Carlos Ramírez.-
Los críticos de la ley de seguridad interior han equivocado
sus objetivos: el problema no radica en que el Estado mexicano asuma la
realidad de la delincuencia organizada transnacional, sino que se localiza en
el hecho de que la seguridad interior tiene que ver con la promoción del
desarrollo. Y la política económica aprobada por legisladores limita el PIB a
2% promedio anual porque la prioridad no es el desarrollo sino la estabilidad
macroeconómica.
En este sentido, la crisis de seguridad nacional no está en
el ejercicio de las facultades legales de las fuerzas armadas para combatir a
la delincuencia, sino en el modelo económico neoliberal instaurado por Carlos
Salinas de Gortari en 1980 y extendido en el tiempo y en el espacio por el
tratado de comercio libre. Así, la violencia criminal es consecuencia de las
doctrinas estabilizadoras salinistas del Fondo Monetario Internacional, del
Banco Mundial, del Consenso de Washington, del TCL y --¡sorpresa!-- del Banco
de México.
Por tanto, el debate sobre la seguridad interior debe ir
asociado al del incumplimiento de las metas de desarrollo nacional que tienen
la obligación de promover el Estado, el gobierno y las instituciones
legislativas. La seguridad nacional sin desarrollo social ni democracia sería
--ahí sí-- un autoritarismo tecnocrático y garantía de criminalidad.
Los legisladores deberían leer --no releer porque no lo han
leído-- el Programa para la Seguridad Nacional 2012-2018, publicado en abril
del 2014 en el Diario Oficial. Ahí se define la seguridad interior y no como un
acto de militarización, sino como un esquema articulado de seguridad como
desarrollo, democracia y Estado de derecho. La seguridad interior, dice el
documento, es la “condición que proporciona el Estado mexicano para
salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante
el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo
el territorio nacional”.
El programa también señala los “factores de riesgo” --todos
ellos sociales--que multiplican la criminalidad: marginación, pobreza,
desempleo, falta de educación, nula integralidad de educación-empleo, además de
la desconfianza ciudadana entre sí y la baja confianza en la justicia. La
insuficiencia en bienestar crea las condiciones para que la delincuencia pase
de absceso infeccioso en el cuerpo social a una metástasis.
En este escenario, el papel de las fuerzas armadas es el de
contener la infección criminal, pero la obligación de las instituciones del
Estado --los legisladores-- es la de crear las condiciones para que haya
desarrollo, estabilidad social y democracia.
De ahí la importancia de una la ley de seguridad interior y
otras que debiera tener todo Estado para aumentar la gobernabilidad
democrática: leyes de inteligencia nacional, de desarrollo nacional, de
espionaje, de seguridad nacional y, entre otras, de defensa nacional y llegar a
un verdadero Consejo de Seguridad Nacional.
El gobierno peñista debe cumplir lo prometido: “desarrollar
y divulgar una cultura de Seguridad Nacional congruente con los valores de una
sociedad democrática” y “establecer un Comité de Estudios para definir los
elementos mínimos de la cultura de Seguridad Nacional integrado por
representantes de las escuelas de seguridad y defensa de las dependencias que
forman parte del Consejo de Seguridad Nacional, así como otras instituciones
educativas, el sector privado y la sociedad civil”.
Pero la clave está en la seguridad interior como parte de un
modelo de desarrollo que comience con tasas de PIB mayores al 2.2% promedio del
periodo salinista neoliberal.
Política para dummies: La política debe ser el compromiso de
cumplir promesas, no de prometer hasta las promesas.
Sólo para sus ojos:
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Ramírez y Roberto Vizcaíno en Éxtasis Digital en el 1530 de am en la CDMX. El
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El general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda puso el
dedo en el renglón: la criminalidad no la inventaron ni la promovieron las
fuerzas armadas, sino que ha sido responsabilidad de funcionarios apáticos. A
las fuerzas armadas les toca apagar el fuego y pagar los platos rotos.
A las fuerzas de seguridad del Estado les hace falta una
revisión del mapa de grupos criminales y a partir de ahí rediseñar estrategias
para frenar su avance y desarticular sus mandos. Eso sí, sabiendo --como hoy se
sabe-- que la atomización de esas bandas genera más inseguridad.
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