El Torito…

La impunidad del abogado oaxaqueño Enrique Toro Ferrer, acusado por la actual Fiscalía General del Estado de Oaxaca por numerosos hechos en el abuso de poder, terminó el primero de mayo de 2021, esto por las denuncias presentadas por el caricaturista José Bolaños.

Al Torito se le acumulan, según investigaciones de Amnistía Internacional (AI), detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias y por lo menos 28 desapariciones de indígenas que reclamaban el despojo de sus tierras por caciques locales.

Como Sub-Procurador de Justicia del Estado en el sexenio de Heladio Ramírez López, el Torito tejió complicidades con funcionarios de primer nivel así como con las familias más representativas de la “vallistocracia” oaxaqueña para amasar fortunas multimillonarias, pese a la pobreza que priva en Oaxaca.

La economía en el Estado se sostiene en primer lugar por las remesas en dólares que envían los paisanos que se encuentran trabajando en el extranjero, el segundo es el dinero que la administración pública estatal y federal paga a los burócratas y el tercero el turismo.

Luego entonces, el ciudadano común y corriente se pregunta el origen de las fortunas de las principales familias de abolengo en Oaxaca y presume son producto de corrupción y complicidades de los funcionarios públicos en turno con caciques hoy conocidos como integrantes del “cartel de cuello blanco”.

Los primeros apellidos que salen a relucir en el caso del Torito son, por la amistad, sociedad y complicidad los siguientes personajes: Germán Espinosa Santibáñez, Juan Díaz Pimentel, Fabián Herrera Villagómez, la familia Canseco, la familia Quintana, Sergio Hampshire Santibáñez Franco, Alejandro Magno González Antonio, entre muchos personajes de la “rancia” Vallistocracia oaxaqueña.

La sociedad, amistad y complicidad del Torito con la Vallistocracia se ha fortalecido con el paso de los años, permitiendo abusos, robos, despojos, golpizas, torturas, amenazas, desapariciones extrajudiciales con el objetivo de acumular riquezas.

Por ejemplo, sobresale el caso de Juan Díaz Pimentel, ex secretario de Salud del Estado de Oaxaca, quien presuntamente se adueñó de la mayoría de los terrenos por donde sería trazado el libramiento sur de Oaxaca, al igual que la mayoría de las propiedades y terrenos donde fueron construidas las instalaciones de la Fiscalía General de la República en San Bartolo Coyotepec.

Enrique Toro Ferrer, ex sub procurador de Justicia de Heladio Ramirez López

En el caso de Díaz Pimentel, existen documentos que prueban su relación con la venta de los terrenos en donde se ubica actualmente el Congreso del Estado en San Raymundo Jalpan.

El nombre del ex secretario de las Infraestructuras Fabián Herrera Villagómez, personaje que apenas cuenta con estudios de secundaria inconclusa y que su fortuna es multimillonaria a la sombra de Díaz Pimentel, carga con los señalamientos de inmensas propiedades en las inmediaciones del Congreso del Estado y de las oficinas de la FGR, además de los señalamientos por actos de corrupción cometidos en su desastroso paso por SINFRA.  

La complicidad de Torito con funcionarios de primer nivel en la actual administración de Alejandro Murat, se presenta con el actual secretario de Administración Germán Espinosa Santibáñez, sobrino de Sergio Hampshire Santibáñez Franco, Procurador de Justicia durante el sexenio de José Murat Casab (1998-2004).

Lic. Alejandro Magno González Antonio. Foto Internet. 


La impunidad del Torito en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, según información periodística,  proviene por la protección de Sergio Hampshire Santibáñez Franco quien impuso al Vice Fiscal de los Valles Centrales Alejandro Magno González Antonio quien tuvo acceso a todos los expedientes del Torito.

Sergio Hampshire Santibáñez Franco, ex procurador de José Murat, es tío del actual secretario de Administración Germán Espinoza Santibáñez, ambos prominentes miembros de la vallistocracia oaxaqueña.

Se presume que los negocios en la vice Fiscalía consisten en “poner precio” a todos los casos más relevantes de acuerdo al poder económico de los imputados.

De este modo, se podría decir que desde la vice Fiscalía  se “vende impunidad” a las personas que puedan pagarla generando con ello mayor impunidad y cometiendo más delitos;  sin embargo, esta protección es temporal porque en algún momento la justicia tiene que llegar o alguien sin compromisos de pactos de sangre.

A la luz de los presentes hechos y con más de 10 expedientes penales en su contra, el Torito representa la punta de la madeja de un hilo muy negro que tiene varios nudos y amarres con funcionarios estatales y familias de abolengo, además de notarios públicos, Ministerios Públicos, Jueces, Magistrados, funcionarios del Registro Público de la Propiedad, Colegios y Barras de Abogados, funcionarios de la FGJEO, que al paso de los años extendieron las operaciones del “cartel de cuello” blanco por todo el territorio oaxaqueño generando violencia, despojos, amenazas, golpizas, desapariciones forzadas y asesinatos.

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