Raymundo Rivapalacio
Antes de haber aterrizado en México, Emilio Lozoya
provocó que los maderos del viejo régimen crujieran. Los avisos que entre su
paquete de compromisos con el gobierno estuvieran las pruebas de cómo se
consiguieron los apoyos para la reforma energética en la administración de
Enrique Peña Nieto, causaron enormes olas, particularmente entre los partidos
políticos y quienes en su momento eran diputados y senadores. Los deslindes han
salido desde diversos frentes, vacunándose con inyecciones de honestidad.
No puede haber una generalización mecánica y concluir
anticipadamente que la corrupción era sistémica, pero tampoco se vivía en el
castillo de la pureza. El nerviosismo que han causado los reportes en la prensa
de que Lozoya se comprometió con la Fiscalía General a aportar información
puntual de cómo, a quién y cuánto dinero se repartió entre legisladores para
conseguir aprobaciones por consenso de las reformas, la energética o algunas
otras polémicas como la educativa, revela el gran nerviosismo que existe.
El regreso de Lozoya a México ha puesto a prueba el
cinismo con el cual se comportaron diversos legisladores durante los tiempos de
la negociación del Pacto de México, donde la persuasión –política o económica–,
fue tan eficaz, que como alguna vez confió el entonces secretario de Hacienda,
Luis Videgaray, se aprobaron las reformas en la mitad del tiempo que habían
calculado. En el camino dejaron a un buen número de legisladores felices.
Información recabada sobre el valor de los votos durante
los meses de aprobación de las reformas, en especial la energética, permiten
afirmar, sobre la base de los dichos de propios legisladores, que se llegaron a
comprar votos por dos millones de pesos a diputados, y por cuatro a senadores,
aunque hubo casos extraordinarios, en los altos niveles de la clase política,
donde los cañonazos llegaron a ser hasta de siete millones de pesos. Hubo
varias formas de entregarlos. Por ejemplo, un empresario cercano a Peña Nieto
solía presumir cómo llevaba maletas llenas de dinero al Congreso para
recompensar los apoyos.
Es decir, no sólo Lozoya conoce el mapa de la compra de
conciencias en las Cámaras, que ha puesto a exlegisladores y miembros de
partidos en un estado de alta preocupación ante la posibilidad de que sus
nombres sean expuestos ante la opinión pública. Es un temor que también ha
despertado la supuesta existencia de más de 16 videograbaciones que
supuestamente ofreció Lozoya al fiscal Alejandro Gertz Manero como parte de su
negociación de cooperación con la autoridad, a cambio de que se desistan de
procesarlo a él y a su familia.
¿Existen las videograbaciones? En este espacio se publicó
en mayo de 2017 una columna intitulada 'La fiesta inolvidable', donde se
revelaba la existencia de una casa en la colonia Anzures de la Ciudad de México
donde Froylán Gracia García, que era coordinador ejecutivo de la Dirección
General de Pemex cuando su amigo Lozoya ocupaba ese cargo, a donde invitaba
cuando menos dos veces por semana a funcionarios, gobernadores, políticos y
empresarios, que llegaban ahí con el propósito de hacer negocios, en un entorno
de barra libre, con meseros vestidos elegantemente y hermosas mujeres eslavas y
brasileñas para hacerles compañía.
Personas que fueron a algunas de esas reuniones siempre
tuvieron la sospecha de que todo se videogrababa, pero esta columna nunca pudo
comprobar que así fuera. La casa es recordada hoy por el tema de las
videograbaciones y porque ha trascendido que en algunas ocasiones, Lozoya
despachaba en una oficina alterna que tenía en la colonia Anzures.
Las videograbaciones, como los dichos de Lozoya, no
tendrán validez jurídica a menos que puedan ser judicializadas. Si se
presentaran las grabaciones solas, en caso de existir, como única prueba, un
juez las rechazaría al no tener conocimiento de la persona grabada que estaba
siéndolo. Se pueden judicializar, siempre y cuando la Fiscalía General pueda
comprobar que la persona imputada sí fue a esa casa el día y la hora señalada,
y demostrar que el dinero que se le ofreció, lo recibió. No basta que en un video
digan una cosa, sino que tiene que probarse que el delito de cohecho se
consumó. Igual sucederá con los dichos de Lozoya, que requerirán el mismo tipo
de seguimiento de la Fiscalía, y soporte documental que entregue el ex director
de Pemex.
Las expectativas levantadas por la llegada de Lozoya son
muy altas, alimentadas por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador,
que admite abiertamente que se negoció con él para que revele el sistema de
corrupción del viejo régimen. Habría que ser más cautos sobre qué se puede
esperar de las acusaciones de Lozoya. No debemos olvidar que iba ganando su
caso, y que incluso la Unidad de Inteligencia Financiera tuvo que descongelar
parte de las cuentas de él y su familia. Para evitar un naufragio político, la
Fiscalía General lo presionó con las acusaciones contra su madre y su esposa
para que negociara su libertad a cambio de que imputara a sus exjefes y a
políticos de oposición.
Es decir, más que judicial, la Fiscalía General pretende
construir un caso político, que acompañe la estrategia de López Obrador, que
ayer mismo reiteró que “hay un compromiso de que va a informar acerca de los
presuntos fraudes por los que se le acusa y va a hablar de Odebrecht y de otro
tipo de ilícitos”. Odebrecht está en la cabeza del Presidente como una gallina
de los huevos de oro. La obsesión de que será la llave que muestre el
financiamiento de campañas, incluida la de Peña Nieto, no tiene fundamento. El
gobierno lo sabe y está presionando a Odebrecht para que aporte información que
permita resultados a la altura que espera López Obrador. Sobre esta pólvora
mojada se hablará aquí más adelante.
