Los "moches" en SEDATU-Oaxaca


Julio César SÁNCHEZ GARCÍA.

Elpidio Concha Arellano, delegado en Oaxaca de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), permite cobros a núcleos incorporados al pograma Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER), denunciaron pobladores de Pie de la Cuesta, municipio de San Juan Cacahuatepec, distrito de Santiago Jamiltepec, Oaxaca.

Según los denunciantes, personal de la SEDATU, contactó a Hipolito Peláez Peláez, representate de los pequeños propietarios del paraje “El Huanacaxtle” para que depositara la cantidad de 600 mil pesos a fin de "agilizar" el trámite en la dependencia. La extorsión se gestaría de manera dependiente a la fecha asignada por Concha Arellano.

El convenio se firmó el 22 de enero de 2016 participando Rosario Robles y Gabino Cué Monteagudo con las partes del conflicto agrario. Los pequeños propietarios se comprometieron a entregar sus tierras en posesión a cambio de una contra prestación; sin embargo la dependencia federal hace perdido el expediente, dejando sin validez los acuerdos.
De esta manera pequeños propietarios del predio “El Huanacaxtle”, denunciaron la corrupción que impera en la SEDATU, específicamente en el programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER), dado que durante su incorporación se presentaron diversas anomalías, primero, desde que solicitaron que el asunto fuera incorporado al programa batallaron mucho para que la problemática fuera atendida, primeramente la Dirección General de Concertación Social, a cargo de Carlos Ernesto Zataraín González.
Y es que, en dicha instancia federal, “perdieron” el expediente en más de dos ocasiones alegando que la Delegación de Oaxaca no lo había remitido; posteriormente se presentaron en la Ciudad de México para solicitar información, a la vez que se atendiera su problemática, y aparecieran los expedientes, cinco meses después, teniendo el expediente en su poder, Carlos Ernesto Zataraín González y personas a su cargo, empezaron a jugar con el expediente.
Pasándolo de mano en mano de seis dictaminadores diferentes, los cuales no dieron dictamen alguno, posteriormente se hizo del conocimiento al órgano interno de control de SEDATU sin intervenir en el mismo, al no dar respuesta alguna se solicitó el apoyo, vía escrito, al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que fuera atendido por el entonces secretario de la SEDATU, Ramírez Marín.
Días después fueron atendidos por el secretario y la sub secretaria y directores en las oficinas Georgina Trujillo Zentella, “estando con ellos se expuso el asunto y comprendieron lo álgido de la problemática y la negativa de trabajar del Director General de Concertación Social, por lo que determinaron que el asunto ya no lo verían los dictaminadores y se lo asignaron al Director de Conflictos, Rafael Sobrevilla y se estaría atendiendo la problemática con la subsecretaria Trujillo Zentella”.
Fue así que se dieron cuenta de las anomalías que existen en el asunto y en este sentido se vieron avances, incorporando el asunto al programa COSOMER y posteriormente se viene el cambio de Secretario y Subsecretario, quedando en el lugar Arturo Nahle García, para atender la problemática; una vez que se avanzó con el asunto y se integró el expediente, se estuvo en espera del avalúo, sin embargo, este extrañamente se volvió a tardar.
Por lo anterior, comisionaron a Hipolito Peláez Peláez para que se trasladara a dicha dependencia en la Ciudad de México, quien solicitó audiencia con Arturo Nahle.
“Él asignó una abogada para que me acompañara al departamento jurídico y verificar donde estaba estancado dicha pericial, en esa instancia le señalaron que ya había varios días que turnaron el tema al departamento de periciales, al trasladarme a dicho sitio me informaron que en los próximos días se me notificaría la fecha en que se llevaría a cabo la pericial”.
Sin embargo, cuando regresaba a su comunidad, Peláez Peláez, recibió una llamada en su celular donde le decía una mujer “Si usted quiere una buena pericial y que mi asunto saliera más rápido, me costaría la cantidad de 600 mil pesos o de lo contrario no habría una buena pericial y mi asunto no saldría o en pocas palabras, no pagarían”.
El pequeño propietario aseguró que dicha llamada salió de la propia SEDATU, ya que tenía la terminación 40000; posteriormente siguieron tratando de extorsionarlo.
Bajo la administración de Rosario Robles Berlanga, una vez entregados los avalúos, personal de SEDATU, siguieron con su intento de extorsión e incluso señalaron que para la firma del convenio con dicha titular, exigían que depositaran por adelantado los 600 mil pesos, ya que casi era un hecho que saliera el asunto porque el 22 de enero de 2016 ya estaría en Oaxaca Rosario Robles y el Delegado en Oaxaca Elpidio Concha Arellano le daría la fecha del convenio.
“El día de la firma del convenio, 22 de enero de 2016 , horas antes volvieron a llamar al señor Peláez, para decirle que si no depositaba, aunque se firmara el convenio, no se pagaría, lo cual hizo del conocimiento del Delegado en Oaxaca, Elpidio Concha Arellano y del director general de Concertación Social de la dependencia federal, Carlos Ernesto Zataraín González, quienes dijeron que iban a emprender los procedimientos adecuados y dar vista a la Procuraduría General de la República”, indicó.
Posterior a la firma del convenio se acudió a la Delegación en Oaxaca donde Concha Arellano se le dijo que seguían extorsionando las personas que decían ser de la Dirección General de Concertación Social de SEDATU México y marcando ahora de un celular de número 5513982075, por lo que se le pidió al delegado estatal que marcara en ese momento, accedió y la persona que contestó insistió en el monto, lo cual únicamente le dio risa, cabe señalar que en ese momento entro una llamada de Magali Cañedo, secretaria particular Zataraín González, quien escuchó vía la conversación.
Posteriormente Peláez Peláez recibió el mensaje: “Me exhibió en la llamada anterior y puso el alta voz, solo le aviso que su asunto no va a salir hasta que nosotros queramos”
Lo anterior, generó desconfianza, ya que en la oficina del delegado únicamente estaban los de COSOMER, el subdelegado jurídico, Inocente Ramón García Zavala, Concha Arellano y Magali Cañedo, por lo que, al parecer alguna persona de la oficina del Zataraín González le paso la información.
Tanto Concha Arellano y el multicitado Zataraín González, se comprometieron a buscar al responsable, sin embargo, por el contrario pareciera que lo encubrieron, hecho que se hizo del conocimiento también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien a la fecha no ha emitido resolución al respecto.
En el mes de febrero de 2016, volvieron a llamar de la Delegación Oaxaca, los de COSOMER para comunicarle a Peláez Peláez que se tenía que firmar un nuevo convenio con los Delegados de la SEDATU, Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional, ya que el 29 de febrero de 2016, era necesario para concluir el asunto, pero para ello, debería de pagar una comida para los Delegados y personal de la SEDATU, Oaxaca, que según los de COSOMER era lo único que pedían los Delegados del sector Agrario para estampar su firma.
Independientemente que era una instrucción de Zataraín González, “ya que era lo menos que podía hacer por ellos ya que era mucho el recurso que se iba a recibir y que nos teníamos que poner a mano con el gobierno, algo de lo mucho que nos daban; por lo que el 29 de febrero de febrero de 2016, se accedió a su petición y se firmó el convenio nuevamente aún en contra de la voluntad de los pequeños propietarios, se coopero entre los propietarios para pagar una comida de más de veinte mil pesos para los delegados agrarios de dichas dependencias y de COSOMER, todo ello en el Restaurante “Los Pacos”.
Pese a lo anterior, paso el tiempo y no hubo respuesta, “en octubre del año pasado nos obligaron a entregar las tierras, por órdenes de Rosario Robles Berlanga y Carlos Ernesto Zataraín González, nos despojaron y después de ello se negaron a darnos todo tipo de información, a esta fecha, evadiendo a la fecha el asunto, por lo que, se entiende que se cumplieron las amenazas de la extorsión del mensaje telefónico, porque no se les pagaron los 600 mil pesos”,
Se concluye que el personal de la delegación de la SEDATU estuvo de acuerdo con el director general de Concertación Social, ya que ambos titulares, así como Robles Berlanga han retrasado el pago correspondiente, así como se han negado a cumplir con los acuerdos signados, negándose a contestar las llamadas telefónicas, recibirlos y contestar los escritos que les envían.
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