JOSÉ UREÑA/ TELEFONO ROJO
Se acabó.
Los enemigos de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, unos con buena y otros con perversas intenciones, están a punto de recibir una noticia de su agrado.
El Gobierno federal está decidido a regresar al Ejército y a la Marina a los cuarteles.
Una decisión con varios orígenes:
De un lado, la inacción del Congreso de la Unión porque hay muchas fuerzas –Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Regeneración Nacional (Morena)- abiertamente en contra.
Bien lo dijo el domingo el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, quien rechazó pretensiones políticas y hasta impunidad, pero reclamó un marco legal para participar en esas tareas.
De otro, organizaciones sociales dedicadas a criticar todas las actuaciones de la milicia so pretexto de defender las garantías individuales, aunque se trate de delincuentes en flagrancia.
Y no porque violenten la ley, sino porque no hay manera de someterlos cuando reciben a balazos y matan soldados, marinos, policías federales, judiciales y hasta municipales indefensos.
Otra razón es la insuficiencia de fuerzas federales para cubrir el territorio nacional, pues gobernadores y alcaldes se desentienden y derivan responsabilidades.
Inminente anuncio a gobernadores
Como la decisión no tiene reversa, pronto comenzarán las acciones.
Corresponderá al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, convocar a los gobernadores y a los presidentes municipales para abordar el tema.
Habrá ultimátum:
-¿Cuándo sacamos de las calles a las Fuerzas Armadas?
Para ello será necesario un compromiso formal de mandatarios estatales y ediles a fin de formar fuerzas policiales capaces de enfrentar al crimen organizado, proteger y garantizar la vigencia de la ley.
Tal vez sea un objetivo inútil.
Los gobernadores han delegado responsabilidades en lugar de formar vigilantes y, a lo sumo, como máximo respaldo, ofertan la construcción de cuarteles y el pago de hospedaje y viáticos de las fuerzas federales.
Por ello estos datos:
De los más de dos mil 400 municipios, 600 no tienen Secretarías de Seguridad Pública, no pasan 900 con más de 20 agentes y en 18 estados no todas las jurisdicciones tienen policías.
El gobierno de Enrique Peña ya se cansó, pero faltará ver si con el acuartelamiento de fuerzas, México se convertirá en un país con la ley de la selva.
El súbito afecto para Narro Robles
1. De tiempo acá, los gobernadores se pelean la presencia del secretario de Salud,José Narro.
Ayer estuvo en Durango, donde, acompañado de José Rosas Aispuro, firmó un convenio para garantizar la atención de toda la población infantil y visitó un hospital de salud mental con 450 enfermos.
2. El ejemplo cunde:
Si el gobernador yucateco Rolando Zapata no difundió su informe, tampoco lo hizo ayer su esposa, Sarita Blancarte, como presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
No hubo publicidad y apenas uso de redes sociales con un mensaje de 15 minutos.
Cero publicidad, cero gastos.
