Carlos Ramírez.-
Puede resultar paradójico que los periodistas le exijan al
gobierno y al Estado mayores garantías para desarrollar el periodismo de
denuncia contra la gangsterización del Estado y la complicidad de instancias de
gobierno de todos los partidos con los cárteles del crimen organizado.
Ante un escenario tan complejo y enredado, no quedan más que
dos caminos: la autocensura más absoluta y escribir sobre el estado del tiempo
y las bondades de los funcionarios del poder o la profundización del periodismo
de denuncia con los riesgos implícitos de una tarea que el Estado y los
gobiernos no pueden proteger porque son parte sustancial del problema.
De ahí que las protestas de periodistas cada vez que hay un
periodista asesinado --“ni uno más”, “exigimos justicia”-- forman parte del
control institucional de daños porque el poder prefiere ciudadanos enojados y
gritando protestas que investigando y denunciando. Los paros de labores en
redacciones como actos de protesta son mediáticos y significan días menos de
denuncias.
Los casos de Manuel Buendía en 1984 y de Javier Valdez
Cárdenas en 2017 ilustran en un espacio de treinta y tres años la esencia del
problema: los dos usaron sus espacios periodísticos para denunciar al crimen
organizado pero en su fase de complicidad con instancias del poder, del
gobierno y del Estado; y los dos fueron asesinados por comenzar a develar las
trama de la articulación de intereses entre el crimen organizado con
funcionarios gubernamentales.
La investigación del asesinato de Buendía se detuvo en el
nivel de José Antonio Zorrilla Pérez, director entonces de la Dirección Federal
de Seguridad, el organismo de seguridad política del gobierno y del Estado y
cuyos jefes eran Manuel Bartlett Díaz como secretario de Gobernación y Miguel
de la Madrid como presidente de la república; sobra decir que ninguno de los
dos fue indagado, ya no se diga investigado. Sólo que había más datos de que
Zorrilla no mató a Buendía, aunque sí le toco tapar huellas y desviar pistas.
Ninguno de los casos de los periodistas asesinados ha visto
sentenciados a sus agresores ni reveladas las complicidades con el poder. La
Federal de Seguridad trabajaba para los narcos y la salida de Bartlett en 1985,
luego de severas denuncias y presiones del embajador estadunidense John Gavin,
le cambió de nombre a la oficina y dejó a los mismos policías. Valdez estaba
denunciando complicidades del cuerpo policiaco del gobernador anterior, Mario
López Valdez, con los narcos y nadie ha trabajado esa pista.
A lo largo de treinta y tres años se ha visto que el Estado,
el gobierno y el aparato de seguridad oficial no puede otorgarle seguridad ni
garantías de trabajo a los periodistas que laboran informaciones sobre el
crimen organizado porque existen datos de complicidad del poder con los
criminales o porque los grupos criminales no sólo han rebasado al Estado y al
gobierno sino que se han incrustado en ellos o se han convertido en pequeños
Estados paralelos que controlan zonas territoriales del mismo Estado en donde
las fuerzas de seguridad gubernamentales no pueden ejercer la soberanía
nacional.
Por eso es que los periodistas solidarios con sus compañeros
caídos no deben sólo gritar justicia ni demandar garantías que el Estado y los
gobiernos no pueden garantizarse para sí mismos, sino que el único camino
viable es profundizar las investigaciones y las denuncias contra la incapacidad
del Estado para mantener segura la república y contra las complicidades
criminales del Estado.
Política para dummies: La política es la causa última del
poder.
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- Lo que parece seguro hoy es que la alianza PAN-PRD no será con candidato único, por lo que la alianza sería de frente contra el PRI y de defensa del voto.
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