
Feadle no logre identificar y sancionar a los autores intelectuales de estos
crímenes contra periodistas va a seguir siendo un costo marginal de negocio
(para el crimen) asesinar periodistas", afirmó Lanza. El objetivo del
consejo sería asesorar a la Feadle en las líneas de investigación vinculadas al
ejercicio del periodismo, capacitar a los investigadores de la fiscalía en técnicas
de investigación y generar una instancia de rendición de cuentas internacional.
Solicitan investigar espionaje
Los periodistas y los defensores de derechos humanos
viven una inseguridad generalizada que se ha extendido hasta el espionaje
digital. David Kaye, de la ONU, dijo que habían exhortado a la administración
de Enrique Peña Nieto a que indague el caso de espionaje denunciado en junio
pasado por comunicadores y activistas. "El malware es una amenaza global
para la libertad de expresión", manifestó. Kaye dijo que han instado a las
autoridades a que reconozcan el problema y a que se realice una investigación
que incluya peritos independientes, académicos y personas de la sociedad civil.
Kaye cuestionó el uso discrecional de los recursos
públicos que se destinan a la publicidad oficial y se pronunció por una
regulación efectiva. "No debe usarse con propósitos políticos",
afirmó el relator. Cada vez más los medios de comunicación y los periodistas
dependen del acceso a la publicidad oficial, coincidieron, y hay un sesgo hacia
aquellos medios que son menos críticos. "El Estado no tiene una obligación
de dar publicidad oficial, pero si lo hace creemos que es importante para la
sustentabilidad de los medios de comunicación, y para el acceso a la información
de los servicios que presta el estado y sus políticas públicas", concluyó
Lanza