Hacer política regulatoria es un quehacer fundamental de los Estados modernos. Los mercados a menudo fallan y son incapaces de operar en el vacío; hay que poner todas las condiciones institucionales para que funcionen de la mejor manera posible en beneficio de las sociedades. Además, existen múltiples objetivos que deben tutelarse desde la esfera pública: seguridad, medioambiente, salud, protección del consumidor, equidad, inclusión, entre muchos otros. ¿Quién lo haría si no son los gobiernos? Pero esta tarea es todo un arte. No basta escudarse en un objetivo legítimo, sino que es necesario elegir -dentro de las alternativas disponibles- la mejor opción, ponderar costos frente a beneficios, revisar las mejores prácticas y considerar efectos secundarios previsibles. Los derechos y libertades tampoco pueden ser afectados de manera desproporcionada; las restricciones y prohibiciones, en su caso, tienen que encontrar justificación y ser precisas en su alcance.
El pasado 4 de septiembre, el Gobierno de Oaxaca publicó la reforma que tanta controversia había ocasionado sobre la venta de alimentos procesados. Se añadió el artículo 20 Bis a la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado, para efecto de prohibir "la distribución, venta, regalo y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico" -tomando como referencia la Norma Oficial Mexicana en la materia- así como dichas actividades al interior de instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior, incluyendo el uso de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras. Asimismo, "quedan exentos de estas prohibiciones las madres, padres o tutores legales, quedando bajo su responsabilidad el consumo de estos productos". Finalmente, los propietarios o encargados de los establecimientos no podrán suministrar o vender los productos en cuestión y serán objeto de sanciones en caso de hacerlo. La Secretaría de Salud queda a cargo de hacer cumplir estas disposiciones en coordinación con "las autoridades e instancias correspondientes". El ajuste es sencillo, pero tiene un efecto mariposa.
La prohibición en escuelas -aunque ya existía- es pertinente y aporta un grano de arena en la lucha contra la obesidad infantil; además, puede ser monitoreada y ejecutada. Pero el resto de las prohibiciones son expansivas y difusas. ¿Por qué se incluye a la "distribución" si se trata de una actividad que no concierne a los menores de edad? ¿Puede un adolescente manejar un vehículo automotor o abrir una cuenta de banco, pero no comprar unas papas o un yogurt? ¿Queda prohibido regalar bolos en las fiestas de cumpleaños o poner dulces en las piñatas? Aparentemente sí, a menos que sea la mamá, papá o tutor quien haga entrega directa al menor. ¿Pretende el Gobierno estatal monitorear a cada tiendita o miscelánea para garantizar que cumplan estas reglas? ¿Cómo? ¿Iniciarán procedimientos sancionatorios contra todos los presuntos infractores? ¿Sería un uso inteligente de recursos limitados? ¿No hay cosas más importantes? Puedo imaginarme los problemas de extorsión, hostigamiento y corrupción que esto puede generar sobre microempresarios vulnerables, sobre todo en una entidad como Oaxaca, de hecho, la que tiene más municipios -y autoridades municipales- en todo México (570).
Con mala técnica, de manera simplista y sin examinar practicidades y consecuencias, esta regulación está destinada al fracaso. El objetivo quedará completamente diluido, cuando existen muchas otras maneras y alternativas de política pública para enfrentar un reto tan complejo. Cuando el asunto es multifactorial, hay que reconocer los alcances limitados de una medida por sí sola -lo cual no quita que deba estar bien diseñada- y visualizar planes de acción integrales. La regulación, bien utilizada, es una gran herramienta y genera bienestar; mal empleada, consigue nada y sólo perjudica. La reforma de Oaxaca no es buen referente.
@AlejandroFaya;
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