Condena CPJ censura informativa en Cuba


Miami, 19 de agosto de 2021 – El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condenó hoy la adopción de nuevas regulaciones de las telecomunicaciones en Cuba que reforzarán la censura informativa en la isla, e instó a la inmediata derogación de tales regulaciones.

El 17 de agosto, el Gobierno cubano adoptó nuevas regulaciones que criminalizan el acto de compartir información “falsa” y “ofensiva” en la Internet, y amplían las facultades de las autoridades para restringir la libertad de expresión en el ciberespacio, según el  texto de las regulaciones y versiones de prensa.

“Con este nuevo conjunto de regulaciones ambiguamente definidas sobre la Internet, las autoridades cubanas claramente intentan impedir que la ciudadanía exprese su descontento y tenga libre acceso a la información en la Internet”, declaró Ana Cristina Núñez, investigadora sénior del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ. “No importa cuántas leyes y decretos nuevos aprueben las autoridades cubanas: los cubanos tienen el derecho de recibir noticias sin filtros ni sesgos. Estas regulaciones deben derogarse inmediatamente”.

El director de Ciberseguridad del Ministerio de Comunicaciones, Pablo Domínguez Vásquez, declaró en conferencia de prensa que las nuevas normas dotan al Gobierno de la facultad de llevar un registro de los incidentes de ciberseguridad, y afirmó que “cuando se logren identificar estas personas [los infractores] y estén en el país, se les impondrán contravenciones”, según versiones de prensa.

Las nuevas regulaciones consisten en el Decreto-Ley 35 “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Uso del Espectro Radioeléctrico”; las resoluciones 105, 107 y 108, relativas a la ciberseguridad y el uso de las redes de telecomunicaciones; y el Decreto 42, relativo a las tecnologías de la información y la comunicación.

El Artículo 69 del Decreto 35 faculta al monopolio estatal de las telecomunicaciones, ETECSA, para interrumpir redes y servicios que transmitan información falsa, ofensiva o lesiva a la dignidad humana; que afecten la intimidad personal y familiar; que afecten la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad pública y el respeto al orden público; o cuando sean utilizados “como medios para cometer actos ilícitos”.

El Artículo 53(b) del Decreto 42 obliga a los proveedores de servicio de Internet a suspender, en coordinación con las autoridades competentes, el servicio o terminar el contrato de los usuarios que transmitan información como la anteriormente descrita.

Las regulaciones no definen los términos “información falsa” ni otros como “la seguridad colectiva, el bienestar general y la moralidad pública”. Las regulaciones establecen que se pueden aplicar con independencia de la responsabilidad penal, civil o administrativa que se derive del hecho.

La Resolución 105 tipifica incidentes de ciberseguridad como la “divulgación de noticias falsas” y la “difamación con impacto en el prestigio del país”, así como la “difusión dañina”, que define como la difusión de contenidos que “inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público”.

La resolución también abarca el “ciberterrorismo”, que tipifica como acciones cuya finalidad es subvertir el orden constitucional; suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y las estructuras económicas y sociales del Estado; u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

La Resolución 105 no establece las sanciones específicas que se aplicarán por tales infracciones.

“Con estas normas, el régimen cubano está legalizando los apagones de Internet, y la posibilidad de cortar el acceso a Internet y teléfonos móviles de forma personalizada”, declaró al CPJ en entrevista telefónica Norges Rodríguez, director del proyecto cubano sobre derechos digitales YucaByte.

Las autoridades cubanas ya han interrumpido el servicio de Internet a toda la isla y a usuarios específicos, como el CPJ lo ha documentado. Las nuevas regulaciones se adoptan luego de las protestas antigubernamentales del mes de julio, durante las cuales los manifestantes compartieron videos de las protestas en las redes sociales, mientras que el Gobierno, por su parte, interrumpió el servicio de Internet y el acceso a las redes sociales, como el CPJ lo documentó. Las autoridades han encarcelado a algunas personas por compartir esos videos, según versiones periodísticas.

Estas nuevas normas jurídicas fortalecen el control gubernamental sobre el contenido de las redes sociales, que ya se había implantado en virtud del Decreto 370 de 2019, el cual prohíbe la difusión de “información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas” a través de las redes públicas, y se ha utilizado para hostigar a periodistas, como el CPJ lo ha informado.

“Estas normas vienen ahora a integrarse a la estrategia del régimen cubano sobre Internet, que por un lado abre el acceso a Internet pero por otro lado lo que hace es acompañar eso con mecanismos jurídicos y técnicos que permiten implementar la censura”, señaló Rodríguez. “Es una farsa”.

El CPJ envió un correo electrónico al Ministerio de Comunicaciones cubano para obtener una declaración, pero no recibió una respuesta inmediatamente.

Copyright © URBANO 24 HORAS. Designed by OddThemes