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| Protesta para conmemorar el día internacional de la mujer. Fotografía: Agencia Cuartosucro |
Renana Gómez Lameiras/MCCI
La discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) para 2023 tendrá lugar los siguientes días, por lo que presentamos una
revisión de su Anexo 13, que concentra el presupuesto enfocado a programas para
atender las desigualdades de género. El 7 de noviembre se hicieron ajustes en
el dictamen sobre algunos de los programas aquí referidos; sin embargo, siguen
siendo insuficientes para combatir las desigualdades de género. En este texto
se revisan las principales irregularidades que encontramos en el presupuesto
2023 para las mujeres mexicanas, entre las cuales están:
A pesar de que cada año se presupuestan recursos para políticas públicas con el objetivo de apoyar a las mujeres privadas de su libertad y sus hijas, desde 2018 no se ha gastado un solo peso de ese presupuesto aprobado.
No solo desapareció el programa de estancias infantiles que
apoyaba a las madres trabajadoras, sino que los recursos que se entregan para
este propósito tendrán una reducción de 4.5% para 2023 y serán menos de la
mitad de lo que se destinó en 2018.
Únicamente el 27.2% de las mujeres que deberían ser
beneficiadas con políticas que las ayuden para integrarse al mercado laboral
están cubiertas por los programas del gobierno, por lo que 7 de cada 10 no
tienen apoyo por parte del gobierno.
Las guarderías del IMSS tendrán una disminución para 2023
por 534.2 millones de pesos, una reducción de 3.5% respecto al año anterior.
Se presume que se destinarán recursos sin precedentes para
combatir las desigualdades de género en 2023, sin embargo, esto es falso. De los
97 programas presupuestarios que incluye el Anexo 13 para 2023, únicamente 13
de ellos están enfocados de forma explícita a políticas en favor de la equidad
de género. 87% de los programas para atender a las mujeres no son específicos
para ellas.
Cero pesos: el gasto total para la reinserción social de mujeres privadas de libertad
En México, la desigualdad de género se traduce en distintos
aspectos de la vida pública, entre ellos el acceso a la justicia. Por ello, uno
de los rubros a los que se debería de estar priorizando el presupuesto es al
acceso a la justicia de las mujeres. Esto incluye el presupuesto de mujeres
privadas de la libertad, que si bien son un sector notablemente ignorado,
representa un segmento de la sociedad vulnerado por la corrupción,la impunidad
y la injusticia.
De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios
Estatales 2022, más del 50% de las mujeres privadas de la libertad en 2021 no
tenía una sentencia. Esto contrasta con los hombres, entre los cuales sólo 40%
no tenía sentencia. Entre las mujeres privadas de la libertad sin sentencia,
14.2% de ellas llevaba esperando más de 2 años por su sentencia. En el caso de
los hombres este porcentaje es menor (12.6%). Esto quiere decir que no solo hay
más mujeres que no tienen una sentencia, sino que mayor parte de ellas
esperando más de 24 meses por una sentencia. El sistema de justicia les falla
desproporcionadamente a las mexicanas. Por eso vale la pena preguntarse, ¿cómo
se ve el presupuesto destinado a las mujeres privadas de la libertad?
El presupuesto del Programa Especial Concurrente para
«Impulsar la política pública con perspectiva de género a favor de las mujeres
privadas de su libertad, sus hijas e hijos respecto de su condición de
internamiento, así como en la formación del personal penitenciario» es en
promedio de alrededor de 2 millones y medio de pesos. Como parte del anexo 13,
desde 2020 la institución encargada de ejercerlo es la Secretaría de Seguridad
Pública y Ciudadana, específicamente la Dirección General de Política y
Desarrollo Penitenciario. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
para 2023 se presupuestó como uno de los rubros más bajos, con 2.1 millones de
pesos. Este monto representa un 0.0006% del total del presupuesto correspondiente
al Anexo 13.
No es lo más grave que se destine tan poco dinero a este
rubro. El problema es que no se ha gastado un solo peso de lo que se ha
presupuestado para este tema. Desde 2018 no se ha pagado ni un centavo en este
concepto del anexo 13. Como se ve en la siguiente gráfica, las barras grises
indican lo que se ha presupuestado: entre 2.8 millones y 2.1 millones desde
2017. Es notorio que el presupuesto bajó para 2022 y 2023. Sin embargo, los
números en rojo nos dicen realmente cuánto se ejerció de lo presupuestado. En
2017, por ejemplo, se pagaron 131 mil pesos. A partir de 2018 ni un solo peso
se ha pagado para impulsar la política pública en favor de las mujeres privadas
de su libertad.
Aunque todos esos años se asignó dinero para este fin, al
concluir el año el gobierno no gastó ni un peso. Esto significa, primero, que
sistemáticamente se le asigna dinero a un programa que no se está ejecutando.
Lo segundo es que esto es indicativo de la poca relevancia para la actual
administración sobre los temas de género.
Si bien es frecuente que haya una diferencia entre lo que se
presupuesta y lo que se gasta, en este caso se están desaprovechando o
eliminando recursos que se designaron para ese fin. Sin indicios de cómo se ha
gastado, no hay manera de verificar los esfuerzos de política pública en favor
de las mujeres privadas de la libertad. Al no destinar recursos queda en
evidencia una falla enorme del gobierno. Hace falta más trabajo público en
favor de la calidad de vida, la justicia y la reinserción de las mujeres
privadas de la libertad.
Madres trabajadoras: menos apoyos, menos cobertura
Otro tema fundamental en la búsqueda por la igualdad
sustantiva entre hombres y mujeres son los servicios de cuidados infantiles.
Estos servicios benefician principalmente a las mujeres, en tanto que son
quienes más se encargan de labores domésticas y de cuidados. De acuerdo con
datos del INEGI, reportados en el micrositio #8M de la organización México:
¿Cómo vamos?, las mujeres dedican en promedio 48 horas a la semana en labores
de cuidados, mientras que los hombres únicamente 18. En este país, las mujeres
hacen más del doble de los trabajos de cuidados que los hombres.
De acuerdo con la propuesta para 2023, el presupuesto de
servicios de cuidado infantil disminuirá. Algunos de los principales programas
que lo componen son los servicios de guardería del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), que se destina a las mujeres que cuentan con seguridad
social, y el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de
Madres Trabajadoras (PABNNHMT) de la Secretaría del Bienestar. En éste último,
las principales beneficiarias son mujeres que no tienen seguridad social.
Desde 2018, estos programas han tenido una disminución
presupuestal importante. Tan solo entre 2018 y 2019 se disminuyó en poco más de
50% el presupuesto para este programa. Para 2023 la disminución del presupuesto
frente a 2022 fue apenas del 4.5%. Aunque parece una pequeña disminución en
términos porcentuales, el presupuesto de este año es menos de la mitad de lo
que era en 2017 y 2018.
Es importante recordar que esto se debe a que en 2019 el
Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niño Hijos de Madres
Trabajadoras tuvo un cambio drástico en sus reglas de operación. En lugar de
asignar presupuesto para estancias infantiles, esta administración decidió que
los apoyos se convertirían en transferencias directas a las madres
beneficiarias. Esto implicó una disminución en el monto del apoyo de 1,800
pesos bimestrales a 1,600, lo que representa reducción por persona de más del
10%.
De acuerdo con la ficha de monitoreo 2021-2022 del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), la cobertura de la
población atendida para este programa está muy lejos de la población objetivo.
Mientras la población objetivo es de más de 1.2 millones de personas, este
programa atendió sólo al 27.21% de esa población objetivo. 2018 fue el año que
más cobertura tuvo el programa con respecto a su población objetivo. Una cosa
es clara: con los cambios de operación, el panorama no favorece a las
beneficiarias que pretende atender este programa.
En cuanto a estancias infantiles, el presupuesto del
PABNNHMT ha ido cayendo, al igual que los montos del apoyo y el número de
mujeres inscritas. Actualmente, no cubre ni una tercera parte de la población
objetivo. También las guarderías del IMSS tendrán una disminución para 2023 con
respecto al presupuesto de 2022, en una cifra que equivale a 534.2 millones de
pesos de 2023 (una reducción de 3.5% con respecto al del año anterior). En
términos de la promoción de los derechos laborales de las madres mexicanas y en
la definición de una política pública en favor de un sistema nacional de
cuidados, el Estado mexicano tiene un pendiente importante en el combate a la
desigualdad de género.
A modo de conclusión: otras prioridades en el presupuesto de género
El presupuesto para 2023 destinado al Anexo 13, dedicado a
combatir las desigualdades de género, es el presupuesto más alto de los seis
años anteriores. Sin embargo, de los 97 programas presupuestarios para 2023 que
incluye este anexo, únicamente 13 de ellos están enfocados de forma explícita a
políticas en favor de la equidad de género, la prevención y atención a víctimas
de violencia de género, o programas en favor de la participación laboral de las
mujeres. Es un presupuesto de género que tiene otras prioridades que no son las
mujeres. Por ejemplo, más de la mitad del presupuesto en este Anexo se destina
a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Este programa
es un apoyo universal, por lo que no hay un componente claro de la política
pública que esté centrado en cerrar brechas de género de manera específica.
Otro ejemplo es el programa denominado «Fertilizantes», que
tiene un presupuesto ocho veces superior que el «Programa de Apoyo Para
Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas
e Hijos». Este programa tuvo cambios recientes tras su dictamen en el Congreso;
pese a ello, el programa de fertilizantes tendrá 8.7 veces el presupuesto para
la atención de refugios, lo que evidencia una vez más que las mujeres no son
una prioridad para nuestras representantes ni para el gobierno federal. Este
caso describe una realidad incómoda para el presupuesto de género: esta
administración gasta más en fertilizantes que en atender a las víctimas de violencia
de género.
El Congreso de la Unión dictaminó la propuesta del
Presupuesto de Egresos de la Federación e hizo cambios en el presupuesto de
programas sociales como el de atención a víctimas de violencia de género; sin
embargo, los cambios siguen siendo insuficientes. La desigualdad de género debe
ser una prioridad reflejada con presupuesto y programas específicos. De otra
forma, no es una prioridad. El trabajo en favor de la igualdad sustantiva es
una exigencia que el Estado mexicano no puede seguir ignorando.
Reportaje completo publicado en la plataforma de MCCI
