Rubén Iñiguez
La intervención de AMLO ha sido determinante para que se
nulifiquen, se les quiten atribuciones y presupuesto, o se apodere de varios
organismos autónomos.
El primero de ellos fue el CONAPRED, (Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación) creado 29 de abril del 2003, que tiene la
finalidad promover medidas para contribuir al desarrollo cultural y social,
avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad.
El presidente apenas se enteró de su funcionamiento a
raíz de un foro en contra de la discriminación en el que participaría el
polémico Chumel Torres, que mantiene posturas controversiales hacía la
presidencia de la república, además de referirse al menor de los hijos con el
apodo de “chocoflan” Esto provocó la reacción de la primera dama, que no aceptó
ser la primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, quien se fue en contra del
comunicador chihuahuense a través de twitter. Después de esto, dicho foro fue
suspendido. Sin embargo, Chumel ha recibido el apoyo tanto del expresidente
Felipe Calderón, además de personalidades de los medios, así como de
influencers, comediantes, y hasta la propia simpatía del diputado federal de
Morena, Sergio Mayer, quienes consideran un ataque directo al derecho de
libertad de expresión y censura. Chumel
Torres externó que no pedirá perdón al poder.
Pese a que el nombramiento del CONAPRED fue firmado y
autorizado por el propio presidente López Obrador, dice que ignoraba la
existencia de este organismo, organismo que tutela el cumplimiento y
observancia del artículo 4 de la Constitución Política de los estados unidos
mexicanos.
¿Existe discriminación en México? La respuesta es sí, ya
que la discriminación puede darse por color de piel, género, estado civil,
incluso por opiniones distintas, por alguna incapacidad personal, por formar
parte de una etnia, incluso se discrimina también por las diferencias de credo
religioso.
Este organismo al igual que los consejos o comisiones de
regulación autónomos que quiere desaparecer, se supone fue dotado de autonomía
técnica, independencia, además de no estar subordinado a ninguna autoridad para
sus resoluciones en los procedimientos de quejas, cumpliendo el artículo 16 de
la Ley Federal para Prevenir la Discriminación.
Este organismo tenía por sede la calle Dante número 14,
de la Colonia Anzures, en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.
Su titular nombrada por el propio presidente es, Mónica Maccise Duayhe, quien
había sido anteriormente la titular de la unidad técnica de igualdad de género
del Instituto Nacional Electoral, por lo tanto, no era una improvisada. Sin
embargo, su renuncia no se hizo esperar. Su único delito, fue haber invitado a
participar en un foro en contra de la discriminación, a un personaje incomodo a
la pareja presidencial.
Por su parte, Olga Sánchez Cordero, se observa como una
funcionaria neutra, absorta en el poder presidencial, sin personalidad, pero
con un sueldazo mensual, cambia piezas como cambiar de peones en un juego de
ajedrez, para no desagradar al Emperador. La funcionaria millonaria comprende
perfectamente que vivir fuera del presupuesto es un error.
Otro organismo es la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas. Esta dependencia es dirigida por la Doctora Mara Gómez Pérez, quien
puso de manifiesto la inmovilidad que se provocó con la supresión del
presupuesto por la “austeridad republicana” al que privó del 75% del
presupuesto operativo, la Dra. había sido elegida para ese puesto por cinco
años por el Senado de la República. La impaciencia de AMLO fue la manifestación
de protesta de larga duración en pleno Zócalo por la reducción presupuestal de
dicha Comisión, que, según versiones cercanas al Palacio Federal, “El
presidente ya no quería ver esa manifestación”.
Los principales receptores de atención de la CEAV, eran
víctimas de algún delito federal. Con estas atropelladas decisiones, el
presidente López Obrador, deja sin atención a 34 mil 215 víctimas, a las que se
les brindaba atención médica, psicológica, jurídica, y en algunos casos, apoyo
económico.
Por último, el conflicto que vive actualmente Andrés
Manuel López Obrador con el Instituto Nacional Electoral (INE), que, dicho sea
de paso, fue quien le otorgó la constancia como el ganador de las elecciones
presidenciales del pasado año 2018, además de ser el principal garante de la
legalidad de los procesos electorales en nuestro país, sin embargo, el
presidente, dijo que prefiere ser él, el observador de los próximos comicios en
México, en donde se disputan 15 gubernaturas, cientos de alcaldías, así como
diputaciones locales y federales. Sin embargo, el Consejero Presidente de este
organismo autónomo, Lorenzo Córdova Vianello, dijo que era momento de respetar
la división de poderes, el respeto del marco constitucional, la fortaleza del
Poder Judicial, ya que su independencia
y autonomía son irrenunciables para el buen funcionamiento de la democracia,
también dijo que, es tiempo de adaptarnos a la “nueva normalidad”, revisar la
suma de estas variables que repercutirán en nuestra vida pública y privada en
el terreno de las libertades, de los derechos, de la democracia, de la
seguridad, de la salud, de las reglas para la competencia política y de la
justicia, por lo tanto, del equilibrio de poderes, entre poder ejecutivo,
legislativo y judicial. Además del respeto hacia los organismos autónomos que
existen en nuestro país, y que aparte de todo, tienen un papel preponderante
para garantizar un mejor estado de derecho.
Lo que preocupa es que AMLO propone la desaparición o
regulación de estos organismos, mismos que serán absorbidos por la Secretaría
de Gobernación -anulando su autonomía- y que esos recursos mejor se destinarán
a otros fines.
Nuevamente el mandatario se lució en sus mañaneras para
demostrar su ignorancia. Con evidente disgusto y formas de dictador, López
Obrador, dijo que revisará al menos a 100 organismos autónomos, pues para él
representan un gasto excesivo e innecesario.