Terminar con la prostitución judicial, reto para Berenice Ramírez Jiménez


Con el nombramiento de Berenice Ramírez Jiménez como presidencia del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, surge la esperanza que mujeres ofendidas obtengan justicia, en un estado sumergido en la violencia e impunidad.

La nueva administración enfrenta escándalos relacionados con la prostitución judicial, en donde jueces y magistrados ofrecen sus servicios al mejor postor, sin importar que con ellos se pisotee la ley y se violente el Estado de Derecho.

La prostitución judicial se fragua con la relación directa e indirecta de magistrados y jueces con los colegios de abogados, en donde se advierte el tráfico de influencias a cambio de grandes sumas de dinero.

Jueces improvisados y magistrados corruptos manchan al Poder Judicial en el momento en que es cuestionado por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, acusando precisamente la prostitución judicial.    

Al respecto, el gobernador de Oaxaca se encuentra al pendiente de los abusos cometidos por los jueces y magistrados, esto, por instrucciones directas del presidente Andrés Manuel López Obradortras la denuncia realizada durante la gira presidencial en tierras oaxaqueñas.  

 

Según expertos en materia penal, con la información recabada por las víctimas respecto al actuar de los jueces, estos, podrían en un futuro no muy lejano enfrentar responsabilidades penales, ya no solo administrativas.

Por ello, la nueva presidenta del Poder Judicial de Oaxaca se encuentra en una disyuntiva: continuar con el deterioro de la institución  o poner un alto y desmantelar las redes de corrupción que operan al interior del poder judicial.

El caso más evidente, es la causa penal 155/2021 con el asunto de las dos mujeres asesinadas en Ocotlán de Morelos Oaxaca, familiares del periodista Edgar Leyva, que intentaron asesinar por las denuncias periodísticas relacionadas con el despojo de tierras por parte de un grupo organizado que opera en la región de valles centrales.

En dicha causa penal, la juez Martha Santiago Sánchez, dejó en libertad al presunto autor intelectual bajo pretexto por la “falta” de elementos para procesarlo; tuvo que intervenir la Sala superior del Tribunal Superior de Justicia del Estado para corregir la “metida de pata” de la juez.

Mediante impugnación, el Toca Penal número JOTPA1/0024/2023, el Tribunal Unitario del Circuito Judicial de valle centrales, sede Sola de Vega resolvió en segunda instancia la “marranada jurídica” de la juez Martha Santiago, ordenando por fin el internamiento del imputado Gabino “N”.

Esto, recompone la maltrecha imagen del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, señalado de favorecer a delincuentes a cambio de cuantiosos recursos económicos, conocido como la PROSTITUCIÓN JUDICIAL.

En este sentido, la segunda instancia, concedió al imputado Gabino “N” tres días para que de manera voluntaria se interne de manera justificada en Centro de Reincersión Social Varonil de Tanivet, para dar cumplimiento a la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La “metida de pata” de la juez Martha Santiago Sánchez consistió en ignorar de manera flagrante los elementos acusatorios presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, en donde aportó elementos para demonstrar la probable responsabilidad de los homicidios.

De acuerdo a fuentes periodísticas se presume que la juez recibió una fuerte suma de dinero por liberar al homicida de dos mujeres en Ocotlán de Morelos.

Jueces en la impunidad

De acuerdo a fuentes periodísticas consultadas por este medio, se detectó que tras la denuncia realizada en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, diferentes instituciones federales están revisando el actuar de los jueces en Oaxaca.

Así mismo, están documentando los "movimientos" de los jueces y magistrados en los últimos 2 años a fin de fincar responsabilidades penales en contra de dichos servidores públicos.

Así mismo, se estableció que los jueces gozan de impunidad, ya que las sanciones van en primer lugar con un llamado de atención, es decir, un simple regaño.

Otra de las sanciones para los jueces, después de la llamada de atención, es la separación del cargo por tres días; luego una separación de cargo por seis meses y finalmente la inhabilitación.

Sin embargo, hasta el momento no existen registros que demuestren la inhabilitación de jueces por corrupción o cohecho, ya que es muy difícil probar estas faltas.

Por lo tanto, con la cumplimentación de las investigaciones, se impondrá un precedente en combate a la corrupción, estafeta de la 4a Transformación.