Rubén Iñiguez
El regreso del fuero de guerra, del fuero militar. El privilegio de ser el instrumento de control de México, el Ejército observó que de los 109 fideicomisos que reportaron 68 mil millones de pesos para que el presidente López Obrador disponga para sus obras faraónicas, entre las cuales se sumará el aeropuerto inexplicable de Tulum, que construirán los soldados y será terminado en el 2023.
Recursos para la refinería que lleva 9 inundaciones,
perdón, encharcamientos; para el tren maya que atropella a las comunidades
indígenas, a la naturaleza y defolia la selva, recursos para los seis partidos
políticos que estarán al servicio de AMLO en las próximas elecciones, a saber:
MORENA, VERDE, Fuerza Social, Redes Sociales Progresistas, Partido del Trabajo.
Y adicionalmente vendrá en la boleta la pregunta de la encuesta sobre si el
ciudadano aprueba que los actores políticos del pasado sean juzgados.
Para ello se aniquilaron fideicomisos relacionados a la
educación, a la preparación de estudiantes en niveles superiores, becas del
CONACYT, recursos para el cine, para la búsqueda de desaparecidos, para los
niños indígenas, para las víctimas del delito, recursos para ayudar a la
población en caso de desastres.
Pero los nuevos intocables, los privilegiados fueron los
militares. Ninguno de sus fideicomisos fue tocado o reducido. Al contrario,
fueron aumentados, como lo señala Héctor Aguilar Camín, en su columna de
Milenio “Predilecciones militares” El hecho es que no solo les han mantenido a
los militares los fideicomisos que se piensan cancelar a otros sectores de la
sociedad, sino que les han mejorado su monto extraordinariamente.
El fideicomiso militar más grande es de administración y
pago de equipo militar. Capta el 94 por ciento de los recursos que hay en la
Defensa Nacional. Su monto actual es de 30 mil 193 millones de pesos.
Los otros fideicomisos del Ejército (los hay para pagos
de pensiones, para hijos de militares en activo, para deudos de militares
fallecidos, significan solo el 6 por ciento restante, unos mil 800 millones de
pesos.
El promedio durante el gobierno del presidente Felipe
Calderón, de estos fideicomisos fueron de 3 mil 995 millones de pesos, en tanto
en el gobierno de Peña Nieto, fue de 5 mil 574 millones. Leonardo Núñez, de Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad, aportó los datos que están a disposición en su página de internet.
A decir verdad, sume usted la entrega a los militares
para el manejo de aduanas, puertos, recursos de inteligencia, que se observa
una notoria inclinación a la militarización de México, rasgo que se comparte en
los países dictatoriales de América Latina, como Cuba, Venezuela y Nicaragua,
en que las fuerzas armadas son el soporte de los oligarcas.
Adicionalmente, Milenio destacó en días pasados, otra
importante nota que dice: Juez declara inconstitucional que las Fuerzas Armadas
participen en seguridad pública.
“Un juez federal declaró inconstitucional el acuerdo que
ordenó DISPONER DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA LLEVAR A CABO TAREAS DE SEGURIDAD
PUBLICA, de manera extraordinaria durante los próximos cinco años, plazo que
consideró excesivo.
Martín Adolfo Santos Pérez, juez Octavo de Distrito en
Materia Administrativa en la Ciudad de México, señaló que el acuerdo incorporó
a las Fuerzas Armadas dentro del sistema ordinario y permanente de seguridad
interior en tiempos de paz, en contravención a las condiciones constitucionales
de validez sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz ha
establecido la jurisprudencia de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION (SCJN).
En la sentencia se menciona el acuerdo reclamado, tampoco
cumple con el criterio de delimitación geográfica de la intervención de las
Fuerzas Armadas, porque ordena la participación de los militares en todo el
país.
Es obvio, y así lo hace observar el magistrado
administrativo, pues la situación de los estados, es distinta entre una y otra
en materia de inseguridad en sus calles.
El ejército está obligado a subordinarse a las
autoridades civiles, de acuerdo a sus leyes orgánicas del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos y la Ley Orgánica de la Armada de México.
Sin embargo, la cantidad de incidentes en que se han
perdido vidas civiles en operaciones de combate a fuerzas delictivas, se han
acentuado con la agresión a la pareja de campesinos de Chihuahua durante la
protesta por la distribución del agua, y se sumó un reciente incidente que
Marinos dispararon a 4 presuntos huachicoleros que vandalizaban un ducto de
Pemex.
Por ello es sumamente importante que el Ejército de
pliegue a la legalidad y no opere al margen de ella, ya que la actual
administración del presidente López Obrador, toma decisiones por encima de las
instituciones, como ocurrió en el caso de la aprehensión del hijo del Chapo
Guzmán, -Ovidio- y se pasa por “el arco del triunfo” los marcos jurídicos, lo
que arrastra a las fuerzas armadas a un terreno de incertidumbre legal.
Tanta predilección por las Fuerzas Armadas, pueden
encerrar propósitos ignominiosos. La ética de los militares es su mejor
defensa, su honor, es su mejor escudo. Los cientos de obras públicas que se les
encomiendan pueden ser atendidas por otras dependencias gubernamentales
federales creadas para tal fin, ciertamente no es malo que las ejecuten, pero
la observación de sus juristas de las responsabilidades y competencias federales,
serán la mejor recomendación. El que mucho abarca, poco aprieta, y en seguridad
estamos peor que nunca y será bueno considerar cuántas vidas de soldados y
marinos ha costado este esfuerzo anulado por la falta de estrategia real del
combate al crimen organizado, bajo la premisa de abrazos, no balazos.
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