A más de 35 años, el expediente negro de Enrique Toro Ferrer, inició con su nombramiento como Sub-Procurador de justicia del Estado de Oaxaca durante el sexenio del gobernador Heladio A Ramírez López (1986-1992) y con ello un número considerable de torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias.
Algunas de estas acciones violatorias de Derechos Humanos fueron documentadas por la organización Amnistía Internacional (AI) en donde registró la invasión y el apoderamiento de grandes extensiones de terrenos por prominentes “líderes políticos locales” y/o “caciques” para destinarlas a pasto y, según investigaciones e informes de la misma institución también para el cultivo de narcóticos.
El informe de Amnistía Internacional México: Violaciones de los Derechos Humanos contra miembros de la comunidad de indígenas Mixes y Zapotecas de La Trinidad Yaveo, Oaxaca, con el índice AI: AMR 21/11/92/s, se publicó en el marco de la naciente Comisión Nacional de los Derechos Humanos a cargo de Jorge Carpizo McGregor (6 de junio de 1990).
El documento de Amnistía Internacional en poder de URBANO 24 HORAS, concluyó que al no emprender las autoridades civiles locales y estatales una investigación adecuada sobre las denuncias de homicidios, desapariciones, detenciones arbitrarias y torturas, y no poner a los responsables de tales abusos a disposición de la justicia, Amnistía Internacional concluye que estas violaciones ocurrieron con el consentimiento de dichas autoridades.
El informe de Amnistía Internacional señaló al entonces Sub-Procurador de Justicia Enrique Toro Ferrer, que con lujo de violencia detuvo a los indígenas Mixes-Zaportecos para llevarlos a casa de seguridad para torturalos en donde también fueron desaparecidos y asesinados sumariamente algunos de ellos. Los sobrevivientes fueron recluidos en el penal de María Lombardo.
Se trató de Cenobio Martínez , Cecilio Aldaz, Abraham López , Celedonio Miguel , Rogelio Lorenzo , Vicencio Martínez , Felipe Martínez y Venustiano Velasco y otras 25 personas que fueron detenidos, ellos se encontraban el día 13 de julio de 1990 en una reunión que las mismas autoridades del Estado les habían hecho creer que se celebraba para resolver las diferencias entre el grupo de la comunidad que pretendía reclamar sus derechos sobre la tierra.
La madrugada del 25 de Enero de 1992, Agustín Diego de 29 años, Odilón García de 25, Abraham Miguel de 45, Efraín Miguel de 21, Alberto Martínez de 30, y Daniel Muez de 56 y 25 personas más fueron detenidos en sus domicilios sin orden judicial por miembros de la Policía Judicial del Estado.
La incursión policial se desarrolló en la comunidad de La Trinidad, municipio de Santiago Choapam, Oaxaca a las cuatro de la madrugada, que según testimonios de los sobrevivientes, personas armadas ingresaron a los domicilios con lujo de violencia sin importar que a su paso econtraran mujeres embarazadas o niños.
Los domicilios fueron señalados, según los informes, por hombres armados originarios de la zona que acompañaban a los policías, los detenidos fueron golpeados salvajemente, esposados, arrojados y amontonados en las camionetas pick up para luego trasladarlos a casas de seguridad. Durante el trayecto, fueron sometidos a palizas que continuaron en el interior de la comisaría.
Los testigos sobrevivientes recibieron puñetazos, golpes con armas y patadas en diversas partes del cuerpo. Según el informe de Amnistía Internacional a Alberto Martínez le golpearon la cabeza contra la pared destrizándosela. El informe indicó que la policía también derramó cera hirviendo sobre las manos de Daniel Muez y Alberto Martínez.
El origen del conflicto en la zona Mixe data de la década de los 80 por un grupo de representantes agrarios de la comunidad La Trinidad Yaveo, Oaxaca, que reclamaban tierras comunales con los caciques de la demarcación, los cuales ocupaban tierras, entre otras cosas, para el cultivo de narcóticos.
La organización internacional protectora de Derechos Humanos apuntó que los grupos indígenas venían siendo objeto de abusos contra los derechos humanos en numerosas partes de México en situaciones de disputas no resueltas por la posesión de tierras conocidas como "ejidos" y que afectan a las comunidades indígenas y favorecen a los poderosos terratenientes, también llamados "caciques" o "jefes locales".
Los ejidos son una forma comunal de tenencia de tierras establecida a partir de las medidas de reforma agraria de 1917. La tierra es propiedad del Estado y no puede venderse, arrendarse o hipotecarse. Prueba de que el Estado reconoce el derecho de los indígenas a la propiedad de las tierras comunales es el hecho de que hayan reconocido en teoría los límites ancestrales que se legalizaron en el período colonial.
Las violaciones de derechos humanos denunciadas en La Trinidad Yaveo en enero del 92 son las últimas de una serie de incidentes surgidos entre un sector de la comunidad, el Grupo de Trabajo Común Organizado, que afirma su derecho a la tierra por tradición, y los terratenientes locales, que se habían ido apropiando de grandes extensiones de terreno para destinarlas a pasto y, según informes, también al cultivo de narcóticos.
Aunque Amnistía Internacional no adoptó ninguna postura con respecto a las reclamaciones enfrentadas sobre la posesión de las tierras, la organización expresó su alarma ante los informes que indicaban que, como resultado de tales conflictos, miembros de comunidades indígenas y rurales habían sido objeto de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, ejecuciones y otras violaciones graves de los derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, actuando en muchos casos con la complicidad de "caciques" locales y sus pistoleros.
Al menos 73 personas de La Trinidad Yaveo, la mayoría implicadas en la defensa de las tierras de su comunidad, resultaron muertas a partir de la década de los 70. Entre ellos se encuentran Francisco Yescas destacado dirigente de la comunidad cuyo homicidio tuvo lugar en julio de 1987, y Zacarías Patricio Márquez, muerto en septiembre de 1989.
Todo indicó que ambos murieron a causa de su implicación en la lucha pacífica que sostiene la comunidad por sus derechos tradicionales sobre la tierra. En los dos casos los autores de las muertes fueron al parecer identificados y, en el caso de Zacarías Patricio Márquez, pudieron llegar a dictarse órdenes de detención, pero nunca se hicieron efectivvas gracias a la protección del Subprocurador Enrique Toro Ferrer.
Destacó que en ninguno de los otros casos se puso a los responsables a disposición de la justicia, por el contrario, tras el asesinato en 1990 del terrateniente local Francisco López a manos de individuos desconocidos, se detuvo arbitrariamente a varios indigenas mixe-zapotecos.
La ejecución extrajudicial del indígena Tomás Diego de veinte años de edad y su hermano y Agustín, uno de los seis hombres detenidos arbitrariamente por la policía el 25 de enero de 1992, recibió un disparo a corta distancia en la nuca cuando corría desarmado tras los vehículos en que se llevaban a los detenidos.
La madre de Tomás, Crispina ha anunciado o que corría delante, dijo haber oído un tiro. Descubrió el cuerpo de su hijo cerca de la casa con un disparo en la cabeza. Se presentaron denuncias a las autoridades del estado y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.
“Les pregunté que por qué habían matado a mi hermano y que por qué ma habían castigado mucho... eso es lo que a mí me duele mucho... yo siento dolor en mi corazón. Cualquier persona que muere se siente el dolor y más así como estaba yo castigado, era peor. Yo sentí pues como una puñalada en el corazón al momento que supe que él estaba muerto.” Agustín Diego García, hermano de Tomás.
Conclusiones AI
Amnistía Internacional instó a que, de forma inmediata, se pusiera en marcha una investigación imparcial sobre el homicidio de Tomás Diego García el 25 de enero de 1992, sobre los homicidios de al menos otros 13 miembros de la comunidad ocurridos en los últimos veinte años, e instó también a que los responsables fueran puestos a disposición de la justicia.
Asimismo, la organización exhortó a que se emprendiera una investigación exhaustiva acerca de la detención sin orden judicial de seis personas y su posterior tortura, las palizas dadas a dos mujeres y las amenazas de muerte contra un niño que tuvieron lugar el mismo día, y que los responsables de estas violaciones de derechos humanos sean puestos a disposición de la justicia.
El organismo internacional alertó que de no tomarse medidas inmediatas para investigar y perseguir judicialmente a los responsables de estas violaciones de derechos humanos contra miembros de la comunidad indígena de La Trinidad Yaveo, se estaría favoreciendo la repetición de tales actos, creando una sensación de impunidad en los autores.
