Víctor Manuel Aguilar Gutiérrez

De acuerdo a la Secretaría de la Función Pública (Consulta: The Anti-Corruption Plain Language Guide), la corrupción consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca.

Corrupción a gran escala: La corrupción a gran escala consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común.

Actos de corrupción menores: Los actos de corrupción menores consisten en el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos.

Corrupción política: Manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes se abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio.

Algunos aseguran que se trata de una cuestión cultural, otros, que es un problema del Estado de derecho y de cumplimiento de leyes, lo cierto es que, sin importar su naturaleza, la corrupción es uno de los mayores males que actualmente aquejan a nuestra sociedad.

De acuerdo al estudio realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y que presenta en el documento denominado “Los Mexicanos Frente a la Corrupción y la Impunidad 2020”: Entre la primera (2019) y segunda edición (2020) del estudio, una mayor proporción de los mexicanos consideró que la corrupción había aumentado, pasando de 46 a 53 por ciento. Asimismo, Andrés Manuel López Obrador registró una caída de 19 puntos en su aprobación como presidente de marzo de 2019 a marzo de 2020. Esta caída es el reflejo de la pérdida de apoyo ciudadano hacia las acciones gubernamentales. Las medidas anticorrupción no son la excepción, pues el apoyo en este rubro pasó de 70 por ciento en 2019 a 43 por ciento en 2020.

A nivel local el 57% de los encuestados cree que su gobernador/a es corrupta y 61% estima lo mismo del alcalde en su entidad. En ambos casos, la percepción de corrupción incrementó respecto al año pasado.

Las instituciones de salud son percibidas con mejores ojos que las instituciones políticas o de seguridad. El 39% de los mexicanos cree que hay mucha corrupción en el IMSS comparado con 34% que estima lo mismo del ISSSTE. El INSABI, pese a su novedad, también es considerado muy corrupto por la mayoría. Aunque estas proporciones no son desdeñables, se perciben como más corruptas muchas otras instituciones. Estos datos son interesantes a la luz de la crisis sanitaria de COVID-19 y dado que tantos mexicanos entraron en contacto con el sistema de salud en México.

Los costos monetarios son solo una de las consecuencias que traen consigo los actos de corrupción en México y que diversos organismos e instituciones tanto nacionales como internacionales han tratado de medir. La firma Deloitte presenta la siguiente información con datos de 2016:

El Banco Mundial estima que este fenómeno representa 9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, mientras que el Inegi, a través de su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental y su Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2016, ha tratado de hacer una cuantificación del costo de este problema.

El Instituto divide al costo monetario de la corrupción en dos: directo e indirecto. El primero -explica- se refiere al el dinero que los ciudadanos y las empresas deben destinar a pagos de sobornos o para la entrega de regalos o favores que les son solicitados por los servidores públicos o intermediarios para agilizar, aprobar o evitar trámites, pagos, solicitudes o inspecciones.

El indirecto se manifiesta de diferentes formas, por ejemplo, una disminución en la inversión extranjera a causa de un entorno que dificulta la libre competencia, una mayor desigualdad en la distribución de los recursos o una erosión de la legitimidad y confianza en las instituciones, entre otras.

El Inegi descubrió que el impacto económico de la corrupción fue mayor en la población que en las empresas, pero que el costo promedio del soborno por agente fue superior en las empresas que lo observado en la población.

Así, definió que el costo total por actos de corrupción en millones de pesos fue de 6,419 para la población y de 1,612 para las unidades económicas o empresas, mientras que el costo promedio de un acto de corrupción fue de 2,799 pesos por adulto víctima y de 12,243 por empresa víctima.

Todavía falta mucho por estudiar y por hacer respecto a la corrupción, lo cierto es que el problema no se resuelve solo con el discurso.

 

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