Rubén Iñiguez

El regreso del fuero de guerra, del fuero militar. El privilegio de ser el instrumento de control de México, el Ejército observó que de los 109 fideicomisos que reportaron 68 mil millones de pesos para que el presidente López Obrador disponga para sus obras faraónicas, entre las cuales se sumará el aeropuerto inexplicable de Tulum, que construirán los soldados y será terminado en el 2023.

Recursos para la refinería que lleva 9 inundaciones, perdón, encharcamientos; para el tren maya que atropella a las comunidades indígenas, a la naturaleza y defolia la selva, recursos para los seis partidos políticos que estarán al servicio de AMLO en las próximas elecciones, a saber: MORENA, VERDE, Fuerza Social, Redes Sociales Progresistas, Partido del Trabajo. Y adicionalmente vendrá en la boleta la pregunta de la encuesta sobre si el ciudadano aprueba que los actores políticos del pasado sean juzgados.

Para ello se aniquilaron fideicomisos relacionados a la educación, a la preparación de estudiantes en niveles superiores, becas del CONACYT, recursos para el cine, para la búsqueda de desaparecidos, para los niños indígenas, para las víctimas del delito, recursos para ayudar a la población en caso de desastres.

Pero los nuevos intocables, los privilegiados fueron los militares. Ninguno de sus fideicomisos fue tocado o reducido. Al contrario, fueron aumentados, como lo señala Héctor Aguilar Camín, en su columna de Milenio “Predilecciones militares” El hecho es que no solo les han mantenido a los militares los fideicomisos que se piensan cancelar a otros sectores de la sociedad, sino que les han mejorado su monto extraordinariamente.

El fideicomiso militar más grande es de administración y pago de equipo militar. Capta el 94 por ciento de los recursos que hay en la Defensa Nacional. Su monto actual es de 30 mil 193 millones de pesos.

Los otros fideicomisos del Ejército (los hay para pagos de pensiones, para hijos de militares en activo, para deudos de militares fallecidos, significan solo el 6 por ciento restante, unos mil 800 millones de pesos.

El promedio durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, de estos fideicomisos fueron de 3 mil 995 millones de pesos, en tanto en el gobierno de Peña Nieto, fue de 5 mil 574 millones. Leonardo Núñez,  de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, aportó los datos que están a disposición en su página de internet.

A decir verdad, sume usted la entrega a los militares para el manejo de aduanas, puertos, recursos de inteligencia, que se observa una notoria inclinación a la militarización de México, rasgo que se comparte en los países dictatoriales de América Latina, como Cuba, Venezuela y Nicaragua, en que las fuerzas armadas son el soporte de los oligarcas.

Adicionalmente, Milenio destacó en días pasados, otra importante nota que dice: Juez declara inconstitucional que las Fuerzas Armadas participen en seguridad pública.

“Un juez federal declaró inconstitucional el acuerdo que ordenó DISPONER DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA LLEVAR A CABO TAREAS DE SEGURIDAD PUBLICA, de manera extraordinaria durante los próximos cinco años, plazo que consideró excesivo.

Martín Adolfo Santos Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, señaló que el acuerdo incorporó a las Fuerzas Armadas dentro del sistema ordinario y permanente de seguridad interior en tiempos de paz, en contravención a las condiciones constitucionales de validez sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz ha establecido la jurisprudencia de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION (SCJN).

En la sentencia se menciona el acuerdo reclamado, tampoco cumple con el criterio de delimitación geográfica de la intervención de las Fuerzas Armadas, porque ordena la participación de los militares en todo el país.

Es obvio, y así lo hace observar el magistrado administrativo, pues la situación de los estados, es distinta entre una y otra en materia de inseguridad en sus calles.

El ejército está obligado a subordinarse a las autoridades civiles, de acuerdo a sus leyes orgánicas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley Orgánica de la Armada de México.

Sin embargo, la cantidad de incidentes en que se han perdido vidas civiles en operaciones de combate a fuerzas delictivas, se han acentuado con la agresión a la pareja de campesinos de Chihuahua durante la protesta por la distribución del agua, y se sumó un reciente incidente que Marinos dispararon a 4 presuntos huachicoleros que vandalizaban un ducto de Pemex.

Por ello es sumamente importante que el Ejército de pliegue a la legalidad y no opere al margen de ella, ya que la actual administración del presidente López Obrador, toma decisiones por encima de las instituciones, como ocurrió en el caso de la aprehensión del hijo del Chapo Guzmán, -Ovidio- y se pasa por “el arco del triunfo” los marcos jurídicos, lo que arrastra a las fuerzas armadas a un terreno de incertidumbre legal.

Tanta predilección por las Fuerzas Armadas, pueden encerrar propósitos ignominiosos. La ética de los militares es su mejor defensa, su honor, es su mejor escudo. Los cientos de obras públicas que se les encomiendan pueden ser atendidas por otras dependencias gubernamentales federales creadas para tal fin, ciertamente no es malo que las ejecuten, pero la observación de sus juristas de las responsabilidades y competencias federales, serán la mejor recomendación. El que mucho abarca, poco aprieta, y en seguridad estamos peor que nunca y será bueno considerar cuántas vidas de soldados y marinos ha costado este esfuerzo anulado por la falta de estrategia real del combate al crimen organizado, bajo la premisa de abrazos, no balazos.